El año nuevo arrancó en Argentina con números económicos poco auspiciosos para un presidente que busca ser reelecto. La inflación anual en 2018 alcanzó 47,6 por ciento, superior a la de 2002 (40,9 por ciento) –año posterior a la crisis que hizo caer a Fernando de la Rúa–, y que sólo es superada por la inflación de 1991 (84 por ciento), bajo el gobierno de Carlos Menem.
Esta semana el diario Página 12 recordaba cómo en mayo de 2014 el precandidato presidencial Macri había criticado al gobierno de Cristina Fernández: “La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar”.
La inflación argentina depende de la valuación del dólar, tanto porque esta moneda funciona para establecer los precios como por su influencia en la especulación financiera. En enero de 2018 la moneda estadounidense cotizaba a 18,93 pesos –el doble de los nueve pesos con los que cerró su presidencia Cristina Fernández en diciembre de 2015– y en diciembre pasado ya rondaba los 38,76 pesos, algo que explica la sucesión de presidentes del Banco Central durante el año: Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris. Este último es el preferido de madame Christine Lagarde, directora gerente del Fmi, cuyo acuerdo con el gobierno argentino exige una baja en las jubilaciones y pensiones para la tercera edad, no en dinero pero sí en la forma de calcular la edad para jubilarse. El complejo cálculo anunciado por el gobierno significa que los hombres se jubilarían a los 70 años y las mujeres a los 65, si se aprueba un nuevo proyecto de ley que ingresará al parlamento en marzo próximo como parte de una reforma laboral.
El gobierno impuso una quita de subsidios para diferentes actividades económicas, implantados durante el gobierno de Fernández. En el rubro del transporte fueron eliminados los subsidios a las empresas de colectivos y ómnibus, los trenes y el subterráneo, lo cual disparó el precio de los pasajes cotidianos en un 66 por ciento; con un gran impacto en el bolsillo del trabajador. En enero de 2018 el boleto de colectivo costaba 6,75 pesos; a fines de diciembre, 17. Estos aumentos también fueron traccionados por las subas del precio del combustible, que para la petrolera estatal Ypf alcanzaron un 64 por ciento.
Los aumentos de las tarifas de los servicios públicos afectaron también a las pequeñas y medianas empresas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante el año pasado el aumento promedio de los precios del agua potable y el saneamiento, la energía eléctrica y el gas natural fue de 45,6 por ciento, lo cual generó cierres de empresas. Los rubros más afectados fueron el calzado y los textiles, cuya producción se redujo en promedio en un 13,2 por ciento en 2018. La caída en estos sectores también se explica por las medidas de apertura indiscriminada de las importaciones, tanto desde China como de Brasil.
El año 2018 cerró con un desempleo de 9,3 por ciento, y según las estimaciones del Fmi podría alcanzar el 13,7 por ciento en 2019.
En su informe sobre la situación de la pobreza en América Latina, publicado el 14 de enero, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) señaló que en Argentina 27,8 por ciento de la población percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza. Alicia Bárcena, presidenta de Cepal, reconoció que entre 2002 y 2015 la región tuvo mejores políticas de lucha contra la pobreza que las actuales.
Pese a este contexto de indicadores negativos, el entorno de Mauricio Macri sostiene que él será nuevamente candidato presidencial en octubre. Su gurú en comunicación, Jaime Durán Barba, ya inició su campaña, en coordinación con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La idea, según relatan fuentes de la Casa Rosada, es retomar con enjundia el discurso anticorrupción y descargar la responsabilidad de todos los males económicos actuales sobre las espaldas de la administración de Cristina Fernández. Con ese sentido Macri firmó el “decreto de necesidad y urgencia” (Dnu) de extinción de dominio, que prevé expropiar bienes a quienes sean condenados en primera instancia en casos de corrupción contra las arcas del Estado. Al emitir el decreto, el presidente pasó por encima del Congreso y se llevó críticas incluso de sectores liberales. “Se trata de una prerrogativa del Poder Judicial que nunca puede ejercer el poder político”, declaró Alberto Benegas Lynch (hijo), uno de los teóricos liberales más connotados del país. Pero para Macri la reelección lo es todo.
