La madre lo consiguió todo: todas y cada una de las pruebas que los agentes del Ministerio Público firmaron luego para activar la cadena de custodia que las hace valer en el proceso judicial y que permitieron que se detuviera al patrón de su hijo. Fernando Iván Ornelas Ornelas, de padre y madre que comparten casualmente el mismo apellido, trabajaba como guardia de seguridad en un complejo de viviendas en la zona sur de la Ciudad de México, llamado Torres de Mixcoac, cuando fue desaparecido. Su madre, Benita, siguió la pista hasta saber que su hijo de 21 años terminó su turno en la mañana del domingo 21 de julio de 2019, pero, a pedido de los supervisores, se quedó a hacer horas extra. A eso de las cinco de la tarde, salió a bordo del automóvil del patrón, Mauricio N, rumbo al estado de México, en la zona metropolitana de la capital, donde ambos vivían. Desde entonces, Fernando está desaparecido.
«Desde que fui a levantar el acta al Ministerio Público el día 23, comenzó el calvario, el atropellamiento y el abuso de las autoridades a nuestros derechos como víctimas, el de mi hijo a ser buscado y mi derecho como madre a saber dónde está», recuerda Benita. Durante un año y medio, ella, su familia y los amigos de Fercho, como lo apodan, recabaron las evidencias: videos de establecimientos que lo mostraban junto con Mauricio N, testigos que señalaron que el muchacho había salido con él, incluso la geolocalización de sus teléfonos indicó que estaban juntos y que el patrón no volvió a su casa en la noche del domingo 21. «Las autoridades me decían que no podían hacer su trabajo porque no tenían patrullas o no tenían gasolina o armas para defenderse. Pero una pobre mortal como yo, una madre buscando a su hijo, tuvo las agallas para ir a esos lugares y conseguir la información.»
A dos años de la desaparición de Fernando, su patrón fue aprehendido y acusado del delito, pero pagó 10 mil dólares de fianza y salió libre en menos de una semana. Benita recibió, como consecuencia, medidas cautelares de protección y pasó a estar más vigilada que el acusado, que cambió cinco veces de abogado privado en ese proceso, mientras Benita solo contaba con el asesoramiento del defensor de oficio. Mauricio N nunca declaró ante el juez, pero Benita sí tuvo que hacerlo frente al acusado, para que se validara la información que había recolectado.
De todos modos, la causa parecía avanzar firme, pero el revés llegó el 1 de junio de este año, cuando el juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec, magíster en Derecho Procesal Penal, Juan Miguel Hernández Solano, el primero en atender una causa en el estado de México de desaparición forzada por particulares (con el agravante de la relación laboral de dependencia), falló que no había elementos que acreditaran el delito. «El juez me expresó crudamente que necesitaba ver que el señor Mauricio hubiera subido a mi hijo a punta de pistola al vehículo y como eso no pasó, no quiso acreditar la desaparición forzada. Pero, entonces, ¿dónde está mi hijo?»
