A la jueza penal de 42o Turno, Dolores Sánchez, hay que adjudicarle el beneficio de la duda, pero a primera vista no parece una magistrada despistada, ni tonta, ni atolondrada, ni mentecata, todos estos, atributos y calificativos que pudieran acompañar su dictamen, que refrendó el reclamo del represor coronel (r) Antonio Romanelli, asesor del candidato general (r) Guido Manini Ríos, contra la prensa. Por el contrario, su fallo, que obliga a Radio Uruguay, Montevideo Portal y el diario La República a retractarse de algo que ellos no habían afirmado, puede considerarse temerario pero no tonto.
Conviene reparar en los siguientes elementos:
-El coronel Romanelli fue identificado como un represor que maltrataba y torturaba psicológicamente a prisioneros del Establecimiento Militar de Reclusión número 1.
-Cuarenta y un presos políticos difundieron una carta pública en la que acusan al entonces alférez Romanelli: “Hostigó brutalmente a centenares de prisioneros” y fue “un auténtico verdugo, especialmente con los que padecían enfermedades psiquiátricas, los más viejos y los más débiles, y muy especialmente –fiel a la ideología nazi, que lo animó durante sus años de militancia en secundaria– con los judíos”.
-La carta fue publicada por tres medios de prensa y difundida ampliamente en las redes sociales. Por lo menos Radio Uruguay intentó en dos ocasiones obtener la palabra de Romanelli, pero este se negó a dar declaraciones.
-El coronel reclamó en la justicia el “derecho de respuesta” y consideró falsas las afirmaciones de la carta.
-Los medios se negaron a otorgarle el espacio para responder; en su lugar, ofrecieron, nuevamente, entrevistarlo.
-La jueza ratificó su decisión, que fue apelada y pasa ahora a un tribunal correspondiente.
A la jueza no se le pudo escapar el detalle de que Romanelli no aceptó la invitación de los medios para comentar la carta, pero después reclamó el derecho de respuesta aduciendo que eran afirmaciones falsas. Tampoco se le pudo escapar el hecho de que Romanelli afirma que las denuncias son falsas, pero no inició ninguna acción contra los firmantes de la carta. En cambio, el represor emprendió contra los medios y en esa estrategia contó con la colaboración de la jueza.
La intención es obvia. Se pretende presionar a los medios de comunicación eludiendo el elemento principal –el asesor en seguridad de Cabildo Abierto lo hace manifiestamente–, es decir, determinar si las acusaciones son falsas o verdaderas, lo que podría resolverse con un careo al acusado y los que ahora son 91 acusadores, según una segunda carta que dieron a conocer los ex presos en las últimas horas y que Radio Uruguay publicó en su totalidad. Los ex presos desafían al represor a someterse a un careo.
A Romanelli, en realidad, no le interesa desvirtuar la afirmación de que fue un represor sádico; le interesa que en la prensa se publique su versión de que es falso. La diferencia esencial entre una aclaración publicada por orden judicial y una declaración voluntaria hecha a un periodista es que en un diálogo periodístico el entrevistado debe explicar por qué es falsa la acusación y, en todo caso, someterse a la repregunta.
Consciente de la contradicción –“no logro comprender el fundamento de la negativa en publicar la respuesta del actor, pero sí efectuarle una entrevista”, confiesa la magistrada–, la jueza optó por acceder a la pretensión del represor y ordenó que los medios publicaran la respuesta, lo que, de hecho, obliga a disponer de un espacio para difundir una manipulación que se asemeja mucho a la mentira.
Como opinó el relator de la Oea para la libertad de expresión, el uruguayo Edison Lanza: “Romanelli no fue silenciado por los medios denunciados. El derecho de respuesta es para el caso en que los medios no les dan a las personas la oportunidad de expresarse. Él busca dos cosas, que la jueza erróneamente le otorga, en desmedro de la libertad de expresión: en primer lugar, generar un efecto inhibitorio, mandar el mensaje a los medios de que los va a llevar a juicio cada vez que lo nombren, y, en segundo lugar, imponer su versión y eludir el debate público”. Para Lanza, “sostener que el derecho de respuesta es un elemento informativo implica un antecedente nefasto para la libertad de expresión”.
Hay un extremo más grave aun: con el criterio de la jueza, cualquier afirmación entrecomillada de una fuente identificada que se publique puede derivar en un juicio contra el medio, lo que implica instalar una brutal mordaza.
Sus razones tendrá la jueza, que, por cierto, no es despistada, ni tonta, ni atolondrada, ni mentecata.
