El 13 de abril del año pasado, Franco Malladote y Alexo Silva, ambos de 23 años, fallecieron mientras trabajaban en uno de los biodigestores de Estancias del Lago, el complejo agroindustrial ubicado en Durazno. Dentro de la mole de 6 metros de alto había miles de litros de estiércol de vaca y agua, además de las grandes aspas para remover la mezcla, a partir de la cual se obtiene biogás mediante un complejo proceso (véanse «Durazno sangrando» y «Punto muerto», Brecha, 5-IV-23 y 15-IX-23 respectivamente). Desde entonces se tramita una investigación penal en la fiscalía de segundo turno de Durazno, actualmente a cargo de Evangelina Torres Gugelmeier. La familia de Malladote también mantiene un juicio civil por daños y perjuicios contra la empresa, propiedad del argentino Alejandro Bulgheroni, que se tramita en el Juzgado Letrado del Trabajo de Decimocuarto Turno, en Montevideo. El resarcimiento económico reclamado es de 270 mil dólares y 14 millones de pesos, informó el abogado de la familia, Rafael França, a Brecha.
El semanario accedió a uno de los documentos clave para determinar las condiciones en las que se produjo el accidente y las eventuales responsabilidades: la pericia de la Dirección Nacional de Bomberos. Este documento, suscrito por el perito Carlos Giménez y el ayudante de perito Mario Marcenal, da cuenta de una serie de incumplimientos en materia de seguridad laboral y concluye que «la hipótesis que reúne mayores elementos de convicción para explicar la causa» del siniestro «está relacionada» a «actos inseguros, condiciones inseguras» y deficiencias en los «medios organizativos» del trabajo.
Si bien en términos generales se afirma que la empresa «trabaja en una cultura de trabajo seguro», la enumeración de los problemas puntuales es extensa. Por ejemplo, al momento del accidente la planta de biogás no contaba con autorización de Bomberos. Además, si bien la empresa presentó constancias de capacitación del personal de biodigestores en salud y seguridad ocupacional, se deja claro que «no presenta formación específica en trabajos en altura» para esos trabajadores. Solamente uno de ellos había tenido una «inducción de trabajo previo a la tarea», dos meses antes del accidente. Específicamente, se señala que aquel día las víctimas estaban «desempeñando tareas en altura sin las medidas de seguridad mínimas», pues «no tenían puesto el arnés de seguridad» y trabajaban «sin supervisión» ni protección respiratoria.
Lo que no pudo ser determinado es qué tarea estaban cumpliendo, pero los peritos afirman que la evidencia contradice lo declarado por el jefe de planta, quien afirmó que les había encomendado cerrar la lona que da cierre al biodigestor. Es que, según se constató, las herramientas para hacerlo estaban «a nivel de suelo» cuando sucedió el accidente. Y de todas formas los peritos señalan que para la apertura y el cierre de la lona existe una maniobra «más segura», que se hace mediante un elevador con canasto y evita que los trabajadores deban subir sobre el biodigestor. A su vez, en la pericia se deja constancia de que no se realizaron dos documentos necesarios para esa tarea en altura: el análisis de seguridad en el trabajo y el permiso de trabajo.
En la reconstrucción de los hechos también se da cuenta de que el día anterior al accidente se había intentado recuperar un agitador (un motor que mueve las aspas) de adentro del tanque con estiércol. La tarea había quedado inconclusa, por tanto, una posibilidad es que las víctimas estuvieran abocadas a ella. En uno de los agitadores sumergibles se encontró una sierra de cortar hierro enganchada a una cuerda cortada. La otra parte de la cuerda estaba atada a la muñeca de Silva.
A su vez, el documento recaba el testimonio del primer trabajador en constatar el accidente, que afirmó que el biodigestor estaba encendido cuando llegó. Otro factor de riesgo fueron los gases tóxicos. «El biodigestor estaba parcialmente cerrado y en funcionamiento, lo que implica que en el interior […] hubiera concentración de gases (principalmente metano) y baja concentración de oxígeno», dice el documento de la Dirección Nacional de Bomberos.
Los peritos también trazan una descripción ordenada de los hechos, según la cual el primero en caer dentro del tanque habría sido Silva. «Es lógico suponer que Franco Malladote, en un intento de recuperar a su compañero caído, bajó por la escalera que colgaba dentro del biodigestor e intentó tomarlo de dentro de la materia, cayendo también.»
CONCLUSIONES
Finalmente, las conclusiones del peritaje dejan claro que hubo una larga serie de incumplimientos por parte de Estancias del Lago, que generaron las condiciones para el accidente. Por ejemplo, hubo falta de evaluación de riesgo, medidas de control y supervisión, a pesar de que la tarea en altura era considerada por la propia empresa como de tipo 1, es decir, implicaba riesgo de vida. A su vez, se señala que «podría haber hecho una gran diferencia» que los biodigestores hubieran estado totalmente detenidos, «dando mayor oportunidad de sobrevida a una persona si se cae al interior». En cuanto a la tarea realizada el día anterior al accidente, la de la «pesca» del agitador, se remarca que la forma correcta de hacerlo hubiera sido «vaciar el biodigestor, ventilar y acceder por la puerta hombre», algo que se planificaba hacer «en breve».
Estancias del Lago es uno de los emprendimientos agroindustriales más grandes del país. La propia pericia refiere que da empleo a aproximadamente 600 personas. Tiene como actividad principal la producción de leche en polvo, pero también se aboca a la agricultura y la ganadería, todo en una intensa aplicación de tecnologías modernas. Bulgheroni, su dueño, ha financiado campañas políticas de varios partidos en anteriores elecciones. Brecha ha dado una amplia cobertura a sus influencias políticas y económicas.
El caso de los trabajadores muertos en los biodigestores, que en su momento causó conmoción, todavía sigue sin resolución en los estrados judiciales. El abogado de la familia Malladote espera que haya una resolución en la vía civil luego de la feria judicial, en febrero. En tanto, la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial sigue dejando un saldo muy magro: apenas se ha aplicado una vez desde su aprobación, en 2017 (véase «Hecha la trampa», Brecha, 7-XI-24). <>
