Al llegar la noche, los militares –fusil al hombro– siguen patrullando la Avenida Séptima de Bogotá. Andan de a dos o de a cuatro, a pie y en camiones; y los policías montan motos y autos más pequeños de vidrios oscuros. La capital sigue tensa en medio del paro agrario que continúa en la mayoría del país, tras los violentos episodios desencadenados durante el fin de semana. La Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la ciudad manifiesta preocupación por la violencia. La población civil de esta urbe habitada por 8 millones de personas está cargando con una difícil parte de la convulsión social y de seguridad que vive Colombia hoy. Los comercios continúan desabasteciéndose y los transportadores anunciaron también que irán a la huelga. Ésta se sumará a las protestas mineras, también vivas actualmente, y el paro agrario, que lleva dos semanas y cuenta con el apoyo de estudiantes y trabajadores. Según el comandante de la policía de Bogotá, Luis Martínez, “entre el 19 y el 31 de agosto hubo 326 acciones vandálicas, 109 policías lesionados, 21 marchas, 326 establecimientos comerciales afectados y seis estaciones de TransMilenio gravemente averiadas”.
Para Andrés Idárraga, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, “la sensación de injusticia es muy profunda. Bogotá no puede ser la víctima de la militarización, del toque de queda, de la restricción de derechos. Los vándalos, las mafias, deben ser objeto de una investigación judicial, sí; pero la gente no puede seguir siendo afectada en sus derechos a la movilidad, la salud, la educación, el trabajo”. El propio Idárraga dijo haber sido agredido por la policía durante los momentos más violentos vividos el jueves de la semana pasada en la Plaza de Bolívar. “Si eso hicieron conmigo, que estaba identificado como funcionario del gobierno, qué no están haciendo con los civiles, como vemos en los videos”, dijo. “La policía te puede detener, pero no te puede golpear, eso se llama trato cruel y está prohibido”, afirma, y cuenta que la noche del viernes 14 menores de edad fueron llevados a una estación de policía en la localidad de Bosa. “Todos tenían la cabeza rota, dos de ellos tenían los hombros dislocados, y uno afirmaba que fue atropellado por motos de la policía.”
Hay casos que preocupan aun más a su despacho: un joven asesinado en la localidad de Suba, uno más que recibió un disparo en la Plaza de Bolívar y una mujer que asegura que la policía la arrojó de un puente. “El chico al que le dispararon a menos de dos metros con una granada pierde el labio superior, sus dientes; más tarde una chica, presuntamente, fue lanzada de un puente vehicular por agentes de la policía en la Calle 26 y avenida Caracas. Ella está en la clínica y dice que tiene testigos”, declara.
La situación más complicada es en Bogotá, porque buena parte de las movilizaciones y la fuerza central de la organización social al frente del paro se concentra en la capital. Además, la causa campesina está ganando cada vez más apoyos entre los ciudadanos de a pie. “Nuestra tarea como Estado es garantizar el derecho a la movilización social y a la protesta pacífica; y los desmanes nos llevan a pensar que, efectivamente, hay gente solidaria y pacífica, pero también vándalos, y que en esta situación tan difícil las fuerzas del Estado, me refiero a la policía, no pueden responder de la misma manera. La policía tiene un entrenamiento y está dotada con armas para dispersar, pero está asumiendo respuestas de confrontación, no está cumpliendo el protocolo de uso de sus armas”, asegura.
Según videos publicados en la web, agentes de la policía rompieron vidrios y dañaron fachadas, robaron celulares a los civiles para que no grabaran, y golpearon por la espalda, encubiertos como civiles, a periodistas, como le ocurrió a Luis Noriega, fotógrafo de la agencia EFE.
El toque de queda, ordenado por el alcalde Gustavo Petro para algunas localidades, sigue, así como la medida de militarización ordenada por el presidente Juan Manuel Santos. Al cierre de esta edición, el gobierno sólo había logrado llegar a un acuerdo con los indígenas y campesinos del sur del país, departamento de Nariño. Pueblos y lugares apartados de las capitales seguían bloqueados. “Nuestra generación no ha vivido una situación de protesta así de difícil en casi treinta años”, asegura un jerarca de la policía de Bogotá.
