La bancada frenteamplista trabaja ahora en un mecanismo para que los oficiales que cometan faltas éticas sean evaluados dentro de una suerte de comité profesional. Por otra parte, los uniformados condenados por la justicia en una serie de delitos pasarían directamente “a reforma” (esto implica que pierden derechos, entre ellos si están en situación de retiro parte de la jubilación, que les otorga el estamento militar”). Y sería en estos casos el Poder Judicial el que pasaría a tener esta potestad sancionatoria en lugar de los actuales fueros castrenses. “Con esto terminamos de compensar una vieja deuda de todo el sistema político, ya que el régimen de los Tribunales de Honor venía de la dictadura y fue confirmado por un decreto de Julio María Sanguinetti”, complementó el legislador.
Asimismo, la bancada acordó implementar en los años venideros una rebaja de la cantidad de oficiales superiores en el Ejército aún más pronunciada que la prevista en el proyecto original enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo (un general y 15 coroneles más, con lo cual la reducción llegaría a un 35 por ciento). Los diputados consultados por Brecha que integran la Comisión de Defensa del FA creen que están los 50 votos del oficialismo asegurados en la cámara baja, sin descartar apoyos como los de Unidad Popular o incluso del Partido Independiente.
Aunque parte del oficialismo la procuraba desde comienzos de año, esta profundización en la reforma de la ley madre que rige el funcionamiento de las Fuerzas Armadas (la actual data de 1974) se produce luego de la crisis militar que debió enfrentar el gobierno, a raíz de la difusión de las actas (en el diario El Observador) y los fallos de los Tribunales de Honor que “juzgaron” la conducta de José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente durante la dictadura. En las resoluciones, los miembros de los tribunales consideraron que estos militares no cometieron faltas en las prácticas de violaciones de los derechos humanos de presos políticos.
