Quebrantando la confianza que en él se tenía, Francisco Sanabria se apropió del dinero depositado por los clientes de Cambio Nelson (Camvirey SA) y lo transfirió a cuentas bancarias propias o de empresas vinculadas al grupo familiar. Ese dinero se utilizó para gastos personales, para financiar la actividad de las empresas vinculadas al grupo (como el pago de salarios) y para diversas inversiones inmobiliarias.
Por medio de esta operativa, fondos de origen ilícito ingresaban al circuito legal y la familia Sanabria incrementaba su fortuna. Con estos hechos probados, la jueza especializada en crimen organizado Beatriz Larrieu dispuso el miércoles 15 el procesamiento con prisión de Sanabria, ex diputado suplente por el Partido Colorado, por un delito de lavado de activos.
Cambio Nelson tenía su sede en Maldonado y sucursales en varios departamentos del país. La empresa fue creada por el ex senador Wilson Sanabria y por el empresario Nelson Calvette; tras la muerte del caudillo colorado, la dirección de la casa cambiaria quedó a cargo de su hijo, Francisco.
En febrero de 2017, las sucursales de Cambio Nelson cerraron sus puertas por una “reestructura interna”, pero previendo un cierre definitivo, varios clientes presentaron denuncias penales contra Sanabria. La investigación determinó que Cambio Nelson –desde la época de Wilson Sanabria– había montado un sistema ilícito de captación de fondos, que en algunos casos incluía el pago de un interés superior al que abonaban los bancos (podía llegar al 9 por ciento anual). Pero en cierto momento el sistema quebró y no se pudo pagar las deudas. Y Francisco desapareció.
Tras permanecer casi dos meses en Estados Unidos, volvió a Uruguay y fue procesado con prisión por los delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos. También fueron procesados Calvette y dos contadoras del cambio, una de ellas, Soledad Ubilla. Una copia del voluminoso expediente fue remitido a la justicia especializada en crimen organizado en Montevideo para investigar un posible lavado de activos.
Un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) detalló parte de la operativa de blanqueo de capitales. Por ejemplo, la transferencia de dinero a Mijal SA –propiedad del grupo Sanabria– para la construcción de un edificio sobre la parada 24 de la playa Mansa. Esta empresa vendió varios inmuebles a terceros, pero también a Sanabria y otros integrantes de su familia. Además, Liniban SA –también propiedad del grupo– adquirió una propiedad en Maldonado por 210 mil dólares. Todo con dinero ilícito.
Por estos hechos, la jueza dispuso el procesamiento de Sanabria y la incautación de las propiedades. Sin embargo, la magistrada desestimó la imputación por lavado contra Ubilla, ya que no existen elementos para certificar que la contadora estaba al tanto de las maniobras de blanqueo en las que incurrió Sanabria.
Pero el fallo no queda en eso. Larrieu planteó la unificación del proceso penal contra Sanabria y solicitó al juzgado de Maldonado que le remita todas las actuaciones tramitadas allí. De esta forma, Larrieu tendrá a su cargo toda la investigación, que incluye asuntos aún pendientes, como la responsabilidad del ex presidente del Bcu Humberto Capote en el vaciamiento de Cambio Nelson, y de los propietarios de las empresas vinculadas al grupo Sanabria financiadas con dinero de Camvirey SA, como la arrendadora de autos Firosol SA, la empresa de ómnibus Tureste y las radios FM Gente y Cadena del Mar.
