El quinto aniversario de la regulación del cannabis y sus derivados fue una oportunidad para pasar raya y evaluar la situación. Coincidió con una serie de eventos1 donde hubo intercambios con especialistas internacionales que permitieron contextualizar la evaluación de la experiencia uruguaya desde una perspectiva comparada, en relación con otros países que tienen avances en la regulación, y también con relación al creciente cuestionamiento del paradigma prohibicionista.
EL BONG MEDIO LLENO. Un primer elemento distintivo de Uruguay es el lugar reservado para el Estado y la sociedad civil, a diferencia de otros países donde los avances se centran en el rol del sector privado. La fijación, por parte del Estado, de un precio accesible equiparado al del mercado negro, y la prohibición de la publicidad son aspectos característicos y resaltables. Es frecuente oír que la iniciativa fue impulsada por el presidente José Mujica (modelo top-down), pero también hubo una activa movilización de organizaciones sociales que quedó reflejada en una ley, la 19.172, que incluye diversas formas de participación, como la (aún teórica) integración de la Comisión Honoraria Asesora del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).
Un segundo aspecto destacable son los logros concretados: más de 30 mil personas registradas para adquirir marihuana en las 17 farmacias habilitadas, 110 clubes y más de mil cultivadores domésticos registrados. Un nuevo mercado que efectivamente se muestra capaz de quitar una importante parcela al narcotráfico y ofrecer marihuana más saludable y de mayor calidad.
Terminar 2018 con estos números permite disipar el temor que había en 2015 ante la perspectiva del cambio de gobierno y la asunción de Tabaré Vázquez, cuyas resistencias eran conocidas. Ciertamente, en ese tiempo hubo numerosos aspectos de lenta implementación (la venta en farmacias o la reglamentación del cannabis medicinal), pero no retroceso o parálisis, lo que supone un tercer factor positivo. Las tendencias sostenidas en los cambios son tan importantes como la velocidad. Novedades recientes permiten ser optimistas: se generan nuevos espacios para la investigación, desde 2017 la aprobación de la opinión pública a la regulación supera al desacuerdo, y se ha convocado hasta a cinco nuevos interesados en producir para el aprovisionamiento de las farmacias, lo cual era necesario porque la oferta actual dista mucho de poder abastecer la demanda.
La regulación le ha permitido a Uruguay ser protagonista en un proceso mundial. Otra vez: habitualmente se evoca la figura de Mujica, pero el conjunto de los puntos anteriores y el diálogo con cualquier extranjero informado permiten verificar que el protagonista aquí es Uruguay. Al igual que en otros temas, demostramos ser un país comprometido con el respeto a los derechos humanos y las libertades en ellos contempladas, expresando claramente estas posturas en foros internacionales sobre drogas (en los que hasta entonces los derechos humanos no formaban parte de los argumentos). Así se han sorteado en forma honrosa las trabas a la regulación que imponía el enfoque prohibicionista de la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961.
EL BONG MEDIO VACÍO. Esto último permite pasar a los debes: el énfasis puesto en los derechos humanos en el discurso internacional uruguayo contrasta con la importancia que en el ámbito doméstico se le da al argumento de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Una reglamentación basada en los derechos humanos debería, por ejemplo, amnistiar y borrar el legajo de las personas que alguna vez fueron procesadas por autocultivo o tenencia de cantidades pequeñas, como ha sucedido en otros países.
A su vez, la securitización del enfoque de la regulación del cannabis en el ámbito interno supone trabas inmediatas para el efectivo acceso al mercado regulado por parte de la población. Todavía siguen llegando noticias de allanamientos policiales a cultivadores domésticos (sobre todo en el Interior), sin orden judicial o sin la consulta correspondiente al Ircca. En el caso de los clubes, este enfoque implica pagar una parafernalia de seguridad de altísimo costo. Abrir un club cannábico tiene un costo de más de 5 mil dólares, casi todo dedicado a equipamiento de seguridad contra los robos. Al mismo tiempo, el Estado ofrece predios del Ejército para las empresas de capitales extranjeros que ganaron las licitaciones para proveer cannabis a las farmacias. ¿No se podría ofrecer la misma seguridad subsidiada por el Estado a clubes cannábicos de barrios periféricos?
Otro aspecto que ha frenado el desarrollo de la ley ha sido su radicación en el Ministerio de Salud Pública (Msp). Allí, en una suerte de resistencia, con cierta “fuerza de ley” por debajo del derecho, se ambientan excesos (como el veto a la personería jurídica de la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis, Upacc), se frenan iniciativas (como la del laboratorio para el Núcleo de Estudios del Cannabis, de la Udelar), y se dejan en espera durante meses solicitudes de asesoramiento.
En cuanto al cannabis medicinal, la necesidad de que sea registrado como un “medicamento” impone requerimientos que sólo puede sortear la big farma. Pareciera que el gobierno se ha ensañado en obstaculizar cualquier desarrollo nacional, dándole al Msp un poder que no le compete en una regulación basada en una ley garantista. Durante 2014 hubo diálogos entre el Ircca, la sociedad civil y científicos de la Udelar para avanzar en el mencionado Núcleo de Estudios, pero en 2015 ese ámbito fue suspendido sin previo aviso. El tema medicinal durmió hasta 2017, cuando surgieron los medicamentos con base en cannabinoides aislados. Es más fácil autorizar un medicamento del exterior que estandarizar un protocolo y valores para productos nacionales. Pero estos medicamentos importados basados en cannabis son muy costosos, y muchas personas que los necesitan continúan sin poder acceder a ellos. Si al analizar el bong medio lleno la comparación con otros países permitía destacar algunas cosas que estamos haciendo bien, en esto otro Uruguay está muy atrasado, incluso en comparación con países vecinos (Argentina o Colombia).
POR UN “FASO” NACIONAL Y POPULAR. De estas virtudes y problemas surgen cuatro grandes desafíos a futuro que no parecen ser percibidos por el gobierno. Primero: ofrecer el acceso de sectores populares al mercado regulado. La población de menos recursos aún tiene grandes dificultades para acceder al cannabis legal, los medicamentos cannábicos autorizados son costosos, fundar un club es carísimo, las farmacias que proveen marihuana se concentran en los barrios más pudientes de Montevideo, y la producción doméstica no es viable para una persona que no tenga un patio cercado (producción outdoor) o que no pueda gastar miles de pesos en la cuenta de Ute (indoor). En las cárceles puede consumirse tabaco, pero no cannabis. Esto nos deja frente a una ley “clasista”: la mayoría de quienes aún consumen marihuana ilegal de baja calidad (“prensado”) viven en zonas de bajos recursos, lo cual contrasta con la invocación a los derechos humanos que Uruguay esgrime en foros internacionales.
Segundo: promover el desarrollo de un sector cannábico nacional. Investigadores, empresarios y productores cannábicos uruguayos tienen una oportunidad única y exclusiva para desarrollar investigación (I+D), tecnologías, productos, procesos y mercados propios, protegidos, innovadores, con ventajas comparativas absolutas frente a los países sin avances en la regulación. Sin embargo, el gobierno se ha empeñado en ofrecer todas las facilidades para que sean capitales trasnacionales y la big farma los que aprovechen esta oportunidad. Esto se asocia al desafío anterior; estos actores trasnacionales están más interesados en las posibilidades de especulación financiera y desarrollos monopólicos derivados del paulatino surgimiento de un nuevo sector de mercado a nivel mundial (a medida que otros países van liberalizando), que en garantizar a todos los uruguayos el acceso a cannabis regulado.
Así, el gobierno ha privilegiado a farmacéuticas multinacionales frente a productores artesanales o incluso empresas nacionales del sector fitoterapéutico. Ha preferido la importación de productos acabados, a desarrollos que pudieran hacerse en el país (incluso desde instituciones públicas, como en el caso de la Udelar). Como se mencionó, recientemente se anunció el llamado a interesados a cubrir cinco nuevos cupos para el abastecimiento de las farmacias: ¿no se podría haber reservado uno de esos cinco lugares para productores nacionales (o incluso pequeños productores nacionales, o productores orgánicos) o para asociaciones de clubes cannábicos?
En relación con los clubes y el cultivo doméstico aparece un tercer desafío: es necesario y posible ofrecer acceso a herramientas de análisis químico-biológico. En Argentina las facultades de Química prestan su cromatógrafo para que puedan conocerse las características del cannabis medicinal. También las empresas uruguayas o el Polo Tecnológico podrían propiciar acceso en el marco de un proceso de responsabilidad social. Desde una perspectiva de derechos, de salud pública, para incentivar el registro, para generar un archivo de semillas que permita abastecer el mercado local y ganar en soberanía, este sería un avance estratégico.
Por último, un cuarto desafío: mantener el liderazgo internacional en la materia. Uruguay aún tiene un rol activo para jugar en Latinoamérica, en diálogo con los avances y eventuales aperturas en Argentina, Colombia, México y El Caribe. Este rol debe ser asumido con responsabilidad, siendo conscientes de que la política de “guerra a las drogas” (en particular el Plan Mérida) es la herramienta que las agencias del gobierno de Estados Unidos tienen hoy para vincularse directamente con los aparatos de seguridad policial y militar de los países latinoamericanos sin la mediación de los respectivos gobiernos civiles (en cierta forma, una nueva doctrina de seguridad nacional). La cooperación en la lucha contra el narcotráfico es la nueva Escuela de las Américas. La serie Narcos muestra cómo agentes estadounidenses pueden actuar impunemente en la región para proteger a Estados Unidos y matar a los malos, así como Rambo lo hacía en los ochenta. Ante este desafío es posible confiar en nuestra diplomacia, cuyas capacidades se han demostrado con creces durante el proceso de la regulación. Sin embargo, el problema es que su éxito no es sustentable si no se avanza en los anteriores. Es decir: la proyección hacia el exterior depende de tener un proceso nacional exitoso y soberano.
* Sebastián Aguiar es coordinador de Monitor Cannabis (Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar) y miembro del club cannábico El Cluc. Diego Hernández Nilson es coordinador del Observatorio de Política Exterior Uruguaya (Facultad de Ciencias Sociales, Udelar) y miembro del club cannábico El Cogollo Alegre. Julio Rey es presidente de la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis, cultivador para consumo personal y activista cannábico.
- La tradicional Expo Cannabis en el Latu; el seminario sobre regulación y control del mercado de la marihuana, organizado en el Parlamento por Fesur y la bancada del FA; y el congreso “Cinco años de regulación del cannabis”, organizado por Monitor Cannabis en la Facultad de Ciencias Sociales.
