Guido Manini Ríos no ha encontrado todavía un huequito en su apretada agenda para explicar qué destino dio a los 12 millones de pesos (200 mil dólares: 6 millones al cambio de marzo de 2019 y un cheque al portador por otros 6 millones) que recibió en la comandancia del Ejército cuando ya hacía sus maletas para iniciar su meteórica carrera política, a partir de la jugada que culminó con su pase a retiro obligatorio.
Las conclusiones de una auditoría sobre el Servicio de Cantinas Militares (véase «Donde manda capitán», Brecha, 5-XI-21) se dio a conocer en enero de este año, cuando la metamorfosis de Manini, de general en senador, ya había completado la fulgurante etapa de la campaña electoral y lo había catapultado, al culminar el primer año de actividad legislativa, como la bisagra de la coalición gobernante.
Cabildo Abierto (CA) ocupa tres bancas en el Senado: Guido Manini, Raúl Lozano y Guillermo Domenech. Sus votos resultan vitales para el mantenimiento de la mayoría oficialista, como lo son los tres votos del Partido Colorado. Pero, a diferencia de estos (que expresan corrientes internas a menudo contradictorias y a veces antagónicas), CA funciona como una unidad sin fisuras, con una disciplina casi cuartelera, con la verticalidad del mando, podría decirse.
Cuando se van a cumplir dos años de actividad del actual período parlamentario, la bancada cuartelera supo dibujar una aparente postura de independencia, que tuvo como objeto establecer una diferenciación, sin llegar, por supuesto, a los extremos. Un ejemplo fue el trámite de la discusión sobre la concesión del monopolio a la belga Katoen Natie en el puerto de Montevideo, en el que la montaña cabildante parió un ratón.
Pero cuando se trata de la familia militar, las cosas son distintas: los tres votos bisagra en el Senado se convierten en herramienta de chantaje, como lo dejó claro el senador Lozano al comentar las vacilaciones de los socios coaligados y del propio presidente de la república, para quienes la propuesta de CA de otorgar el régimen de prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años es un bocado difícil de tragar, por los costos políticos que implica. Se sabe: el interés «humanitario» de CA se centra en los ancianos terroristas de Estado que cumplen condena en la cárcel VIP de Domingo Arena, donde por cierto no hay hacinamiento ni peligro de contraer covid-19, las dos excusas del proyecto de ley firmado (así consta) por el general del Ejército Manini Ríos, el coronel del Ejército Lozano y el doctor Domenech.
El coronel senador fue –como se diría ahora– transparente: advirtió a aquellos que manifestaron sus reparos en votar el proyecto de ley que «CA tiene tres votos» en el Senado, y que esos votos son decisivos para que la coalición siga siendo mayoritaria.
La advertencia parece dar sus frutos, porque la resistencia inicial a mandar a sus casas a los asesinos, violadores y torturadores inquilinos de Domingo Arena ha perdido vigor. La fórmula que podría disfrazar el recule fue elaborada por el presidente Lacalle: podría estudiarse, dijo, subir el tope a los 70 años.
En otros círculos, si se trata de negociar alternativas, se propone algún tipo de condición. Por ejemplo, que los terroristas de Estado se beneficien del régimen de prisión domiciliaria siempre y cuando aporten la información que permita ubicar los enterramientos de desaparecidos e identifiquen a quienes dieron las órdenes. Sin embargo, esta fórmula, que recuerda la solución adoptada en Sudáfrica (los criminales del apartheid eludieron el castigo confesando públicamente sus crímenes ante las cámaras de televisión), no es de recibo para quienes sostienen que es una obligación del Estado investigar los hechos, determinar las responsabilidades y castigar.
Es el principio que se sostiene en la carta abierta al ministro de Defensa, Javier García, dada a conocer por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Al rechazar la decisión de clasificar como reservado el tribunal de honor al teniente coronel Armando Méndez, la organización recuerda que «nuestro reclamo principal es que nos suministre la información clave, relevante, sobre los procedimientos en los que se detuvo, en forma arbitraria y brutal, a nuestros familiares. A quienes el Estado continúa desapareciendo y por los que hemos exigido, permanentemente, que nos brinden los datos para ubicar sus restos, ocultados por más de 40 años». La carta recuerda que en julio de 2020 se le aportó al presidente «información documentada para la ubicación del archivo clasificado del OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas], sin obtener respuesta hasta hoy». Por lo visto, la omertà (el silencio mafioso) seguirá disfrutando de buena salud en «prisión domiciliaria».
