La Suprema Corte de Justicia condenó a los hermanos Peirano Basso a indemnizar al Bcu por las maniobras fraudulentas del Banco Montevideo. La demanda de la entidad bancocentralista alcanza los 340 millones de dólares; la cifra a pagar aún se desconoce, pero tendrá varios ceros.
Cuando el gobierno de Jorge Batlle, sacudido por una de las mayores crisis económicas de la historia, enfilaba la retirada, el Banco Central del Uruguay (Bcu) presentó una millonaria demanda civil contra los hermanos Peirano Basso por las maniobras fraudulentas del Banco Montevideo (BM). Catorce años después, ese proceso civil llegó a su final. Al menos en parte.
El máximo órgano del Poder Judicial condenó a los hermanos Peirano Basso y otras personas –entre ellas, el corredor de bolsa Ignacio Rospide– a resarcir al Estado por los daños ocasionados por el desfalco de la institución bancaria. El fallo –al que accedió Brecha– ratificó en todo la sentencia de un tribunal de apelaciones sobre la maniobra ilegítima realizada por los ex banqueros.
En síntesis: la justicia concluyó que los hermanos Peirano Basso incumplieron con la obligación legal de actuar “con la diligencia de un buen hombre de negocios”. ¿De qué forma? Comprometieron la liquidez del BM para asistir al Trade & Commerce Bank (Tcb) de Islas Caymán “en contra de las instrucciones del Bcu” de cesar con esta operativa, o por los sobregiros que se autorizaron en favor Rospide para que éste le pagara a sus clientes del Tcb.
La condena recayó sobre los hermanos Juan, Jorge y Dante Peirano, Rospide –que deberá pagar la indemnización en caso de que Dante no pueda afrontarla–, Juan Domingo Ratti –integrante del directorio del BM– y la empresa uruguaya Daniko SA, así como sobre un conjunto de empresas ubicadas en paraísos fiscales, como Baystand International Corp, Levka Invesco Inc, Prely SA, Inversora Palmasola SA, Patfield International SA y Financiera Parapití o Guaraní.
Por otro lado, se desestimó la condena de otras empresas vinculadas con la maniobra ilícita (Tcb, Velox Investment Company, Banco Velox SA y Compagnie D’Investissements). También se exoneró a Letizia Vejo Mailhos –ex esposa de Juan Peirano– y sus empresas (Bicho Moro SA, El Choque SA, Santa Eufemia SA, Valle del Soba SA).
DESFALCO. En 2015 la jueza Patricia Hernández condenó a los hermanos Peirano Basso a resarcir al Bcu en 340 millones de dólares. La cifra no era arbitraria; se basó en un informe de la Superintendencia de Instituciones Financieras del Bcu, que calculaba el monto de las transferencias ilegales que provocaron el vaciamiento del BM.
Sin embargo, el tribunal de apelaciones rechazó este punto. Se argumentó que estos informes fueron producidos por funcionarios del Bcu, en ejercicio de sus funciones, por lo que son equiparables a un “informe técnico de parte” y carecen de valor probatorio. Por este motivo, el Bcu deberá iniciar un proceso de liquidación de sentencia, en el que una pericia contable establezca el monto final de la maniobra.
En este sentido, la cifra final será inferior a los 340 millones de dólares que reclamó el Bcu. A esto habrá que descontarle los acuerdos extrajudiciales firmados este año con dos ex gerentes del BM, Mario San Cristóbal –hoy fallecido– y Marcelo Guadalupe, así como con las empresas Valle Rosa SA y Netilur SA. En este último caso, el acuerdo significó el pago de 400 mil dólares. La cifra del desfalco fue ratificada por una pericia contable del Instituto Técnico Forense incorporada al expediente penal, que culminó con la condena de los hermanos Peirano: 341,6 millones de dólares.
