A nivel internacional y en el contexto del cambio climático, las medidas para preservar el agua han sido un eje central, aunque existen, sin embargo, diversas formas de abordar el tema. Una de ellas consiste en concientizar a la población acerca de un uso responsable del recurso. Ese es el camino que, en medio de la crisis hídrica, comenzó a recorrer Uruguay recientemente, a pesar de las reacciones a destiempo del directorio de OSE. Pero otras formas de atender el problema buscan poner el foco en cómo se utiliza el agua en las actividades productivas (como el agro y la industria), buscando que el recurso no se malgaste, o en las diversas maneras que emplea el mercado para apropiarse del recurso.
En este contexto, resulta necesario tener presente que, en Uruguay, la mayor parte del agua no está destinada al consumo humano ni se queda en el país. Tampoco se cobra por su explotación, aunque el recurso se use en enormes proporciones para beneficio privado. A su vez, las constantes afectaciones a la calidad del agua no acarrean grandes consecuencias más que el aumento en el gasto de OSE para su potabilización y el creciente aumento del consumo de agua embotellada en un mercado manejado por unas pocas empresas.
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Según diversos estudios, hasta dos tercios de la población mundial se verá afectada por la escasez de agua en las próximas décadas, mientras que la disponibilidad de grandes cantidades del recurso es una condición esencial para lograr rendimientos significativos en los sistemas productivos, en especial en el agro. En 2019, Uruguay XXI presentó un informe1 sobre las restricciones que comenzaron a aplicar, al respecto, países claves en materia comercial para Uruguay y las eventuales consecuencias que esto podría tener para las exportaciones nacionales a futuro si no se considera esta problemática.
El indicador para analizar el volumen de agua usado en la producción de bienes y servicios se conoce como huella hídrica. Este indicador determina no solo el uso directo de agua, sino también el indirecto. Para ello, se plantea tres niveles de consumo: de agua subterránea, que no vuelve a la fuente luego de la evaporación (huella hídrica azul), de precipitaciones, que queda almacenada en la tierra (huella hídrica verde), y de agua necesaria para diluir la contaminación durante el proceso de producción (huella hídrica gris).
En 2021, los investigadores Carlos Santos, María Noel González y Martín Sanguinetti calcularon la huella hídrica de los principales productos exportados desde Uruguay, a excepción de la lechería.2 El agua utilizada en la producción de arroz en 2019 significó cuatro veces el total del agua potabilizada para consumo humano en el país. La cantidad de agua necesaria para la producción de celulosa fue diez veces más que el agua consumida por la población, para la producción de soja 17 veces más y para la producción de carne 20 veces más. Asimismo, entre 2012 y 2019 la huella hídrica de la carne y de la celulosa aumentó, la de la soja fluctuó de acuerdo a los volúmenes de producción de cada año y la de arroz tuvo un leve descenso. En 2019, las cuatro actividades sumadas consumieron 18.537 millones de metros cúbicos de agua, mientras que la producción de agua potable fue de 356 millones de metros cúbicos.
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La habilitación para la utilización de aguas superficiales y subterráneas en actividades productivas, que luego pasa a formar parte de la huella hídrica de cada producto, requiere un permiso o una concesión por parte de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua). El trámite requiere detallar el uso que se le dará (riego, industrial, entre otros) y qué tipo de obra se hará (embalse, toma directa, construcción de tanque o pozo). La Dinagua evalúa si las condiciones del curso de agua permiten la instalación solicitada.
Según los datos analizados por Brecha con base en los metadatos públicos de la Dinagua, actualmente existen 5.160 habilitaciones para uso de agua con fines productivos repartidas en el país. En 2018, una investigación de La Diaria, que examinó la composición de los permisos otorgados desde 2012 hasta ese año, determinó que la mayoría de esos permisos o concesiones eran otorgados para riego (59 por ciento), seguidos de permisos para uso industrial (16 por ciento), otros usos agropecuarios (13 por ciento), otros usos (7 por ciento) y consumo humano (5 por ciento).
Los metadatos de la Dinagua permiten contabilizar la cantidad de habilitaciones otorgadas, según las diferentes cuencas. Con base en ello, resulta relevante observar lo que sucede, por ejemplo, en la cuenca del río Santa Lucía. Según los datos procesados, en esa cuenca hay 1.216 habilitaciones para uso de agua, de las cuales 654 fueron otorgadas para riego, 205 para actividades industriales y 205 para otros usos agropecuarios. En tanto, entre las empresas con mayor cantidad de permisos se encuentran Conaprole (30), Salus (11), Establecimiento Juanicó (11) y Efice (diez).
Detenerse en el detalle particular de la cuenca Santa Lucía no es anecdótico. De ella se extrae el agua para el abastecimiento diario de unos 2 millones de personas y es una de las que tienen los peores niveles de calidad. «El Santa Lucía sigue teniendo los niveles de fósforo y nitrógeno muy por encima de la normativa. En promedio, son unos 400 microgramos por litro, fluctuando entre 300 y 600 de acuerdo a las condiciones hídricas, y la normativa plantea que deberían ser 25 microgramos. Claramente está muy lejos de eso y no se está viendo una mejoría.» La respuesta es del investigador y docente de la Facultad de Ciencias Luis Aubriot, quien fue consultado por Brecha meses atrás (véase «Detener el abandono», 12-II-23). Un tiempo antes, Aubriot y su equipo habían analizado 468 embalses privados de forma satelital y concluyeron que la mayoría se encontraba eutrofizado y con alto riesgo de contener floraciones de cianobacterias que podrían volcarse al río.
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La contaminación de los cursos de agua por los altos niveles de nutrientes se ha convertido en uno de los principales problemas para la potabilización del agua de consumo humano. Una muestra de ello es que, con el fin de garantizar su servicio, en los últimos años OSE debió incorporar nueva tecnología de potabilización y aumentar sus compras de carbón activado, que se utiliza en el tratamiento del agua para eliminar las impurezas y los contaminantes, como materia orgánica, gases y partículas más pequeñas. En su investigación, Santos, González y Sanguinetti analizan la evolución de este gasto: pasó de representar un porcentaje insignificante en los costos operativos (0,27 por ciento en 2008) a tener un peso cada vez mayor (1,65 por ciento en 2019, último dato procesado).
El pico de gasto en carbón activado sucedió en 2015. Ese año, sobre el cierre de la temporada turística en el este del país, se registró un significativo mal olor y turbidez en el agua que salía de las canillas, debido a problemas en Laguna del Sauce. No fue la primera ni la única vez que ocurrió algo así. Y allí radica otro de los problemas: no solo se trata de un mayor gasto, sino de un cuestionamiento a la calidad del agua suministrada por OSE.
En Montevideo, por ejemplo, en muchos hogares se ha optado, de manera creciente, por evitar o reducir el consumo directo de agua a través del hervido previo, de la compra y el uso de filtros o del consumo de agua embotellada. «Estos cambios, o gastos defensivos, proveen una oportunidad para inferir el valor que asignan los residentes de la ciudad a la provisión de agua potable de calidad», detallan Miguel Carriquiry, Maximiliano Machado y Matías Piaggio en una investigación publicada en 2020.3 Entre otros puntos, dicha investigación concluye que, a nivel agregado, la población de Montevideo gasta cerca de 111 millones de dólares anuales en métodos defensivos.
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La evolución en el consumo de agua embotellada es un claro ejemplo del traslado de los gastos defensivos señalados por los investigadores. Con leves fluctuaciones, el consumo de este producto no ha parado de aumentar en los últimos 20 años, según las cifras recogidas por Brecha con base en las ventas de bienes gravados por IMESI (impuesto específico interno) publicados por la Dirección General Impositiva. Mientras que en 2001 la venta de agua embotellada, en sus diferentes variantes, no alcanzó los 176 millones de litros, en 2021 casi se duplicó, superando los 328 millones.
Eso no es todo. El reciente relevamiento llevado adelante por Id Retail, empresa dedicada a estudios de mercado, sostuvo que solo en el primer bimestre de este año se habían vendido unos 50 millones de litros en el país, lo que suponía un pico histórico de volumen si se analizan los últimos cinco veranos consecutivos. Consultada por los motivos detrás del significativo crecimiento (5 por ciento más que en el primer bimestre de 2021), Ana Laura Gudynas, integrante de la empresa, sostuvo que el principal factor fue la ola de calor, «que registró picos históricos de temperatura».
Gudynas señaló también que el progresivo aumento en el consumo de agua embotellada se debe a una tendencia hacia la elección de bebidas «más saludables» y remarcó el impacto del caso del agua en mal estado en Maldonado en 2015: «Eso generó una cierta tendencia a que las personas se cuidaran más y consumieran más agua embotellada y menos de canilla», enfatizó. Pese a que los motivos que afectan la calidad del agua actualmente son distintos, a partir de cómo responden los consumidores frente a problemas vinculados a la calidad del producto, Gudynas sostuvo que es esperable que se observe un impacto a favor del agua embotellada. Aun así, aclaró que se deberá analizar los datos en los próximos meses para ver si efectivamente sucede. En cuanto a la elección de «bebidas más saludables», no todo es lo que parece.
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Según un informe de La Diaria de 2018, Uruguay ocupaba el tercer puesto en el ranking de consumo de agua embotellada en América Latina, de acuerdo con los datos de Euromonitor International, una empresa dedicada a la investigación de mercado. De 2012 a 2017, el mercado de agua embotellada había crecido un 45 por ciento en el país, superando la cantidad de 335 millones de litros, que equivalían a casi 300 millones de dólares en 2018.
En 2018 había en el país 52 empresas habilitadas para comercializar el producto, 14 de ellas en Montevideo. Si bien el Ministerio de Salud Pública expide las autorizaciones, son las intendencias las entidades encargadas del control bromatológico de la mercadería. El Servicio de Regulación Alimentaria es la dependencia de la Intendencia de Montevideo (IM) dedicada a esa revisión. Según información publicada por La Diaria entonces, de 2012 a 2017 se aplicaron ocho multas a cinco empresas por «reiteradas muestras de aguas en botella fuera de las disposiciones contempladas en la normativa vigente». Asimismo, 32 por ciento de los análisis efectuados en los tres primeros meses de 2018, a muestras de 12 marcas, arrojaron resultados irregulares. La mayoría de los incumplimientos tenían que ver con la presencia de bacterias por encima de los niveles recomendados por la ley.
Brecha solicitó al Servicio de Regulación Alimentaria de Montevideo los datos correspondientes al período 2018-2022. Todos los años ese servicio hace un cierto número de análisis de muestras de todas las marcas que se venden en el departamento y sopesa los «desvíos a la normativa». En 2018 se analizaron 117 muestras y el porcentaje de incumplimiento fue del 14 por ciento. En 2019 fueron 145 muestras y los incumplimientos se situaron en un 10 por ciento. En 2020 se analizaron 66 muestras y se detectó un 2 por ciento de irregularidades. En 2021, 48 muestras y un 8 por ciento de irregularidades. En 2022, 75 muestras y también un 8 por ciento de incumplimientos. Además de los errores en la rotulación del producto, la mayoría de los incumplimientos registrados tuvieron que ver con la presencia de bacterias o agentes químicos en un nivel elevado: coliformes, glifosato, plomo, arsénico, pH, nitratos (ver tabla continuación).
Respecto a las sanciones por incumplimientos, desde la IM se dijo al semanario: «Los desvíos no ameritaron en ningún caso retiro de producto del mercado ni generaron multas asociadas». La ingeniera alimentaria Carolina Paroli, directora del Servicio, aseguró que la mayoría de esas irregularidades corresponden actualmente a errores en la rotulación del producto.
** Muestras ingresadas al laboratorio de microbiología y química, en algunos casos se repite el producto analizado.
*** Los desvíos a la normativa están asociados a resultados de análisis, a incumplimientos de decretos municipales relacionados al registro de productos o a problemas relacionados con la rotulación.
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A pesar de lo anterior, el aumento del consumo de agua embotellada determinó que las empresas del sector hayan aumentado sus ganancias de forma considerable. A su vez, las estimaciones son que en los próximos años lo harán aún más. Para 2030, se estima que el sector a nivel global alcance un valor de 500.000 millones de dólares anuales, casi el doble del valor actual, según Industria mundial del agua embotellada: una revisión de impactos y tendencias, una investigación del Instituto de la ONU para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud.
Si bien en nuestro país son varias las empresas que participan en el sector, el grueso de las ventas se concentra en pocos jugadores. Quien detenta la posición dominante es la histórica empresa Salus, que desde 2000 se encuentra en propiedad del grupo Danone, una multinacional agroalimentaria con sede en Francia. Bajo su propiedad también se encuentra la firma Matutina. Con una participación de mercado menor le siguen la firma chilena Compañía Cervecerías Unidas SA (Nativa) y las estadounidenses Pepsico Inc y Coca Cola (Vitale).
En 2009, una investigación4 ya establecía que el mercado de agua embotellada se encontraba altamente concentrado, ya que las marcas Matutina, Salus y Nativa acaparaban aproximadamente el 90 por ciento de la demanda. De esto concluía que «si bien en los últimos diez años el mercado ha presentado cierto dinamismo en cuanto a la incorporación de segundas marcas, este se ha manifestado desde el siglo pasado con un alto grado de concentración». Desde entonces, poco parece haber cambiado.
1. Huella hídrica en Uruguay. Potencial impacto en los sectores agroindustriales exportadores, de Ximena Gómez y Agustín Inthamoussu, mayo de 2019.
2. «El agua como subsidio ambiental del agronegocio en Uruguay», de Carlos Santos, María Noel González y Martín Sanguinetti, en Economía Ecológica Latinoamericana, noviembre de 2021.
3. «Disposición a pagar por calidad de agua: estimaciones a través de gastos defensivos», de Miguel Carriquiry, Maximiliano Machado y Matías Piaggio, en Serie Documentos de Trabajo, Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República, noviembre de 2020.
4. El sector del agua embotellada en Uruguay, de Juan Manuel Elosegui, Carolina Gómez de Freitas y Ramiro Zalduondo, abril de 2009.
For export
Una parte del agua embotellada de producción nacional se exporta de forma directa a otros países. Si bien en comparación con lo destinado al mercado interno resulta insignificante, vale la pena su mención. La principal empresa que hace estas ventas es Sol de Luz SA y sus destinos de colocación son varios: México, Argentina, España, Estados Unidos, China, Paraguay e Islas Malvinas. Según las cifras de Uruguay XXI, estas ventas totalizaron unos 628 mil dólares entre 2016 y lo que va de este año. En cuanto a su evolución, se mantuvieron estables hasta 2019 y luego comenzaron a descender de forma abrupta, hasta que en 2022 no se registraron exportaciones.
En la balanza comercial del agua, también hay lugar para las importaciones. Con montos estables, entre 2016 y la actualidad, se pagaron unos 407 mil dólares para que ingrese agua embotellada desde el exterior. Los países de origen fueron Italia, Francia, Noruega y Argentina. Los datos de Uruguay XXI no permiten conocer quiénes hicieron dichas compras.
No se paga
La aprobación del Plan Nacional de Aguas de 2017 estableció la posibilidad de aplicar un gravamen (o canon) por el uso del agua a los emprendimientos privados. Aunque la opción ya se encontraba incluida en la ley de riego de 1997, a diferencia de lo ocurrido en aquella oportunidad, el punto formaba parte de las líneas de abordaje definidas desde la Dinagua. Sin embargo, al cierre de la administración anterior tampoco se habían constatado avances al respecto. En vistas de la significativa cantidad de habilitaciones para uso de agua, Brecha consultó al exdirector de la Dinagua Daniel Greif sobre las perspectivas para el cobro. Greif sostuvo que se trabajó en una propuesta y se analizó el impacto y los criterios para su aplicación, pero detalló que se requiere una reglamentación y una discusión que todavía se encuentran pendientes.
Sobre el mismo punto, el semanario consultó al subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, quien sostuvo que el tema no se encontraba en la agenda del ministerio. Y agregó que es un tema a plantear, «pero que va a llevar su debate», porque implica definir a quién y cuánto se cobra. «Creo que cobrar el agua es un tema muy fuerte», concluyó.
