En pleno centro de la capital española, una lona de 400 metros cuadrados cuelga de uno de los edificios que tiene vista a la plaza Zerolo, epicentro de las manifestaciones del colectivo LGBTQ+. La pancarta tiene la cara del candidato a la presidencia por el Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que en forma de máscara esconde detrás el rostro en llamas de Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox. El cartel, que fue instalado por una fundación internacional de acción política, convoca a votar «contra los pactos del odio» en las elecciones presidenciales de este domingo 23 de julio.
En época de redes sociales, lo paradójico de la campaña electoral española es que los mensajes más viralizados surgen de un duelo de lonas gigantes que desde hace semanas inundan la ciudad. Con las calles llenas de gente celebrando las fiestas previas al Día del Orgullo (28 de junio), otro cartel se desplegaba en el centro de Madrid. Esta vez, en una esquina de la calle Alcalá, Vox copaba la fachada de un edificio con la frase «Decide lo que importa», acompañada de una imagen en la que tira a la basura las banderas LGBTQ+, la del independentismo catalán, la del Partido Comunista, los logos de los movimientos feministas y okupa y el de la Agenda 2030.
El partido de ultraderecha está desatado. En las elecciones autonómicas del 28 de mayo dobló su porcentaje de votos con respecto a 2019, y, por primera vez, tiene presencia en todos los parlamentos autonómicos. Si bien el gran ganador fue el PP, que le arrebató el poder al Partido Socialista (PSOE) en varias autonomías, como Valencia y Extremadura, en algunas comunidades no cuenta con el respaldo suficiente para gobernar en solitario y necesita los votos de la extrema derecha. Hasta el momento, los populares hicieron pactos programáticos con Vox en tres comunidades: Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Extremadura. Todavía están en negociaciones en Aragón y Murcia.
Hace tiempo que el PP no se ruboriza con las consignas de la extrema derecha. En su campaña por sacar del poder a lo que denomina el sanchismo, en referencia al presidente Pedro Sánchez, le ha comprado a Vox todos sus marcos. Los pactos programáticos no son iguales en cada comunidad, pero atienden las exigencias de Vox, que desde que irrumpió en la escena política española tiene un discurso fascista, antifeminista, antinmigrante y homófobo. Sus condiciones para alcanzar acuerdos se centran en eliminar leyes feministas y la ley de eutanasia, en implementar el llamado pin parental, en establecer un «plan de choque contra la inmigración ilegal», en derogar la ley de cambio climático, las leyes de memoria, de vivienda, la de reforma laboral, las autonomías, en quitar impuestos a las grandes fortunas y en suprimir subvenciones a poblaciones vulnerables, entre otras propuestas que recortan derechos sociales.
LOS PACTOS DEL ODIO
El primer pacto que firmaron el PP y Vox fue en la Comunidad Valenciana. El acuerdo tiene 50 puntos y en él abordan distintas áreas. Uno de los puntos es borrar del programa cualquier compromiso a combatir la «violencia basada en género», refiriéndose, en su lugar, solo a «violencia intrafamiliar». «El género es un concepto ideológico que nosotros no compartimos», ha señalado el líder de Vox, Santiago Abascal. El acuerdo cuenta también con un apartado dedicado a la educación, en el que establece que los padres «autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares» de sus hijos, lo que en la práctica supone aplicar el conocido pin parental.
Desde su aparición, Vox ha señalado que «sacará la ideología de las aulas», mostrándose en contra de todas las actividades educativas que aborden cuestiones vinculadas con identidad de género, feminismo o diversidad sexual. También ha retirado banderas del colectivo LGBTQ+ y prohibido desplegarlas en espacios públicos, como en el municipio de Náquera, donde la fuerza política hizo uso de «la ley de banderas» en «promoción de los valores constitucionales».
En Valencia, los populares le entregaron a la ultraderecha las consejerías de Justicia e Interior, Cultura y Agricultura. Una de las primeras medidas de la Consejería de Cultura fue censurar revistas históricas catalanas de las bibliotecas públicas por considerarlas «propaganda pancatalanista».
El avance reaccionario y su veto ideológico ataca también otras áreas de la cultura, en las que la extrema derecha consiguió pequeños espacios de poder. En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, Cantabria, el concejal de Cultura de Vox suspendió la proyección de la película infantil Lightyear porque aparecían dos mujeres besándose. Mientras, en Getafe, municipio de Madrid, el partido de ultraderecha exigió a un teatro que retirara «las insinuaciones sexuales» de una obra de Lope de Vega. También en Valdemorillo, Madrid, se suspendió la representación de la obra Orlando, de Virginia Woolf, en la que se aborda el rol de la mujer en la sociedad. A su vez, en el Ayuntamiento de Briviesca, Burgos, el PP canceló El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, una pieza que narra la historia de un maestro republicano.
Frente a esta ola de censuras, Abascal afirmó en un acto en Zaragoza: «Vamos a hacer lo que nos parezca». Y si bien señaló que respetarán «las preferencias y gustos de los españoles», también advirtió: «Que tengan muy claro que no hemos venido ni a asumir sus discursos ni a pagar sus fiestas». En respuesta a estas cancelaciones, un colectivo de artistas españoles creó la Organización para la Libertad Artística, con un manifiesto en el que indica que los «atentados culturales procedentes del sector más reaccionario […] no son anecdóticos ni aislados».
HACER EL JUEGO
Otro acuerdo regresivo fue el que se firmó en Extremadura. Un pacto que resultó muy simbólico respecto al poder que tiene la ultraderecha en este momento. La líder del PP en esta comunidad, María Guardiola, pasó de dar un discurso vehemente en el que se negaba a acordar con un partido que «niega la violencia machista, deshumaniza a los migrantes y tira a la papelera la bandera LGTBI+», hecho que le valió el aplauso de las fuerzas de izquierda, a argumentar, pocos días después, que un pacto con la extrema derecha era «imprescindible» y que «su palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños». El acuerdo con Vox, que en este caso contiene 60 puntos, elimina también el concepto de violencia machista del programa de gobierno, promueve la «defensa de la unidad de España», la tauromaquia, la derogación de las leyes de memoria y plantea la creación de una oficina antiokupación, entre otras medidas.
El fantasma de las ocupaciones de viviendas es uno de los caballitos de batalla de la derecha. Durante la campaña, se dispararon las noticias falsas que exageran este fenómeno, que es mínimo en el país. Los juicios por ocupación ilegal suponen apenas 2.785 al año, mientras que los desahucios (desalojos) de personas que no pueden pagar sus hipotecas alcanzan los 40 mil. El mercado de la vivienda se ha vuelto un escenario inaccesible para muchas personas que no pueden alquilar y menos comprar una casa. Pero los partidos de derecha y ultraderecha han preferido no poner el ojo en esta contradicción.
En el último período se han instalado oficinas antiokupación en distintas localidades del país, a impulso también del PP. En Collado Villalba, municipio de Madrid, se instaló, en julio de 2021, la primera de la capital española. El local funcionó cerca de dos edificios ocupados que pertenecen a Sareb, conocido como el banco malo por haber comprado activos tóxicos de los bancos quebrados cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2008. Según cuenta a Brecha Sonia García, de la Asamblea de Vivienda de Villalba, el contrato de la oficina antiokupación fue adjudicado al dueño de la empresa Desocupaciones Express, que estaba siendo investigado judicialmente por hacer desalojos ilegales utilizando métodos violentos. Al final, las denuncias que hizo la Asamblea y las protestas vecinales permitieron el cierre de la oficina en 2022.
«No puede ser que las únicas políticas de vivienda de que podemos dar cuenta sea la de contabilizar desahucios, y menos que te desahucien auténticos ejércitos de señores armados. Ahora mismo hay todo un ejército en Móstoles desahuciando los bloques de La Dignidad.» En este edificio, desalojado el 17 de julio, vivían 18 familias, muchas de ellas con hijos pequeños. «Nosotras no podemos ni vamos a esperar, porque nuestras vidas tienen que poder vivirse, y vivirse ahora sin ese miedo permanente al desalojo o al horror de una vida en la calle», señala García.
NEGACIONISMO
En Islas Baleares, el PP y Vox pactaron un acuerdo por el que la extrema derecha se abstuvo en la votación del parlamento autonómico para formar gobierno en esa región, lo que permitió a los populares acceder al Ejecutivo en solitario. Sin embargo, como parte del pacto, la extrema derecha logró ingresar en los gobiernos insulares de Mallorca y Menorca.
Una de sus incorporaciones a esas administraciones es Pedro Bestard, un cazador negacionista del cambio climático, que ocupará la Consejería de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes de Mallorca. En una entrevista con la cadena de radio Onda Cero sobre la existencia o no de la crisis climática, Bestard señaló: «Nosotros no creemos que haya un cambio climático; estamos seguros de que esto es un factor de poder de unas empresas que quieren llevar al mundo a un sitio donde a ellos les interesa». A su vez, el gobierno de Baleares anunció que eliminará las consejerías de Medio Ambiente e Igualdad y creará la de Familias.
Lo cierto es que el programa de Vox para las presidenciales no contiene ningún plan para mitigar el cambio climático ni sus causas. En cambio, se compromete a seguir explotando combustibles fósiles, construir más centrales nucleares y sacar a España del mayor acuerdo climático a nivel mundial, el Acuerdo de París de 2015.
«Estas políticas negacionistas no son admisibles y además suponen un paso atrás en toda la lucha climática. España es uno de los países más afectados en nuestro contexto europeo frente a la deriva de la emergencia climática, y el que eliminen ministerios tan importantes o consejerías como la de Medio Ambiente, o que intenten obviar el problema climático en la gestión futura de los recursos, pues supone un problema inmediato, pero, sobre todo, agrava ese avance de la desertificación en nuestro país», señala a Brecha Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de la organización social Ecologistas en Acción.
El programa electoral con el que Abascal se presenta a las elecciones del 23 de julio está focalizado en «la lucha contra la migración ilegal». En el texto programático establece que si alcanza el gobierno «cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente a España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y, por lo tanto, a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración». En esta línea, establece como un área de interés para la Seguridad Nacional las zonas de Canarias, Ceuta y Melilla, puntos de ingreso de migrantes al país. Vox promete aumentar en estos sitios el número de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, «especialmente para frenar las oleadas de inmigración masiva alentadas por el gobierno marroquí».
DEL OTRO LADO
Las elecciones del 23 de julio fueron una estrategia de último momento del PSOE. Los malos resultados de los comicios regionales de mayo llevaron al presidente Sánchez a anticipar la votación, que inicialmente estaba prevista para noviembre. La decisión tomó a muchos por sorpresa; la fecha elegida provocó un colapso del correo, ya que muchos españoles se encontrarán de vacaciones este domingo y debieron ejercer el voto previamente de manera epistolar.
La estrategia es arriesgada, pero busca que el triunfo de los populares de mayo no siga su marcha, lo que les permitiría alcanzar una mayoría absoluta en acuerdo con Vox. Además, parece un aprendizaje de lo que ocurrió en 2019, cuando la falta de acuerdo entre Sánchez y Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, llevó a que la extrema derecha mejorara su votación.
El plan de Sánchez es movilizar a las fuerzas progresistas con Sumar como principal aliado, hoy la segunda fuerza del progresismo español y centralizadora de los acuerdos con los partidos de izquierda. La nueva formación, liderada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, debió salir a armar de manera exprés sus listas al Congreso, lo que causó una fuerte pugna con Unidas Podemos. Los morados fueron los grandes perdedores de mayo, al empeorar sus resultados y quedar fuera de varios parlamentos autonómicos, como Madrid y Valencia. Sin margen de acción, tuvieron que cerrar un acuerdo con Sumar que incluía un veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien, a pesar de ser una de las figuras principales de Unidas Podemos, fue desterrada de las listas de la nueva coalición progresista. Montero ha sido el chivo expiatorio de esta campaña, luego de que la extrema derecha acusara al gobierno de liberar violadores de las cárceles con la ley del «solo sí es sí» (véase «La trampa del feminismo punitivista», Brecha, 5-V-23).
El veto a Montero no fue gratuito. Votantes de izquierda se han mostrado en contra de esta decisión, ya que consideran que es hacerle el juego a la ultraderecha, que centra su campaña en despedazar todos los avances feministas. Un descontento que no ayuda, teniendo en cuenta que se llega a las elecciones con una izquierda desmovilizada. En España, casi 2 millones de votantes oscilan entre la abstención, votar a los socialistas o a los partidos a su izquierda. Un votante volátil que muchas veces se moviliza cuando se lo asusta con el avance de la extrema derecha.
Con este escenario, las elecciones del próximo domingo son una incógnita, las encuestas varían semana a semana con resultados que, de momento, muestran un final ajustado. Frente a una alianza reaccionaria que promete tumbar todos los avances progresistas, encantar a ese votante de izquierda parece ser la única alternativa para pararle los pies a la ultraderecha.
