El capítulo sobre seguridad ciudadana y convivencia del borrador de propuesta programática para el período 2020-2025 del Frente Amplio se articula en torno a seis ejes: acciones orientadas a combatir las causas del delito, acciones orientadas al mejoramiento de la convivencia, reforma penitenciaria, transformaciones en el sistema de justicia penal, reforma policial y cambios legales.
En lo que refiere a las acciones preventivas, se propone la creación, en el ámbito de la Presidencia de la República, de una secretaría de prevención de la violencia, un espacio interinstitucional para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas destinadas a reducir el delito. Asimismo, se plantea potenciar el funcionamiento del Gabinete de Seguridad, apuntando a una mayor coordinación en las acciones de los ministerios que lo constituyen.
En lo que refiere a las acciones orientadas al mejoramiento de la convivencia, se propone fortalecer la presencia del Estado en las zonas de mayor crecimiento del crimen organizado, promover el acceso a los servicios públicos en las zonas de mayor vulnerabilidad social, coordinar acciones para una mejora en la calidad y cobertura de los programas sociales, un mayor acceso a la vivienda digna y a la educación de calidad, y la creación de espacios de convivencia (plazas, parques y otros lugares de esparcimiento e integración social). Asimismo, se plantea fortalecer el trabajo de la Policía a través de la creación de una unidad especializada en el control de faltas y otras conductas que afectan la convivencia.
En lo que refiere a la reforma penitenciaria, el documento apunta a la continuidad de las políticas que se vienen desarrollando a partir de 2010. Se propone para este período el traslado de las cárceles y de la Dirección de Apoyo al Liberado a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Se aspira a promover y consolidar las redes de protección y seguimiento de presos y liberados. Se propone que las nuevas cárceles tengan una concepción orientada a la rehabilitación, con actividades laborales, productivas, educativas, culturales, deportivas y recreativas que sean una alternativa al ocio improductivo. Para lograr ese objetivo se afirma que las nuevas unidades penitenciarias no tendrán más de 500 plazas. Se promete asimismo un plan de reestructuración de las cárceles existentes para adecuarlas a ese modelo, así como consolidar la política de clasificación de reclusos según su peligrosidad.
En lo que respecta a las transformaciones en el sistema de justicia penal, se propone una reestructuración del sistema de penas, orientada a darle una mayor coherencia interna y equilibrio. Asimismo, se plantea fortalecer las unidades de análisis criminal y el trabajo conjunto de los operadores fiscales y judiciales con la Policía, con el objetivo de mejorar la persecución penal y por consiguiente la celeridad y certidumbre de la sanción. Se propone profundizar la reforma policial en curso.
Finalmente, en lo que respecta a los cambios normativos, se plantea fortalecer la institucionalidad de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida, legislar en torno al trabajo de los presos, garantizando sus derechos y responsabilidades, así como mejorar los mecanismos para promover la contratación de presos y liberados. Se proponen asimismo ajustes en la regulación del mercado del cannabis para garantizar que el Estado cubra efectivamente la demanda, evitando así que el consumidor recurra a las redes de tráfico. Se propone también aumentar el control de los prestadores de servicios de seguridad privada, así como evaluar y regular bajo criterios más estrictos la tenencia y uso de armas de fuego.
Es inevitable constatar que, en el planteo que se presenta en este borrador, subyace una enorme confianza en la cárcel como instrumento de rehabilitación. La investigación y la experiencia acumulada dentro y fuera del país podría pensarse que hubieran hecho mella en esa confianza, pero no es el caso. No hay una línea dedicada a los castigos alternativos (esos que no pasan necesariamente por el encierro) o a las alternativas al castigo (las formas reparadoras o restauradoras de hacer justicia penal). Ni siquiera un saludo a la bandera. Nada. Simplemente se asume que la única respuesta frente al delito es la cárcel. Bien es verdad que es una cárcel que se imagina reformada, pero la evidencia indica que la cárcel siempre está siendo objeto de reformas (al menos en los papeles), porque, en general, no cumple con los altos propósitos que se esperan de ella.
Algunas de las medidas propuestas están siendo ya implementadas hace tiempo, y otras no se entiende por qué no se implementaron ya. Un ejemplo es la construcción de cárceles de no más de 500 plazas. Esto sigue una recomendación internacional bien conocida que el gobierno se pasó por las partes pudendas cuando dispuso la construcción de la megacárcel de Punta de Rieles, cuatro veces más grande que el máximo recomendado, en régimen de participación público-privada.
Como si la repetición de ciertas palabras y formulismos tuviera un efecto mágico, el texto repite machaconamente expresiones como “derechos humanos”, “enfoque de derechos”, o “rehabilitación”, muchas veces como una mera declaración de principios e intenciones. Pero la realidad es que las cárceles progresistas son apenas, quizás, un poco menos repugnantes que antes. Y no puede decirse que el gobierno haya estado simplemente omiso o que no haya destinado importantes cantidades de recursos a la transformación de esa realidad. Ante la constatación de unos beneficios tan magros frente a tamaña movilización de medios, ¿no merece la cuestión de las alternativas penales aunque sea una línea, a título de posibilidad a explorar, en el borrador de la propuesta programática del Frente Amplio para el próximo período? No, la respuesta es que no.
