Desde el punto de vista del derecho internacional, la ocupación británica de las islas Malvinas es un ilícito desde su origen y no pertenece al ámbito de aplicación del principio de libre determinación de los pueblos. Desde el punto de vista histórico, Uruguay ha llevado adelante una política de Estado en el reconocimiento de la soberanía argentina. La aceptación de la invitación británica a visitar las islas por parte de cuatro diputados de la coalición de gobierno puede interpretarse como un gesto que desafía estas nociones.
Las reglas que rigen cómo los Estados se relacionan entre sí y cómo pueden adquirir territorio son parte del derecho internacional. Desde esta perspectiva, la ocupación del Reino Unido de las islas Malvinas es ilegítima por su origen: la ocupación que comenzó en 1833 constituyó una agresión contra Argentina, un Estado soberano contra el que no se había declarado la guerra, y fue una adquisición territorial hecha mediante el uso de la fuerza que, por ello, está viciada de nulidad. Las Malvinas no eran tierra de nadie, no existía el res nullius. Según el principio de uti possidetis juris, que establece que las fronteras de un Estado se definen a partir de las posesiones que tenía antes de su independencia, Argentina tiene derecho a la soberanía sobre las Malvinas, porque estas islas formaban parte del virreinato del Río de la Plata durante el Imperio español. Por lo tanto, las Malvinas no fueron descubiertas ni conquistadas por el Reino Unido, sino ocupadas ilegalmente por él. Son, por lo tanto, un territorio pendiente de descolonización en la lista del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas.
La potencia ha aducido que, para solucionar el diferendo, habría que consultar a los habitantes de las islas acerca de su voluntad, aplicando el derecho de autodeterminación de los pueblos. Esto es una tergiversación burda del objetivo concreto de este principio internacional, que es el fin de la dominación colonial a través de la devolución a las comunidades del control sobre su futuro. No cualquier población es un pueblo: los titulares de este derecho son las comunidades con conciencia de su identidad y voluntad de ser reconocidas como tales, que entienden el dominio extranjero como una afrenta a su existencia. Un limitado grupo de personas provenientes de una metrópoli, trasplantadas en un territorio foráneo, no constituye un pueblo en el sentido del derecho internacional: esto significa que no hay en las Malvinas un grupo de personas que pueda ser titular del derecho a la autodeterminación. Es necesario tener presente, de todas maneras, que el objetivo de este principio de derecho internacional es la descolonización. Es una incoherencia pretender que los actuales pobladores de las Malvinas son un pueblo colonizado: se trata de ciudadanos de una potencia colonizadora, por lo que habilitarles el rol de jueces de un conflicto generado por su propio país sería absurdo. Esta posición, defendida por el Reino Unido, es muy similar a la propuesta por Rusia en el referéndum de anexión de Crimea, en 2014. Sería consecuente que el respaldo de la comunidad internacional al derecho a la integridad territorial de Ucrania se extendiese a Argentina.
Históricamente, la posición de Uruguay respecto de la descolonización de las Malvinas ha sido reconocida con fundamento como una política de Estado, que cruzó gobiernos democráticos y de facto, de derecha y de izquierda. En los ámbitos multilaterales, especialmente en Naciones Unidas, Uruguay fue pionero en la defensa de los derechos argentinos. Por ejemplo, el embajador Carlos María Velázquez, conocido por su destacada actuación en defensa de la política principista de Uruguay en el caso de la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana, enfatizó ante las Naciones Unidas en 1964 la importancia para los países pequeños de preservar los principios del derecho internacional frente a las interpretaciones espurias en favor de los intereses de potencias extracontinentales. Desde el punto de vista diplomático, Uruguay siempre promovió una solución pacífica y negociada al conflicto, manteniéndose neutral en la ocasión de la guerra de las Malvinas, de 1982, pero sin dejar de lado nunca la defensa de la soberanía argentina sobre las islas.
En tiempos recientes, las mayores dificultades que ha tenido que sortear Uruguay respecto a la contienda por las Malvinas están relacionadas con el aprovisionamiento y la descarga en nuestros puertos de naves que pescan ilegalmente en aguas de las islas, lo que genera inconformidades en el gobierno argentino, al igual que el estand que muestra a las islas «Falklands» como parte de Gran Bretaña en la Expo Prado, organizada todos los años por la Asociación Rural del Uruguay.
VISITA DE DIPUTADOS
El 23 de enero de 2023, los diputados Pedro Jisdonian (Partido Nacional), Felipe Schipani (Partido Colorado), Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) y Luis González (Partido Independiente) visitaron las islas Malvinas luego de una invitación del gobierno británico que los legisladores del Frente Amplio rechazaron.
La afirmación de Schipani de que la visita no implica ningún condicionamiento sobre la postura uruguaya respecto de la soberanía de las islas1 puede ser interpretada, en el mejor de los casos, como de una ingenuidad asombrosa. Las acciones simbólicas son importantes en la política internacional: así como los adjetivos que se utilizan para describir el régimen de gobierno de un país o las asunciones presidenciales a las que se asiste son elecciones cargadas de significado, también lo es viajar a un territorio ocupado acompañado por la embajadora de la potencia ocupante. En el peor de los casos, el diputado es consciente del insulto que representa su gesto para los argentinos, simétrico al espaldarazo que significa para los británicos.
En el mismo sentido, la desacertada referencia al derecho a la autodeterminación de los pueblos que hizo Pérez Bonavita2 es todo menos sorprendente, dadas sus expresiones favorables a la ocupación británica como su tuit celebrando el #happyfalklandsday en agosto de 2021.
A pesar de que podría pasar a primera vista como un simple lugar común, la mención de Jisdonian a la intención de Uruguay de incrementar las exportaciones a nuevos mercados, entre los que estarían las «Falklands», es un reflejo de la transformación ideológica de su partido en temas de política exterior. Desde el gobierno de Luis Alberto Lacalle, el Partido Nacional abandonó sus posiciones antimperialistas tradicionales, pasando a privilegiar una visión más neoliberalista y nacionalista, basando sus alianzas en posibilidades comerciales.3
La realineación con el ámbito estadounidense al votar a Mauricio Claver-Carone como representante al BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el reingreso al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el retiro de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), las actitudes con respecto al Mercosur son todas muestras de las prioridades del actual gobierno en política exterior, que marcadamente le dan la espalda a la región y privilegian el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con actores extrarregionales. Al mismo tiempo, aparece una visión de las alianzas comerciales como algo absolutamente independiente de implicancias de política internacional o compromisos en materia de derechos humanos, como se vio reflejado en el intento de firmar un tratado de libre comercio (TLC) con China.
Como parte de este viraje hacia el Norte, Luis Lacalle Pou visitó, en mayo de 2022, el Reino Unido, donde discutió con el entonces primer ministro, Boris Johnson, un posible TLC entre los dos países. También estuvo sobre la mesa la activación de un vuelo directo entre Montevideo y las Malvinas. En ese contexto se produce la visita de legisladores de su coalición a las islas, donde se abre la posibilidad de que Uruguay abandone su posición histórica en favor de nuestros aliados regionales a cambio de avances en acuerdos comerciales.
Un cambio radical en la política exterior acerca del reconocimiento de la soberanía argentina es muy improbable, de todas maneras. En agosto de 2022, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó por unanimidad una declaración de reconocimiento a los veteranos caídos en la guerra de las Malvinas donde se reafirma el apoyo a la postura argentina. La posición oficial de Uruguay, por lo tanto, tiene un apoyo en todos los partidos políticos. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a insistir el gobierno con tal de cerrar algún tratado que pueda ser insignia de una política exterior que tiene pocos logros para mostrar en este período, sobre todo ahora que las negociaciones por un TLC con China están aparentemente paralizadas. Ignorar que somos un país pequeño que depende del respeto al derecho internacional para su existencia puede dañar la reputación de Uruguay como un país principista y juridicista de una manera que será difícil corregir en próximos gobiernos.
- https://www.subrayado.com.uy/legisladores-la-coalicion-viajan-islas-malvinas-invitados-la-embajada-britanica-n889258
- https://www.c5n.com/politica/uruguay-desafia-la-argentina-relacion-malvinas-apoya-la-autodeterminaciondeloskelpers-n99282
- C. López Burian, Partidos políticos y política exterior en Uruguay (1985-2015). La importancia
de las instituciones, las ideas y los intereses
de los actores, Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, 2015.
