Tras completarse el ciclo electoral, rápidamente se lanzó la transición a un nuevo gobierno. Implica, como es sabido, un cambio de perspectivas e ideas, que supuestamente aseguraría abandonar la mezcla de posturas conservadoras y neoconservadoras de la presidencia de Luis Lacalle Pou y sus aliados, sazonadas de neoliberalismo, para abordar posiciones progresistas que, seguramente, albergarán otra mezcla, con componentes como la reivindicación de una justicia redistributiva, mayor presencia estatal y mejor cobertura de los derechos y la participación.
La actual transición enfrenta una novedad: la cuestión ambiental es uno de los principales asuntos a discutir entre el gobierno saliente y las nuevas autoridades que asumirán en 2025. En una primera mirada se enfrentan la insistencia de la actual administración con el proyecto Neptuno, que implica implantar una toma de agua y una potabilizadora en la costa del departamento de San José, con las dudas expresadas por el futuro presidente, Yamandú Orsi, y la oposición de muchos en la política, la academia y la ciudadanía.
Una observación más atenta muestra que la polémica va más allá de esa posible obra, ya que obliga a debatir muchas otras cuestiones, como el papel del agua potable para asegurar la calidad de vida, la situación ecológica de nuestros recursos hídricos, la importancia del agua para la actividad agropecuaria y la industria, y así sucesivamente en muchos otros asuntos. Al final de cuentas, por primera vez, una transición gubernamental necesariamente debe atender una problemática ecológica.
En ese contexto es apropiado reflexionar sobre cuáles deben ser los contenidos y las metas ambientales del nuevo gobierno, en manos del Frente Amplio (FA), las condiciones que debería asegurar el equipo que ocupará los cargos estatales y las acciones más urgentes que deben tomarse.
Reconstruir y fortalecer la gestión ambiental
Comencemos por un diagnóstico indispensable. El gobierno de Lacalle Pou y sus socios deja la institucionalidad ambiental, las capacidades de gestión y la elaboración de políticas públicas muy deterioradas y debilitadas. No se cumplieron sus promesas de potenciar esa temática mediante la creación de un nuevo ministerio ambiental. Recordemos que eso resultó de dividir en dos la anterior cartera en la que también se atendían los temas de vivienda (el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), lo que fue penosamente implementado, y que, en una de sus consecuencias más tristes, ese Ministerio de Ambiente (MA) terminó siendo la cartera con la menor asignación presupuestal de todo el gabinete. Se perdieron dineros y distintos recursos materiales con los que antes se contaba y, a la vez, se sufrieron recortes presupuestales.
Al mismo tiempo, el tono de las políticas ambientales hacía que las cuestiones más urgentes quedaran relegadas mientras se insistía en anuncios y publicidad. Escasearon las medidas de protección de la biodiversidad, pero se aprobó una liberalización de la caza deportiva; se festejó la moratoria de los sorbitos de plástico, pero no se resolvió la contaminación de las aguas; se organizaron expoferias con grandes estands empresariales, pero se cercenó la participación ciudadana. Se llegó al extremo de que tanto el ministro como el viceministro desconocieran instrumentos de gestión clave como son los de evaluación de impacto ambiental, dando por buenos emprendimientos que todavía no habían sido evaluados. En algunos momentos parecía que se llegaba al ministerio para hacer algo así como una pasantía para acumular puntos en las carreras dentro de los partidos políticos.
De este modo se produjo una combinación en la que, por un lado, se debilitó la institución ministerial y, por el otro lado, las autoridades ambientales desconocían o solo entendían parcialmente las materias de sus áreas de trabajo. El resultado final tuvo efectos devastadores en la situación ambiental del país. En cambio, fue funcional a los intereses empresariales y los grupos con poder de presión, y se priorizaron las razones económicas sobre las ecológicas, y el mercado sobre el Estado.
Las nuevas autoridades ambientales que designe el FA no pueden repetir ese desempeño. Deben romper radicalmente con aquellas actitudes, para enfocarse en reconstruir y fortalecer las políticas ambientales estatales. Deben asegurar respuestas efectivas ante los serios problemas que padece el país, y es necesario que las puedan defender y argumentar ante otros ministerios y agencias, allí donde están las mentalidades que alimentan el deterioro ambiental, y también explicarlas a la ciudadanía.
Indispensables saberes ambientales
Esas circunstancias hacen que la selección de las nuevas autoridades se vuelva un asunto clave. La práctica que prevaleció fue la de escoger personas de confianza política, pero que carecían de experiencia, competencia o antecedentes en la temática ambiental. Esta situación se volvió más dramática bajo la coalición multicolor, ya que eso ocurrió tanto en los cargos de ministro y de viceministro como con algunos directores nacionales. Se lidió con autoridades debutantes, a quienes les tomó meses entender la problemática ambiental del país, los contextos internacionales e incluso las responsabilidades y las tareas propias de esa cartera.
El criterio fue asignar los cargos siguiendo cuotas partidarias para así asegurar los acuerdos políticos de la coalición gobernante. En ese sentido, en el MA el sillón del ministro respondía al Partido Colorado (PC), el del subsecretario al Partido Nacional (PN) y los directores de las distintas áreas venían, por ejemplo, de Cabildo Abierto o el PC. Esa asignación fue respetada; es más, a juzgar por la información de prensa, la primera elección de la persona que sería ministro no la hacía el presidente en la Torre Ejecutiva, sino que la indicaba el propio PC. Ese proceder contribuyó a otorgar mucha estabilidad a la coalición, asegurar el respaldo parlamentario y, al mismo tiempo, permitía que el PN retuviera un alto cargo que pudiera observar el desempeño ministerial.
Pero ese procedimiento fue extremadamente negativo desde el punto de vista ambiental. La evidencia más contundente, e irrefutable, es la persistencia del deterioro ecológico del país. Es por esas razones que el FA no debería repetir ese comportamiento. Es indispensable que el futuro ministro, el subsecretario y los directores nacionales en las áreas de biodiversidad, evaluación ambiental, aguas y cambio climático cuenten con experiencia previa, con antecedentes y capacitación adecuada para actuar en el Estado, con conocimiento del marco legal y los instrumentos de políticas ambientales. No es una tarea en una oficina montevideana, sino que deben conocer lo que ocurre en todo el territorio nacional y, en especial, en esos rincones poco conocidos, como ocurre con los agroquímicos que se desparraman en la cuenca del río San Salvador o el deterioro de los bañados y los montes nativos en el arroyo Yaguarí. Deben ser, finalmente, personas comprometidas con la protección de nuestro patrimonio natural y la calidad ambiental.
Esa idea de que lo político debe prevalecer sobre lo técnico, en este caso los saberes ambientales –que muchas veces se simplifica y gusta a muchos en el progresismo–, no puede ser aquí el criterio determinante de elección de las nuevas autoridades.
La agenda ambiental no es secundaria
La importancia de estas cuestiones no siempre es entendida. Es usual que muchos, como empresarios o periodistas, presten más atención a la designación de las autoridades de un próximo gobierno en áreas como economía, seguridad, salud o educación. Ese énfasis, por momentos, alimenta la imagen de que las designaciones en el MA serían como un premio consuelo en los balances de los partidos políticos.
Esa es una actitud muy equivocada. El MA es tan importante como puede ser, por ejemplo, el de Economía o el de Salud. Para subrayar ese aspecto, tengamos presente que el país viene de pasar un ciclo de sequía e inundaciones que dejó en claro los efectos del cambio climático en la economía nacional; Montevideo fue la primera ciudad capital del mundo en quedarse sin agua potable con el perjuicio para más de 1 millón de personas. No debe olvidarse que los principales rubros exportadores son agropecuarios y, por lo tanto, dependen de la calidad ambiental. Las restricciones ambientales son cada vez más evidentes, ya que la productividad depende de mantener los suelos y la disponibilidad de agua, y los intentos que apelan a más agroquímicos terminan afectando nuestras tierras y aguas. El comercio global en agroalimentos está cada vez más condicionado por el desempeño ambiental y de nada sirven las trampas que se puedan hacer aquí, porque siempre hay algún satélite que está observando lo que sucede en cada campo.
Otra política ambiental
Siguiendo los determinantes que se acaban de considerar, se hace evidente que las primeras acciones de las nuevas autoridades del MA deberían servir para ordenar y fortalecer su estructura, resolver las debilidades y las ausencias más evidentes, y dar las primeras respuestas ante la crisis ambiental.
Para fortalecer el ministerio se necesita ordenar su estructura interna y, en ese sentido, no pueden olvidarse dos medidas. Una es la recuperación del área de ordenamiento territorial, que hoy languidece en el Ministerio de Vivienda; la otra es asegurar el traslado de la unidad que protege el bosque nativo, que sigue atascada dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). En cuanto a la gestión, se deben dejar atrás medidas y gastos superfluos, y enfocarse en lo necesario e indispensable. Se deben reforzar los controles ambientales, pero también reformar las sanciones, para superar la situación actual, en la que las multas representan pagos tan pequeños que poco o nada significan para los grandes contaminadores.
Será necesario ampliar las acciones para aumentar la cobertura de áreas protegidas y la conservación de nuestra fauna y flora nativas, para dejar atrás la vergüenza de ser uno de los países con la menor proporción de protección en el mundo. En ese flanco, así como lo que ocurre con la creciente carga de contaminación a cargo de la actividad agropecuaria intensiva, se impone explicarles al MGAP, a otros ministerios y a varias asociaciones empresariales y rurales que son necesarias medidas ambientales más enérgicas.
Las nuevas autoridades también deberán recuperar la dañada reputación internacional de Uruguay, especialmente por el mal manejo de la crisis hídrica y por las acciones contra la participación ciudadana. En el mundo se conocieron aquellos dichos del ministro, cuando calificó como «agua bebible» la que no era potable, o las acciones judiciales del MA para censurar la opinión ambiental de los académicos. Al mismo tiempo, el país tiene una agenda internacional muy demandante, que incluye desde las normas ambientales en el Mercosur hasta las negociaciones para lidiar con el cambio climático.
Un cambio de rumbo político debe reconocer la relevancia de los aspectos ambientales para el país, tanto para asegurar la calidad de vida, por ejemplo, a través de la provisión de agua potable y alimentos sanos, como para sostener buena parte de la economía, incluyendo los sectores exportadores. Si no se impone ese cambio de actitud, la pretensión de un giro político naufragará y seguramente se repetirán las famélicas políticas ambientales de los últimos años. La necesidad de entender esta disyuntiva ecológica se volvió un elemento esencial en esta peculiar transición a un nuevo gobierno.
Los 90 primeros días
Las acciones que se concreten en los primeros 90 días de gobierno tienen una enorme importancia. Pueden ser las primeras respuestas a la emergencia ambiental que vive el país y, además, podrían dejar en claro que hay un cambio de actitud en pensar y ejecutar las políticas públicas.
Seguridad hídrica: debe abandonarse definitivamente el proyecto Neptuno o cualquier otro que siga la misma lógica. Y eso debe necesariamente acompañarse de acciones para asegurar el agua potable del área metropolitana. Eso requiere, entre otros elementos, preparar un plan de contingencia en caso de enfrentar una nueva sequía (inexplicablemente ni OSE ni el MA lo han hecho), aplicar acciones contundentes para asegurar un uso responsable y eficiente del agua potable, multiplicar las reparaciones de fugas en la red metropolitana de OSE y encaminar la evaluación del represamiento en Casupá. Al mismo tiempo, se deben implantar medidas que sean realmente efectivas para frenar la contaminación de las aguas, especialmente en la cuenca del río Santa Lucía.
Participación y transparencia: los mecanismos de participación pública ambiental, que fueron suspendidos, debilitados o ignorados, deben ser recuperados inmediatamente. Es necesario, pongamos por caso, reconstituir las comisiones de cuencas, las de coparticipación en el manejo de áreas protegidas e incluso la comisión asesora en temas ambientales que informa directamente al ministro (conocida como Cotama).
Fortalecimiento de las evaluaciones de impactoambiental: el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es clave para la gestión, debe ser apoyado con recursos financieros y humanos que lo blinden ante las presiones políticas y empresariales. Y debe ser más transparente, por ejemplo, dando a conocer sus resultados finales, antes de cualquier decisión política.
Fauna y flora nativas: anular el decreto aprobado por el gobierno de Luis Lacalle Pou por el cual se redujeron las restricciones a la cacería deportiva.
