Poco antes del mediodía del lunes 29 de marzo, un individuo corpulento pateó en el vientre a una mujer asiática de 65 años frente a un edificio de apartamentos en Midtown Manhattan. Las imágenes captadas por las ubicuas cámaras de vigilancia muestran que luego el agresor pateó a la mujer en la cara, mientras formulaba lo que la Policía describió como «frases antiasiáticas». El atacante, que se marchó tranquilamente, fue más tarde identificado como Brandon Elliot, de 38 años, a quien se detuvo y acusó por un «crimen de odio». Aunque hubo numerosos testigos del asalto, nadie intervino en defensa de la víctima.
Sakura Kokumai, de 28 años, siete veces campeona nacional de karate y miembro del equipo olímpico de Estados Unidos, hacía ejercicios una mañana de la última semana de marzo en el parque Grijalva, de Orange, California, cuando un individuo, blanco y fornido, empezó a insultarla. En el video que Kokumai grabó con su celular se escucha al agresor gritándole: «Vete de aquí, vete a tu país, te voy a reventar, a ti y a tu marido, china». Luego se mandó mudar. La atleta dice que miró alrededor y vio «que había mucha gente en el parque». Nadie intervino en su ayuda.
El grupo Stop AAPI Hate indicó el mes pasado que entre el 19 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021 hubo al menos 3.800 incidentes de agresión, de diversa gravedad, contra «asiáticos». Una denominación que en Estados Unidos incluye a chinos, japoneses, coreanos, vietnamitas, filipinos y otras poblaciones oriundas del Pacífico o el este de Asia.
La discriminación contra los asiáticos tiene en este país largas raíces históricas, incluida la explotación de trabajadores chinos para construir vías férreas en el oeste y el confinamiento de cientos de miles de personas de ascendencia japonesa en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esta oleada más reciente de hostilidad tiene un catalizador específico: la pandemia que comenzó en China. Aunque la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud pública de todo el mundo adoptaron la denominación de coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2, o SARS-CoV-2, como causante de la enfermedad llamada covid-19, el expresidente Donald Trump y sus más fieles admiradores prefirieron llamarle chinavirus o kungfuvirus.
Un sondeo publicado en julio por el Centro de Investigación Pew encontró que el 31 por ciento de los asiático-estadounidenses adultos cuenta que desde que comenzó la pandemia ha sido blanco de insultos o bromas debido a su ascendencia. Más del 26 por ciento expresó temor de recibir amenazas o ataques físicos debido a su «raza». En este país hay unos 22 millones de personas de origen asiático.
DESIGUALDADES
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indican que hasta esta semana, en una población de 330,2 millones de personas, ha habido al menos 31,1 millones de casos confirmados de covid-19 y 559.150 muertos por la enfermedad. Asimismo, informan que más de 120,9 millones de habitantes han recibido al menos una dosis de las vacunas contra la covid-19 y más de 74 millones han recibido las dos dosis.
Sin un protocolo nacional uniforme para la recolección de datos, los CDC tienen información sobre «raza» o «grupo étnico» sólo para cerca del 60 por ciento de los casos de infección, muerte y vacunación. Los CDC clasifican a los humanos en las categorías «blanco no hispano», «negro no hispano», «hispano/latino», «indígena americano/nativo de Alaska», «asiático no hispano», «nativo de Hawaii y otros isleños del Pacífico no hispanos» y «múltiples/otros no hispanos». Y son estos los datos que muestran cuán diferentes son el impacto de la pandemia y la distribución de vacunas entre estos grupos.
Casos: Los blancos son el 60 por ciento de la población y el 49,7 por ciento de los casos; los hispanos, el 18 por ciento de la población y el 29,6 por ciento de los casos; los negros, el 12,5 por ciento de la población y el 10,9 por ciento de los casos; los indígenas americanos, alrededor del 0,5 por ciento de la población y el 1 por ciento de los casos.
Muertes: Los blancos son el 58,5 por ciento de los muertos por la covid-19; los latinos, el 19,1 por ciento; los negros, el 13,5, y los indígenas, el 0,9.
Vacunas: Los contagios y las muertes responden a muchos factores, desde la edad hasta las condiciones médicas preexistentes, pero es en el territorio de la vacunación donde las desigualdades son más chocantes. Entre quienes han recibido al menos una dosis, los blancos son el 65 por ciento, los hispanos el 11,1 por ciento, los negros el 8,4 por ciento y los indígenas americanos el 1,1 por ciento. El 68,4 por ciento de quienes han recibido ya las dos dosis de la vacuna son blancos, el 9 por ciento latinos, el 8 por ciento negros y el 1,3 por ciento indígenas.
Las tasas más bajas de vacunación entre latinos y negros –que inicialmente también ocurrían entre los indígenas– han alimentado las protestas habituales acerca de la discriminación racial. La realidad es un poco más compleja y, en el caso de los indígenas y los negros, está coloreada por la desconfianza histórica hacia la «medicina del hombre blanco».
MEMORIA DEL DAÑO
La invasión europea de América trajo enfermedades que mataron a millones de indígenas y, aunque en los primeros 30 años de Estados Unidos como república independiente el gobierno federal reconoció su responsabilidad por la salud de los nativos, recién en 1832 se les ofreció la vacuna contra la viruela, que ya habían recibido millones de personas en todo el mundo. No fue una oferta desinteresada: el Congreso asignó 12 mil dólares para llevar médicos y enfermeras que vacunaran a los miembros de ciertas tribus. Otras, como los mandan, fueron excluidas, lo que llevó cinco años más tarde a la muerte del 90 por ciento de ellos durante una epidemia. La vacunación selectiva fue otra herramienta en la política del presidente Andrew Jackson para persuadir a los indígenas a que migraran al oeste del Misisipi y dejaran sus tierras a los colonos blancos.
De la epidemia de 1837 surgió la historia de que los blancos, deliberadamente, distribuyeron entre los indígenas mantas contaminadas con el virus. Los historiadores indígenas sostienen que hay evidencias de un genocidio. Otros historiadores señalan que las evidencias son circunstanciales. Sea como sea, en la memoria de los indígenas estadounidenses –el grupo étnico más pobre del país– quedó sembrado el recelo hacia la ciencia oficial y las intenciones de quienes les llevan medicamentos y tratamientos novedosos. En esta ocasión, tanto las autoridades federales y estatales de salud pública como las organizaciones de indígenas han hecho un esfuerzo especial para persuadir a esa población, 22 por ciento de la cual vive en reservas donde la confinó la colonización blanca.
Más difícil ha sido la persuasión de la población negra, que, como vimos, siendo el 12,5 por ciento de los habitantes del país, cuenta con poco más del 8 por ciento de los vacunados. Al principio de las campañas de vacunación, en diciembre, la logística fue un factor en esta disparidad: hubo menor disposición de clínicas en los barrios más pobres, algo que también afectó la vacunación de los latinos.
Con negros o entre negros, la conversación acerca de las vacunas atraca una y otra vez en una palabra: Tuskegee. En 1932, cuando aún no se había hallado un tratamiento para la sífilis, el Departamento de Salud Pública de Estados Unidos reclutó a 600 hombres negros en Tuskegee, Alabama, para conducir un estudio sobre el curso de la enfermedad. De ellos, 399 sufrían ya las etapas avanzadas de la sífilis y los otros 201 funcionaron como grupo de control. Los médicos convencieron a los residentes del condado de Macon, en su mayoría pobres y analfabetos, con la oferta de exámenes gratuitos, transporte a la clínica y comidas calientes durante las consultas. Para los participantes –muchos jamás habían tenido una consulta médica–, la oferta fue convincente. Pero no se les informó que eran parte de un experimento, ni sobre la verdadera naturaleza de su diagnóstico –entre la población local, la sífilis caía dentro de la llamada mala sangre, un conjunto de enfermedades diferentes–, ni de que no se les daba tratamiento alguno. Los medicamentos que se les suministraron eran inadecuados o totalmente inefectivos. Inicialmente, el estudio debía durar seis meses, pero el Servicio de Salud Pública decidió continuarlo cuando los médicos dijeron que sólo las autopsias podían determinar la extensión del daño causado por la sífilis. Dicho de otra manera, los médicos observaron a los participantes hasta su muerte. Aun cuando en 1947 la penicilina surgió como tratamiento estándar para la sífilis, los médicos en el estudio de Tuskegee optaron por no administrarla a los participantes, a fin de continuar la progresión natural de la enfermedad venérea. El estudio se prolongó por 40 años.
