El año 2021 trajo para Estados Unidos y una porción de Canadá la ola de calor más extrema de la que se tenga registros. A fines de junio los calores en buena parte del oeste de América del Norte batieron todos los récords por márgenes sin precedentes. En Lytton, en la provincia canadiense de Columbia Británica, la temperatura pasó el récord nacional tres días consecutivos y llegó a los 49,6 grados Celsius el 29 de junio. Un día después, un incendio forestal alimentado por el calor extremo destruyó la localidad. El récord canadiense de alta temperatura databa del 5 de julio de 1937 y era de 45 grados Celsius. Por su parte, también el 29 de junio, la localidad de Quillayute, en el estado de Washington, superó por 6 grados Celsius su récord anterior (9 de agosto de 1981), con el termómetro marcando 43,3 grados Celsius.
Maximiliano Herrera, un climatólogo e historiador del clima que ha estudiado por décadas los acontecimientos climáticos extremos, dijo el 7 de enero a The Guardian que «la madre de todas las olas de calor» que afectó el oeste de América del Norte en el verano boreal pasado sobrepasó todo lo que ha «visto en una vida de investigación de eventos climáticos extremos en la historia mundial del clima del último par de siglos».
Según el sitio web de Herrera –Extreme Temperatures Around the World–, esto no fue exclusivo de Estados Unidos, sino que se repitieron o se superaron los récords de temperaturas altas en Canadá, Dominica, Italia, Marruecos, Omán, Taiwán, Túnez, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Los diez acontecimientos climáticos más devastadores del año pasado, que incluyen huracanes en China, India y Estados Unidos e inundaciones en Australia, Europa y Canadá, causaron daños calculados en unos 16.000 millones de dólares.
En los últimos 30 años las temperaturas promedio en Colorado han subido 1,2 grados Celsius y el calentamiento ha resultado en condiciones de sequía favorables para los incendios forestales. El 30 de diciembre, en apenas unas horas, una serie de poderosos incendios originados en el área rural de Louisville y otras localidades de Colorado dejó miles de evacuados, un muerto, dos desaparecidos y más de 1.000 edificios destruidos. El gobernador del estado, Jared Polis, dijo que estos incendios «ya no son un fenómeno estacional, sino de todo el año». Según el Natural Resources Defense Council, un grupo ambientalista sin fines de lucro, en Colorado los incendios forestales y la exposición al humo causaron el año pasado 174 muertes prematuras, 1.432 consultas en las salas de emergencia de los hospitales, 256 internaciones y un costo de 1.600 millones de dólares en asistencia médica.
LENTO CAMBIO DE OPINIÓN
Por casi tres décadas las advertencias sobre el cambio climático, seguidas por las evidencias de que dicho cambio ya está ocurriendo, poco hicieron para modificar las actitudes de la mayoría de los estadounidenses o las posiciones de sus políticos. Este desdén por los datos científicos se acentuó durante el gobierno de Donald Trump, un presidente que calificó el cambio climático de «falacia china», apoyándose en la teoría de sectores conservadores que afirman que tal cambio no es más que una patraña inventada por los comunistas y otros enemigos de Estados Unidos resueltos a destruir el capitalismo.
Sin embargo, de una situación en la que la mera mención del cambio climático era una anatema, se empieza a pasar ahora a una en la que la opinión pública va aceptando que el cambio ya está aquí y algo debería hacerse al respecto. Según una encuesta del Centro Pew realizada el año pasado, el 46 por ciento de los estadounidenses señala que ha habido un «acontecimiento meteorológico extremo» en los últimos 12 meses. El 71 por ciento opina que Estados Unidos debería priorizar el desarrollo de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles. En general, hay más apoyo entre los jóvenes que entre los adultos mayores para las políticas que consideren el cambio climático.
El plan de Joe Biden aspiraba a lograr antes de 2050 una economía que funcionara totalmente con energías limpias y una eliminación total de las emisiones de gases que contribuyen a la contaminación atmosférica. «Desde el primer día, Biden hará inversiones inteligentes en la infraestructura para reconstruir la nación asegurando que nuestros edificios, el agua, el transporte y la energía puedan resistir los impactos del cambio climático», afirmaba su plataforma de campaña. Esa aspiración no se limitaba a Estados Unidos, sino que Washington «convocaría y conduciría al resto del mundo para enfrentar la amenaza del cambio climático».
Un año más tarde, después de devastadores incendios en Colorado y continuas pulseadas con facciones y legisladores en el Congreso, Biden ha arriado velas. Ahora se trata de ver qué poco se pueda conseguir. Un algo, al menos.
ARITMÉTICA POLÍTICA
En un país con 50 estados, el montañoso de West Virginia es el sexto más pobre. Y en una nación con casi 336 millones de habitantes, ocupa el cuadragésimo lugar en materia demográfica, con una población de 1,8 millones.
Pero, en su sabiduría, y para evitar que los estados más grandes y poblados abusaran de los más chicos y despoblados, los Padres Fundadores de la Patria asignaron en la Constitución dos curules en el Senado a cada estado, fuese cual fuese su tamaño y población. Así es que West Virginia, estado ahora de mayoría republicana, tiene sus dos senadores y solo uno de ellos es demócrata, el exgobernador Joe Manchin. Para conservar ese curul, Manchin ha de representar bien a sus votantes, que son los de West Virginia, no los de otros estados.
El Partido Demócrata necesita lidiar con las necesidades políticas de Manchin porque corre dos riesgos inmediatos: uno es que el senador vote en contra de las políticas demócratas y el otro es que Manchin se pase al Partido Republicano. Un tercer riesgo está un poco más lejos: la banca estará sujeta a la votación de los virginianos occidentales en noviembre de 2024 y bien podría ganarla un republicano.
Eso explica la preeminencia que ha adquirido Manchin en el camino tortuoso que llevó a la poda del plan presidencial denominado «A reconstruir mejor» (Build Back Better, o BBB). El proyecto resultó mutilado y pasó de los 3,5 billones (trillions en inglés) de dólares imaginados en el comienzo a los 1,75 billones que terminó aprobando la Cámara de Representantes, pero el senador de West Virginia sigue encontrándole excesos. A la vera o en las cunetas han quedado las ilusiones de los demócratas progresistas de una pujante «economía verde», una educación universitaria gratuita y la cancelación de las deudas estudiantiles, la legalización de 12 millones de inmigrantes indocumentados, una asignación familiar para el cuidado de bebés, un seguro médico para todos, el abandono de los combustibles fósiles o la protección del ambiente.
La minería es una parte integral de la economía de West Virginia y el producto más importante de esa industria es el carbón (la quema de carbón alimenta el 30 por ciento de la generación de electricidad en Estados Unidos). Con yacimientos en 53 de los 55 condados del estado, West Virginia es el segundo productor de carbón, después de Wyoming. Por su parte, las industrias del petróleo y el gas natural sustentan allí más de 32.300 empleos directos y otros casi 50 mil indirectos, el 9,2 por ciento del empleo total en West Virginia. En 2019, estas industrias aportaron 11.200 millones de dólares, 14,2 por ciento del producto bruto interno del estado.
Es natural, entonces, que los virginianos occidentales –sean los dueños y operadores de las minas o los mineros que en ellas trabajan y sus familias– tengan un interés muy especial por las políticas energéticas y una aversión comprensible a las ideas sobre el reemplazo de las fuentes de energía y la reducción del uso de combustibles fósiles. Es normal, asimismo, que Manchin reciba el apoyo y las contribuciones financieras tanto de los dueños de las minas como de los trabajadores representados en el sindicato United Mine Workers of America (UMWA). Así funciona la política en West Virginia, en todo Estados Unidos y en casi todo el mundo.
Durante la mayor parte del año desde que Biden llegó a la Casa Blanca, tanto los dueños de las minas como los mineros coincidieron en su escepticismo respecto de la política «socialista» de los demócratas y los planes referidos al cambio climático. Temen que un «apuro» en la transición de los combustibles fósiles hacia las energías renovables les arruine el futuro.
Sin embargo, en la legislación los demócratas incluyeron golosinas que el UMWA mucho aprecia, entre ellas, la extensión hasta 2025 de un impuesto que pagan los operadores de las minas y que Manchin ha protegido durante años. Ese gravamen sustenta un fondo que cubre a unos 30 mil trabajadores con neumoconiosis, enfermedad pulmonar causada por la inhalación prolongada de polvo de carbón y de sílice. El subsidio, de poco menos de 700 dólares mensuales, se extiende a los beneficiarios de los mineros afectados. La legislación también incluye otras prioridades del UMWA, como penalidades más severas para los empleadores que obstruyen la formación de gremios y la negociación colectiva.
Estos matices han creado luz en la danza congresional de Manchin, y el sindicato, junto con la seccional en West Virginia de la central sindical estadounidense AFL-CIO, emitió en diciembre declaraciones instando al Congreso a aprobar el BBB. «Urgimos al senador Manchin a que reconsidere su oposición a esta legislación y colabore con sus colegas para la aprobación de algo que ayudará a los trabajadores mineros y tendrá un impacto significativo en nuestros miembros, sus familias y sus comunidades», afirmó en una declaración justo antes de la Navidad Cecil Roberts, presidente del UMWA.
Ahora Manchin, el talador solitario y más resuelto de lo que fuera el BBB, encara el dilema entre el respaldo financiero, obviamente más sustancial, de los dueños y operadores de minas y el apoyo de los sindicatos, que trae más votos.
La legislación ya incluye propuestas de Manchin que ayudarían a que West Virginia y, de hecho, toda la región del carbón, que incluye partes de Kentucky, vayan desprendiéndose de los combustibles fósiles. Estas ideas comprenden 100.000 millones de dólares en ayuda a fabricantes y 25.000 millones de dólares en la promoción manufacturera, con 4.000 millones de dólares asignados para las regiones carboníferas.
«Joe Manchin creció con los mineros del carbón», dijo al diario The New York Times Jonathan Kott, un exempleado del senador que aún lo asesora. «Su corazón está con los trabajadores. Su sudor está con ellos. Y al final Manchin siempre estará del lado del UMWA», prometió Kott.
Y así, la suerte del ambicioso programa de Biden para conducir a Estados Unidos, y para que Estados Unidos guíe al mundo en la senda de financiar paliativos para el cambio climático y transicionar hacia una nueva economía con fuentes de energía alternativas, depende en estos días del cálculo político de un solo senador de un estado tres veces más chico y con menos de la mitad de la población de Uruguay.
