El proyecto de la ley de urgente consideración que el Partido Nacional (PN) puso en conocimiento de sus socios de coalición y que entraría al Parlamento el 2 de marzo contiene un capítulo sobre vivienda. Sin embargo, los 48 artículos específicos sobre vivienda (del orden del 10 por ciento del proyecto) sólo se refieren básicamente a tres temas: la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana como órgano desconcentrado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma); la creación de un sistema de arrendamientos sin garantías (pero con desalojos ultrarrápidos), y la ampliación del ámbito de actuación del Movimiento Pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) al ámbito urbano, en particular a Montevideo, por lo cual la “R” ya estaría de más.
Más allá de la discusión sobre la conveniencia y la necesidad de discutir estos asuntos en los plazos perentorios de un proyecto de ley de urgente consideración (que, además, ya abordamos en Brecha cuando el presidente Jorge Batlle usaba y abusaba de estas iniciativas macarrónicas), veamos qué oportunidades y qué riesgos pueden traer estas innovaciones.
NUEVA ESTRUCTURA. El primero de esos temas no había estado hasta ahora sobre la mesa; tampoco se incluía claramente ni en el programa del PN ni en el del acuerdo de la “coalición multicolor”. Sin embargo, aunque el programa del PN sostenía que “el sistema público de vivienda tiene una estructura institucional adecuada para cubrir el espectro completo de la demanda”, había algunas guiñadas hacia eliminar superposiciones y “dar al sector la jerarquía que merece en el tejido institucional”.
Como mencionamos, la nueva dirección se crearía como órgano desconcentrado del Mvotma. Esto es: sin personería jurídica ni patrimonio propio, pero con independencia técnica en su materia específica, al estilo de la Ursea y el Instituto Antártico Uruguayo (un modelo relativamente reciente y muy usado últimamente). Además, abarcaría todas las competencias hoy atribuidas al Plan Juntos, al Programa de Mejoramiento de Barrios y al Plan de Relocalización, y, en general, todo lo que tiene que ver con los llamados “asentamientos irregulares”.
La estructura propuesta puede darles más ejecutividad y coherencia a las políticas que tendrá a su cargo, pero en estas cosas –como se sabe–, más que el organigrama, importan los recursos que se aplican, y el Plan Juntos es el mejor ejemplo que pueda imaginarse. Por otro lado, las funciones de la nueva dependencia se superponen en muchos aspectos con las de la Dirección Nacional de Vivienda, y eso puede hacer que la enmienda sea peor que el soneto. Siempre queda la duda, además, de si crear un nuevo organismo no es, ante todo, la forma de poner al frente de una política prioritaria un núcleo duro de gente afín, como pasó con el propio Mvotma en 1990, en tiempos de otro presidente Lacalle.
ARRENDAMIENTOS SIN GARANTÍA. Los arrendamientos son una materia casi intocada desde que el decreto de ley 14.219, aprobado en dictadura, dio una vuelta de campana a la política proteccionista entonces imperante y la transformó en una pieza neoliberal casi perfecta. De todos los temas que deberían encararse en este rubro, el proyecto ingresa en uno solo: el de las garantías (por cierto, muy importante, por las dificultades que hoy tiene el acceso a estas). Y lo hace de una manera muy original: no crea un fondo, ni robustece el existente, ni opta por una solución mediante un seguro, sino que, lisa y llanamente, crea un sistema que suprime las garantías (por aquello de que muerto el perro…). Este nuevo régimen coexistiría con el de la ley de alquileres (14.219).
Como esa drástica solución (digna de Alejandro Magno, que, en vez de desatar el nudo gordiano, lo cortó de un sablazo) dejaría desamparado al arrendador ante la falencia en el pago, se le da a cambio la posibilidad de recurrir a un desalojo express (proceso abreviado de desalojo inmediato, lo llama el programa blanco). Más fácil y económico para el Estado, quizá satisfactorio para el arrendador, pero sin duda más peligroso para los arrendatarios, que a lo largo de los años habían conseguido que se instalara una serie de mecanismos que protegían su permanencia en la vivienda arrendada. El nuevo mecanismo (ya propuesto por el presidente electo en un proyecto de ley en 2010) tiraría por la borda los derechos de los arrendatarios.
CAMBIOS EN MEVIR. Finalmente, la extensión de la actuación del Mevir al ámbito urbano, especialmente a Montevideo, es una propuesta que la derecha viene haciendo desde la dictadura. Esta ampliación desnaturaliza su razón de ser (actuar en el ámbito rural, donde nadie más lo hace y en condiciones especiales) y lo pone a competir con otro modelo basado en el trabajo de las personas, con igual o superior eficiencia, pero asociado a la autogestión: el cooperativismo de vivienda.
¿Se trata de un intento de desplazar el cooperativismo de su ámbito natural? La sospecha podría parecer forzada en otras circunstancias, pero esta, parafraseando a Juan Goytisolo, es una historia conocida que ya ha tenido varios intentos fallidos, y todos ellos del mismo lado: además de la idea de un “Mevir urbano”, la creación, en 1978, de las sociedades civiles de propiedad horizontal (que terminó en espectaculares estafas); la creación, durante el gobierno del otro Lacalle, de los “Siav grupales”. Asimismo, se toleró la existencia de cooperativas e institutos de asistencia técnica “truchos”, que transgredían las bases del sistema, aprovechándose de éste para hacer negocios. Esto, que se dio hasta 2005, fue una forma de desvirtuar, desprestigiar e impedir el desarrollo del cooperativismo.
Las cooperativas molestan porque son una prueba irrefutable de que hay alternativas posibles cuando se piensa en efectivizar el derecho a la vivienda y no en hacer negocios con las necesidades de vivienda. Y el movimiento cooperativo de vivienda, como tal, también molesta (a la derecha y a alguna parte de la izquierda), por su propuesta contrahegemónica de una sociedad diferente, sobre todo a través de la autogestión, que es lo que verdaderamente cuestiona el sistema mercantil imperante. Si no fuera así, ¿por qué no hay entre temas de vivienda tan urgentes alguno referido al cooperativismo? Por ejemplo: el cobro de tasas de interés sociales y no de mercado, la desgravación del Iva, la extensión de las carteras de tierras a todo el país, para mencionar sólo los más actuales.
