El material aportado fue fruto del trabajo de una investigación de varios meses a partir de declaraciones aportadas por un exagente de inteligencia, quien actualmente cumple prisión y de la que solo se publicó aquello que se pudo corroborar.
Recién ahora la Justicia argentina decidió actuar. Lo hizo el juez federal Daniel Rafecas, al ordenar la detención de seis miembros argentinos de la patota del paramilitar Aníbal Gordon, amo y señor de Orletti. Se trata de Rubén Héctor Escobar –apodado Cornalito–, César Albarracín, Hugo Carlet –apodado el Ratón–, Luis González –apodado Pinocho–, Patricio Pfinnen –alias Paddy– y Daniel Oscar Cherutti –alias el Loco–. Gordon y sus hombres compartieron secuestros, torturas, asesinatos y diversos botines –niños, propiedades y dinero– con José Gavazzo, Manuel Cordero, Hugo Campos Hermida, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y otros militares uruguayos.
Carlet y Cherutti integraron los llamados grupos operativos, junto con Osvaldo Paqui Forese –el hombre que derribó la puerta de la habitación de Zelmar Michelini en el Hotel Liberty durante la noche del 17 de mayo de 1976– y Víctor Gard Antokoletz, alias el Oso, otro de los represores más brutales de la patota. González. Albarracín y Pfinnen eran parte del elenco torturador de Orletti y, según confirmó el juez Rafecas, también participaron en otros dos centros clandestinos regenteados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Uno, ubicado en la calle Bacacay 3570, sobre la misma manzana de Orletti, y el otro, sobre el número 4171 de la avenida Teniente General Gregorio Pomar, en el barrio de Mataderos, lindante con Parque Patricios. La confirmación de la existencia de ese centro la aportó el exdiputado argentino por el Partido Comunista Juan Carlos Comínguez, quien padeció las torturas en la llamada base Pomar y compartió cautiverio con los militantes Luis Cervera Novo, Carmen Román, Miguel Lamotta, Cesáreo Arano, Isidro Gómez y Miguel Prado. Comínguez, Lamotta y Prado fueron liberados y ahora el exdiputado dio un testimonio clave para dar con el que sería el último refugio de la banda de Gordon antes de que fuera perseguida debido a una interna con el jefe de la Policía bonaerense de ese momento, Ramón Camps.
En Pomar se inició el derrotero de la banda de Gordon con los secuestros extorsivos hasta terminar con el de Guillermo Patricio Kelly, en 1983, caso por el que terminarían en prisión. El primero tuvo como víctima al empresario León Zavalía, a quien Gordon acusaba de pertenecer al círculo íntimo del banquero y financista David Graiver. Zavalía fue llevado por la banda a Córdoba e incluso fue alojado como secuestrado en una unidad militar en 1977. La impunidad en plena dictadura era notable.
Por ahora no hay indicios de la participación de militares y policías uruguayos en la base Pomar, pero la investigación sigue avanzando y se nutre de nuevos materiales.
Todos esos nombres de represores de la SIDE fueron aportados por Brecha en 2013 y requeridos nuevamente hace algunos meses por el juzgado de Rafecas. El magistrado sumó a esa documentación los testimonios aportados en 2020 por tres mujeres víctimas de secuestro en el «chupadero» de la calle Bacacay 3570, documentos desclasificados por Estados Unidos y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex-SIDE, en 2022. Y desde Uruguay sumaron los testimonios de Margarita Michelini; los hijos del médico Manuel Liberoff, Jenny y Benjamín Liberoff; Gabriela Schroeder y Ricardo Martínez Platero. Con esos datos pudo confirmar la presencia de Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw y Manuel Liberoff en Bacacay 3570.
La apertura y reclasificación de los archivos de la vieja SIDE ordenada por la exinterventora Cristina Caamaño en febrero de 2022 sigue adelante bajo la gestión de Agustín Rossi en el más estricto hermetismo. Solo la justicia federal tiene acceso a ese material, por ahora, y para ampliar información en causas cuyo trámite sigue abierto en etapa de instrucción. Aún no se abrieron causas nuevas con datos y documentos aportados desde las catacumbas de la vieja central de inteligencia.
En diálogo con Brecha, Rafecas explica cómo operaban los tres centros clandestinos en manos de Gordon y de la SIDE, y confía aún en la posibilidad de que Uruguay extradite a los militares que actuaron junto con él en el marco del Plan Cóndor.
—Podemos decir que Orletti, Bacacay y Pomar constituyen un circuito regenteado específicamente por la SIDE y la banda de Aníbal Gordon. ¿Ya pudo elaborar algún patrón común de conducta en relación con los blancos de los represores?
—Si bien es demasiado pronto para extraer conclusiones definitivas, todo parece indicar, a partir de las pruebas descubiertas en los últimos años, que, efectivamente, existió una suerte de circuito de sitios clandestinos a manos de la SIDE argentina, en donde se repiten los perpetradores que los frecuentaban, víctimas que pasaban de uno a otro, métodos de tortura específicos, dependencia en común de una misma estructura de mandos y la presencia de Gordon en todos ellos.
—Además de las siete víctimas que estuvieron detenidas en la base Pomar, ¿han pasado otras personas por allí?
—Sí, sumamos a otra víctima, Pedro León Zavalía, a quien la banda de Gordon sindicaba como ligado al grupo Graiver, y fue uno de los primeros casos en los que este grupo criminal comienza a vislumbrar el potencial del secuestro extorsivo para hacerse de sumas millonarias que se exigían como rescate. En la posdictadura, estos mismos represores se hicieron famosos por enhebrar una seguidilla de secuestros de alto impacto mediático que terminó con sus integrantes tras las rejas. Seguramente con el avance de la investigación, luego de la inspección judicial en el lugar, que se encuentra pendiente, y el reconocimiento del lugar por nuevas y potenciales víctimas, su número se irá ampliando, como ha sucedido con todos los centros clandestinos con los que hemos venido trabajando en los últimos casi 20 años.
—¿Se pudo constatar que las seis personas sobre las que usted extendió orden de detención operaron en Orletti, Bacacay y Pomar?
—No. En casi todos los casos tenemos verificada la actuación de los detenidos en algunos de los centros, pero no en todos, al menos por el momento. Se trata de reunir elementos de prueba suficientes, que a veces no alcanzan el estándar requerido, pese a las sospechas. Son las reglas del juego. Respecto de Pomar, tenemos elementos de juicio suficientes para asumir que los hermanos Rubén y Enrique Escobar, conspicuos integrantes de la banda de Gordon, habrían actuado en los tres centros. Enrique Escobar falleció en octubre, justo antes de que se emitiera su orden de detención.
—Después del anuncio de la interventora de la AFI Cristina Camaño en 2022 sobre la revisión y la digitalización de los documentos históricos de la SIDE, se publicó en los medios que ese material llegaría a la Justicia. ¿Usted ya accedió a esos archivos? ¿Pudo constatar información útil para trabajar en la causa del Primer Cuerpo de Ejército?
—Sí, claro, estamos recibiendo ese material y trabajando sobre él para integrarlo con el acervo probatorio previamente adquirido. Parte de estos enormes y recientes avances en torno al rol de la SIDE, sus integrantes, sus cadenas de mandos, su lógica de funcionamiento interno se debe en buena medida a estas nuevas pruebas que se van incorporando y que arrojan luz sobre aspectos que hasta ahora no teníamos claros.
—En 2013 entregamos al Tribunal Oral Federal [TOF] 1, que juzgó la causa Plan Cóndor, información contenida en notas periodísticas sobre personas ligadas a Orletti, publicadas en Brecha con la firma de quien le habla. ¿Por qué pasaron tantos años para actuar con esa documentación?
—No puedo dar una respuesta abarcadora con relación a todo ese tiempo transcurrido. De nuestra parte, dicha información ha sido un aspecto clave para poder dar por probados muchos de los aspectos centrales de estas cuestiones que estamos analizando.
—Entre la documentación remitida en ese momento al TOF había una declaración de un exagente de inteligencia, quien sostenía que la documentación de la represión en tiempos de la dictadura estaba resguardada. «Todo aquel material, sí o sí, debe estar microfilmado y guardado dentro de alguna caja de seguridad del Banco de la Nación Argentina –casa central–. Esto constituía una obligación, aun para los militares, de llevarlo a cabo, ya que históricamente se había hecho.» Esa fue la frase exacta. ¿No se puede iniciar una investigación con esa información?
—Es una versión que, de haber sido cierta, no se pudo comprobar, ya que tras la reapertura de los procesos, de 2003 en adelante, tengo entendido que nunca fueron halladas tales microfilmaciones, ni allí ni en ninguna otra parte. Eso no quita que sigamos rastreando cada pista o dato que pueda permitirnos dar con esas listas, que sabemos que se elaboraban.
—¿Cómo está la situación con la Justicia uruguaya en relación con los pedidos que usted hiciera oportunamente sobre la extradición de militares y personal de seguridad uruguayos vinculados a la represión en Argentina?
—Yo firmé esos pedidos en 2005. Lamentablemente, debido a múltiples motivos procesales, en especial a la prioridad de juzgamiento y condena de esos mismos represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio uruguayo, la justicia federal argentina nunca pudo juzgarlos por los crímenes cometidos en suelo argentino respecto de las víctimas uruguayas secuestradas, torturadas y algunas de ellas incluso asesinadas en Argentina. La única excepción resultó ser Juan Manuel Cordero Piacentini, quien sí resultó extraditado en 2010, pero no por autorización de Uruguay, sino de Brasil, y porque Cordero era residente en ese país. Fue a partir de que el Superior Tribunal brasileño, que si bien tiene una posición refractaria a reconocer el imperio del derecho internacional y afirma la prescripción de torturas, violaciones y asesinatos, entendió que, en el caso de detenciones ilegales de personas que aún hoy no volvieron a ser vistas –es decir las desaparecidas–, tales delitos continúan vigentes. Así fue que se autorizó su extradición a Argentina y solo por ese delito. Por eso Cordero terminó siendo condenado en mi país a la pena de 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, entre ellos, algunos casos cometidos en Automotores Orletti. Este caso puede ser tomado como un indicador de lo que les hubiera cabido en mi país a los restantes acusados, de haber sido extraditados. Aún se está a tiempo, esperemos que en algún momento se den las condiciones para que ello suceda. Sería una gran contribución a la consolidación de las políticas de justicia, verdad y reparación para todas las víctimas de la región.
