Los impulsores del anteproyecto de ley de la reforma de la seguridad social sostienen que es necesario limitar los costos del sistema de jubilaciones y pensiones que debe asumir el Estado. Con ese fin impulsan un sistema mixto, en el que se amplía el ámbito institucional en que operan las AFAP y la parte del aporte de los trabajadores que va a ese sector, que se basa estrictamente en lo que pueda aportar cada persona y cuya prestación final es indefinida. A su vez, se reducirán los costos de la parte que se mantiene en el sistema de reparto, del cual es responsable el Estado, aumentando la edad de retiro, rebajando la tasa de remplazo y el salario básico jubilatorio, recortando las pensiones por viudez y limitando las actividades bonificadas a ciertos puestos de trabajo. Incluso, a los que no se les aumenta la edad de retiro se les formulan exigencias casi irrealizables, tales como que un obrero de la construcción trabaje los últimos ocho años de forma continua, cuando es conocido que se trata de una actividad zafral que depende del ciclo económico.
PROTEGEN AL CAPITAL
El gobierno argumenta que tienen que hacerlo porque la gente vive más y va a cobrar las prestaciones por más tiempo, y que no se pueden aumentar los gravámenes al capital porque afectarían la inversión y el crecimiento económico. Los aportes personales y patronales constituyen la fuente principal de financiamiento de los programas de seguridad social. Los trabajadores han mantenido su tasa de aporte, en cambio las tasas patronales se han modificado, en general a la baja. En el sistema de previsión social uruguayo se han creado múltiples normas estableciendo exoneraciones de aportes patronales. Algunas de ellas se enmarcan en exoneraciones de tributos generales y permanentes; otras se aplican para determinadas empresas o actividades y por cierto tiempo.
Lo amplio de las excepciones se puede evaluar desde diferentes ópticas: social, económica, política, legal, entre otras. En las circunstancias actuales, cuando se sostiene que el sistema es deficitario y se deben tomar medidas para reducir sus costos, es fundamental cuantificar la pérdida de la recaudación y quiénes son los beneficiarios de la reducción de los aportes y de las exoneraciones.
En primer lugar, debe destacarse que, al igual que se subsidia al capital con exoneraciones tributarias, también se lo hace con la reducción de aportes patronales. Actualmente la tasa de aporte de los trabajadores es de 15 por ciento, mientras que la de los patrones es la mitad de dicho porcentaje en la mayoría de los casos.
Los patrones de las cajas de industria y comercio, doméstica y civil (las empresas del dominio comercial e industrial del Estado) pagan 7,5 por ciento. La caja rural tiene un régimen por el cual los patrones pagan por el índice de productividad por hectárea Coneat del establecimiento, multiplicado por un porcentaje de la base de prestaciones y contribuciones. En la caja civil, hay tres tipos de aportes: los de la administración central (19,5 por ciento), los de los gobiernos departamentales (16,5 por ciento) y los de las empresas públicas.
Cuadro 1: Masa salarial total declarada por los contribuyentes, recaudación y tasa efectiva de aporte
| Masa salarial* | Recaudación efectiva* | Aporte personal* | Aporte patronal* | Tasa efectiva aporte patronal | |
| Industrial y comercio | 8.884 | 1.847 | 1.333 | 514 | 5,79 % |
| civil | 4.106 | 1.294 | 616 | 678 | 16,52 % |
| rural | 637 | 107 | 96 | 11 | 1,81 % |
| construcción | 510 | 113 | 76 | 37 | 7,19 % |
| doméstica | 240 | 54 | 36 | 18 | 7,50 % |
| total | 14.377 | 3.415 | 2.157 | 1.258 | 8,75 % |
Como se observa en el cuadro 1, los trabajadores pagan el 15 por ciento y el conjunto de los patrones el 8,75 por ciento. La tasa patronal menor es la correspondiente a la caja rural, a la que aportan solamente el 1,81 por ciento. Le sigue la caja de industria y comercio, que paga 5,79 por ciento. Las patronales de la construcción aportan 7,19 por ciento y la doméstica 7,5 por ciento.
Si los aportes patronales fueran el 15 por ciento, igual a los de los trabajadores, se recaudaría con creces el total de la asistencia financiera al Banco de Previsión Social (BPS) –que en 2020 fue de 730 millones de dólares–. Las exoneraciones se concentran prácticamente en su totalidad en la caja de industria y comercio. El proceso conjunto de aumento de aportes y eliminación de exoneraciones reduciría sustancialmente la asistencia financiera. Es algo que se debería realizar en una forma gradual, considerando en particular a los pequeños y medianos empresarios.
Las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos son formas de financiamiento complementarias. Los impuestos son tan válidos y genuinos como las aportaciones. Se deben analizar considerando sus impactos en la economía en general y en la justicia social. Incluimos en el cuadro 2 los principales impuestos al capital que tienen exoneraciones totales o parciales de mayor monto.
Cuadro 2: Gasto tributario en 2021 como % de Asistencia Financiera Neta al BPS
| IRAE | Patrimonio | Total | |
| Zonas francas | 24,1 % | 21,8 % | 45,9 % |
| Ley de promoción de inversiones | 34,1 % | 2,8 % | 36,9 % |
| Otros | 75,4 % | 96,6 % | 172,0 % |
| Total | 133,6 % | 121,2 % | 254,8 % |
Como se ve en el cuadro, los subsidios al capital a través del impuesto a las rentas de las actividades empresariales (IRAE) y el impuesto al patrimonio (IP) son superiores a la asistencia financiera neta al BPS. El gasto tributario en zonas francas es casi la mitad de dicha asistencia. El total de subsidios al capital por estos dos impuestos es 68.275 millones de pesos –casi dos veces y media la asistencia financiera neta, que es 26.795 millones de pesos–. Quiere decir que existe un amplio espacio para reducir los subsidios al capital en forma gradual cubriendo la asistencia financiera sin necesidad de condenar a los futuros pasivos a vivir la vejez en condiciones indeseables.
CASTIGAN A LOS TRABAJADORES
Como no están dispuestos a aumentar los costos del capital con los aportes patronales o en impuestos, buscan reducir los egresos recortando derechos de los futuros pasivos. Los perjudicados de este proceso serán nuestros hijos y nietos, que tendrán jubilaciones más que insuficientes, la mitad de los cuales no tendrán cómo mantenerse entre los 60 y los 65 años.
Así lo demuestra un informe realizado para la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) por Graciela Sanromán (Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar). En el informe –basado en las reformas realizadas sobre finales del siglo pasado– se sostiene: «Los trabajos empíricos disponibles indican que, por cada 100 trabajadores que postergan su retiro por cambios en el sistema de pensiones, menos de 50 continúan trabajando; el resto corresponde principalmente a trabajadores que pasan a estar en situación de desempleo, aunque también se observan situaciones de enfermedad, invalidez, o inactividad» (véase en https://cess.gub.uy/es/node/332). El estudio indica, a su vez, que incrementar las edades «aumenta el empleo de los mayores, pero también el número de trabajadores en seguro de desempleo, enfermedad o invalidez», lo que implica «aumentos (importantes en magnitud) de la cantidad de prestaciones por seguro de desempleo, enfermedad e invalidez en ese tramo etario». En buen romance la reforma la pagarán los trabajadores con pérdida de calidad de vida.
Sin embargo, los autores del anteproyecto dicen que mejorará la situación de los que tienen menores ingresos. La pregunta es cómo puede ocurrir eso, si se reduce el salario básico jubilatorio, la tasa de remplazo y se cobran cinco años menos. La aparente respuesta es el «suplemento solidario», que en gran medida es financiado por el propio trabajador con lo que deja de cobrar durante cinco años. Una persona que actualmente se podría jubilar con 30 años de trabajo y 60 de edad y le correspondiera recibir de jubilación mínima 15.750 pesos tendría una pérdida muy importante dado que dejará de cobrar 945 mil pesos (si es parte del 50 por ciento que no consigue empleo, perderá, además, el derecho al Fonasa).
Si la esperanza de vida promedio de una persona de 65 años que se jubile en 2070 fuera de 20 años, se podrían pagar 3.937 pesos más por mes que el mínimo jubilatorio actual. Entonces ganará más, pero se lo pagarán con lo que dejó de cobrar entre los 60 y los 65 años. Si el suplemento solidario fuera mayor, la diferencia la pagarán los cinco años no cobrados por los trabajadores de medianos y altos ingresos que, sin duda, serán los más perjudicados por la reforma.
El anteproyecto expresa los intereses del capital, que busca aumentar sus beneficios bajando los aportes patronales y los impuestos al patrimonio y a la renta, a la vez que reclama mayores exoneraciones. En este contexto, la lucha de los trabajadores, pasivos y demás integrantes de los sectores populares debe orientarse a evitar que se apruebe la reforma que impulsa –con matices– la coalición de gobierno.
