Luego de 12 horas de debate en el Senado de la Nación, en la madrugada del 30 de diciembre se confirmó lo que en las calles de pequeñas y grandes ciudades argentinas, e incluso más allá de las fronteras, la expectante marea de pañuelos verdes ya sospechaba por conteo propio. Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, Argentina se convirtió en el quinto país de América Latina y el Caribe en el que la interrupción voluntaria del embarazo es legal a nivel nacional. En las horas que siguieron se aprobó también el llamado Plan de los 1.000 Días, una iniciativa de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (véase «Por la revancha», Brecha, 18-XII-20).
La legalización «permite romper el silencio, sacar los estigmas, poner el cartel fuera del consultorio, decir que se hace y es una opción», afirma a Brecha desde Salsipuedes, un pueblo de Córdoba de alrededor de 20 mil habitantes, la médica comunitaria Inés Samoluk. Pero ¿qué pasa el día después?
«A partir de ahora no avizoramos un camino idílico o de rosas, pero sí nos paramos desde otro lugar. Estamos felices. Creemos que es un producto de la lucha de años de tantas mujeres. Queda seguir peleando por la implementación: sabemos la resistencia que hay», valora, en conversación con este semanario, Julia Martino, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En ese sentido, en el movimiento feminista se entiende que, una vez reglamentada la nueva ley, habrá que continuar andando hacia la integración del sistema de salud, la formación profesional, la educación sexual y –un poco más difícil– la derrota del estigma social.
LA TRAMA, MÁS QUE EL DESENLACE
Un informe elaborado por la Red de Acceso al Aborto Seguro, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad indica que 39.025 niñas, adolescentes y mujeres se internaron en hospitales públicos en 2016 por situaciones relacionadas al aborto, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. En el trienio 2016-2018, 7.262 niñas de entre 10 y 14 años tuvieron un parto; ocho de cada diez de estos embarazos fueron no intencionales. Por otro lado, un documento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito publicado en diciembre de 2020 contabiliza 3.200 muertes por abortos realizados en condiciones insalubres desde que retornó la democracia, en 1983.
En ese contexto, el debate público que se generó a partir del intento anterior de legalización, en 2018, y que continuó en 2020 echó luz sobre una trama invisible de organizaciones que sostuvo por años una red de contención para quienes buscaban abortar. En los últimos años y con algunas herramientas que fue otorgando el Estado, esa red permitió disminuir la cantidad de muertes en la clandestinidad y acompañar la decisión de miles de mujeres.
Gisela Stablum, médica generalista y miembro de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires, observa que, si se compara la realidad actual con la de hace 20 años, los ingresos a los hospitales de mujeres con abortos en curso o abortos sépticos ha ido disminuyendo. «Eso tiene que ver con el circuito de información que se fue dando, en principio por fuera del sistema de salud. Fue allí que las mujeres accedieron primero al misoprostol», comenta a Brecha.
Según el informe citado, durante 2019, 12.575 personas gestantes fueron contenidas, asesoradas y acompañadas en la interrupción de embarazos por la organización Socorristas en Red. De ese universo, un 91 por ciento pudo prescindir de asistir a una guardia de salud. Socorristas en Red es una articulación de colectivos feministas que garantiza información y acompañamiento a las personas decididas a interrumpir un embarazo, para que puedan hacerlo de manera segura. Desde 2014, ofrece en su página web y sus redes sociales contactos en más de 60 ciudades de las cinco regiones del país y de la provincia de Buenos Aires, y también en otros países de Latinoamérica. «Los abortos ya los estamos haciendo», sostiene Samoluk, que integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que les ha permitido a los profesionales convencidos de la importancia de trabajar la temática articular el trabajo y formarse para el acompañamiento.
En 2012, con motivo de un caso ocurrido en Chubut, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo, conocido como FAL, que sentó un valioso precedente al ratificar lo que el Código Penal permite desde 1921: el derecho a acceder a la interrupción de un embarazo en curso cuando se encuentra en peligro la vida o la salud de la persona gestante o cuando este es resultado de una violación.
«La salud en riesgo como causa nos permitió encuadrar los casos de las mujeres que piden la interrupción ya sea porque falló el método anticonceptivo, no creen que sea el momento, están en una situación en la que ven que no van a poder sostener la crianza, quieren terminar sus estudios o sufren la incertidumbre que les causa su contexto económico», cuenta la médica comunitaria. El consultorio donde atiende –«En la mayoría de los casos, a mujeres que vienen solas», señala– asistió en los últimos tres meses 15 interrupciones legales del embarazo. Diez fueron referenciadas por el socorrismo u otras mujeres. «Ninguna por el Estado», enfatiza.
Según la profesional, pese a contarse a nivel nacional con un protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) –vigente desde 2019, que garantizaba el aborto a partir de causales no punibles– y con variados programas nacionales y provinciales que promueven la información y los medios de anticoncepción para prevenir embarazos no deseados, la fragmentación del sistema (público/privado y de administración municipal, provincial y nacional) impide llegar con la información, los métodos preventivos y los medicamentos de manera oportuna. En la provincia de Córdoba, además, recién hace escasos meses una resolución judicial permitió, luego de desestimar un recurso interpuesto por una organización religiosa, la aplicación de una norma que garantice la práctica bajo los causales que disponía la ley vigente hasta ahora.
Aunque la nueva ley permitirá a partir de ahora el diálogo abierto y el abordaje institucional, su aplicación no es ni será pareja en todos los territorios del país mientras no exista un sistema unificado. Según las cifras que maneja Stablum, en Buenos Aires (la provincia más densamente poblada del país) realiza interrupciones sólo el 10 por ciento de los municipios, que son los que controlan la atención de primer nivel. A nivel nacional, diez de las 24 jurisdicciones adhieren al protocolo nacional; nueve dictaron una resolución propia; dos no adhirieron, pero igualmente utilizan el protocolo, y tres no poseen marco jurídico alguno, según datos de octubre de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.
Desde San Rafael, una ciudad del sur de la provincia de Mendoza, con algo más de 210 mil habitantes, Agustina Barrera, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, insiste: «Hay que seguir luchando para que las provincias adhieran a la ley. Acá tenemos un buen panorama porque ya hay un grupo de trabajo hermoso en el hospital que abraza a cada una con el protocolo de ILE. Pero ¿cómo vamos a hacer en las provincias que no?».
La formación de los profesionales para garantizar la consejería y el seguimiento de los casos y la objeción de conciencia son otras de las dificultades con las que habrá que lidiar. «Esta política debe ser transversal, pero, evidentemente, no todos los profesionales de la salud ni los equipos estamos preparados para asesorar. Tenemos colegas que les recomiendan a las pacientes, cuando expresan su deseo de interrumpir un embarazo, que maten a alguno de sus hijos. Para hacer una asesoría tenés que estar preparado y tener empatía, no agredir a las pacientes», precisa Samoluk.
LO QUE SE CALLA EN LA EDUCACIÓN
Una vez que la vida está a salvo, ¿qué pasa con esas mujeres que, aunque no lo hayan elegido, se resignan, porque su psiquis no les permite pensarse en otro escenario de la vida que no sea la maternidad? Samoluk narra que rutinariamente pregunta a sus pacientes, tanto jóvenes como adultas, por su deseo de maternar. Advierte que es común que en muchos casos no sepan qué contestar. «Es parte de otras cuestiones a trabajar. Tiene que ver con la educación sexual. No sólo hay que trabajarla en las escuelas, sino también en los sindicatos, en los barrios, en los pasillos de los hospitales», apunta.
La Red de Docentes por el Derecho al Aborto elaboró recientemente un documento en el que advierte sobre la necesidad imperiosa de incorporar el aborto como derecho al Programa de Educación Sexual Integral (ESI), que rige desde 2006. La organización señala las escasas referencias sobre la temática en las normativas y los materiales oficiales para el nivel secundario y la omisión por completo en los niveles superior y primario.
También cita los resultados de una encuesta sobre la implementación del programa en general hecha en febrero de 2020. Según el relevamiento, el 70 por ciento de los docentes carecía de formación y el 60 por ciento hallaba obstáculos a la hora de brindar los contenidos. Obstáculos interpuestos, en su mayoría, por las autoridades escolares. Hay que «sacar de la clandestinidad pedagógica el derecho al aborto», proponen frente a esto los docentes.
«Creemos que la ESI no sólo ayuda a la prevención, sino que apunta al cambio cultural para crear relaciones más horizontales entre varones y mujeres, eliminar la violencia de género y transformar la histórica desigualdad. Por eso la reacción contraria de los sectores antiderechos y las iglesias: porque la ESI opera en ese cambio cultural al que apunta el feminismo del mundo entero», destaca Martino. ¿Alcanza una ley para tumbar un sistema moral y cultural? El recorrido mostró, al menos, que sí era posible transformar un delito en un derecho. «Hay que organizarse. No hay recetas mágicas», dice Martino.
