Graciela Gutiérrez, una mujer de 58 años, viuda, miraba las noticias en su casa, en el pueblo de San Martín Cuautlalpan, cuando vio que la Sexta Brigada Nacional de Personas Desaparecidas había visitado el panteón de Jojutla. Allí, en 2017, la presión de las familias de personas desaparecidas logró que la fiscalía local abriera la fosa común a la que había enviado ilegalmente varios cadáveres sin identificar.
El proceso había derivado de la apertura previa de otra fosa común, en peores condiciones, ubicada en un pueblo aún más pequeño, Tetelcingo. Allí, en un predio que está junto al panteón, rentado o cedido de forma brumosa por un vecino propietario, se halló en mayo de 2016 (véase «Forzar la justicia, hallar la paz», Brecha, 2-VI-16) el punto donde la fiscalía del estado de Morelos había enterrado decenas de cadáveres que tenía bajo custodia de su servicio forense. Los cuerpos habían sido inhumados sin marcar el lugar y sin registro preciso de cuántas personas estaban allí, desaparecidas. De Tetelcingo se recuperaron 117 cadáveres. Y de Jojutla, 84, aunque sigue pendiente la conclusión de los trabajos de búsqueda.
Ahora, decían las noticias que veía Graciela Gutiérrez en su casa, las familias de Morelos recibían a la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Su trabajo es diferente al hecho en 2016 y 2017: la brigada busca fosas clandestinas en el campo, además de vincularse con las comunidades que visita y con las autoridades locales. Graciela Gutiérrez se levantó del asiento y salió como estaba a buscar a su vecina. «Vianey, ¿estás dormida?», le preguntó, golpeando la puerta de la casa pequeña que le renta. «Hay una brigada en Morelos, vámonos temprano por la mañana», le dijo cuando la otra abrió la puerta. Vianey aceptó y juntas salieron, trasbordando.
De San Martín Cuautlalpan viajaron hasta un primer libramiento de rutas al que le dicen «el puente», de allí en autobús hasta la ciudad de Cuautla, donde descansan los restos del caudillo Emiliano Zapata. Aunque Graciela pensaba en viajar directo a Jojutla, decidieron preguntar primero en las oficinas de la fiscalía local. Les dijeron que no sabían nada de la brigada, pero, por lo bajo, un chofer las orientó y les comentó en qué centro vacacional de la zona oriente del estado se hospedaba el grupo.
Cuando llegaron allí, el azar quiso que una de las camionetas, que había vuelto a buscar herramientas, llevara a las dos mujeres directo al punto de búsqueda. Era casi la 1 de la tarde del 13 de octubre. Allí las conocimos, en un predio bordeado de árboles de mango y plantíos de caña en el municipio de Yautepec. Doña Chela se sentó contra un tronco de un árbol amplio, aprovechando la sombra que daba su copa, y los reporteros nos pusimos en semicírculo junto a ella, para escucharla relatar su caso por primera vez, tras 12 años de búsqueda: «Mi hijo se llama Juan Manuel Chávez Gutiérrez y desapareció el 1 de marzo de 2009. Lo único que supe fue que dos amigos lo pasaron a traer al pueblo, pero ellos tampoco ya no aparecieron».
En total, cuatro personas desaparecieron juntas en esa instancia. Juan Manuel, su hijo; los hermanos De la Rosa, Salvador y Roberto, policías ambos, y el conductor de la camioneta en que viajaban, Juan Pacheco Ramírez. «Cuando vi que había una brigada de varios estados que había venido a buscar a Morelos, yo, con esa ansia de decir “estoy más cerca de ellos que de donde he ido a buscar a mi hijo”, me dije “me tengo que unir, porque tal vez él por ahí está”», nos dijo Doña Chela. «Una tiene esa inquietud, esa incertidumbre de saber dónde estará, ¿está vivo, está muerto?, ¿qué no le hicieron a mi hijo? Es una cosa que, como mamá, siempre la voy a llevar y por eso lo he buscado durante 12 años, siempre sola con mi familia. Ellos tienen un carrito y nos vamos a Guerrero, a Michoacán, a Puebla, a donde sea, porque yo siempre le decía a la autoridad: “¿Por qué no han ido a ver a estos lugares?, ¿por qué no abren la investigación de nuevo para ver dónde quedaron?” Pero ellos nunca me apoyaron».
BRIGADA ESCUELA
Al día siguiente, la brigada se trasladó a buscar en una barranca en el municipio de Yecapixtla, donde un mes y medio antes se halló un tambo o tonel de 200 litros, relleno de cemento que ocultaba parte de una osamenta, arrojado al lecho de la cañada. Mientras se organizaba la bajada del grupo por un terreno empinado, Adriana Martínez, de 47 años, trabajadora durante 15 en el ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, fanática de los Sex Pistols, se sentó a resguardo del sol. Es la primera vez que se suma a una de las búsquedas en campo desde que desapareció su hijo, y esto es algo movilizador, porque implica rondar la idea de la muerte del ser querido. «Aceptación», dice Adriana.
Su hijo mayor, Marwan Uriel Andrade Martínez, de 27 años, 1,62 metros de estatura, ojos negros, pelo negro, tez morena, está desaparecido desde el 7 de febrero. Entonces, hacía menos de un mes que había dejado a su esposa embarazada en su casa en Los Reyes, en el estado de México, para ir a trabajar como repartidor de pizzas en moto, en La Barca, Jalisco. Antes había trabajado fuera en la construcción, como herrero y albañil, en Aguascalientes, en Puebla e, incluso, en Jalisco.
En la marcha de madres y familiares de desaparecidos del 10 de mayo (Día de la Madre) Adriana supo que en julio habría una brigada estatal de búsqueda con vida en Jalisco y se unió por primera vez. La Sexta Brigada Nacional es su segunda experiencia dentro del movimiento de familiares. Durante los primeros días, se sumó al trabajo en centros penitenciarios y de sensibilización en escuelas. Las madres visitaron el penal de Cuautla, donde mostraron a los reclusos las fotos de los desaparecidos, pero Adriana sintió allí hostilidad y poca atención, distinto de lo sucedido cuando estuvo en las cárceles de Jalisco.
Sentada en una de las canchas del centro vacacional, al final de la jornada, de cara al volcán Popocatépetl, que humea lentamente, Adriana reflexiona todo lo que ha cambiado en su vida y en ella misma en estos ochos meses: «Al principio me entró ese miedo, si se lo llevaron a él, ¿qué no nos van a hacer a nosotras? Pero al conocer a los colectivos, las compañeras te dicen que no hay que tener miedo, que hay que conocer tus derechos y aprender a hacer tus denuncias. Eso de a poco te va quitando el miedo. Mi hijo desapareció trabajando, con otros dos muchachos [Juan Manuel Hernández Castro, de 25 años, y Leonel León Hernández, de 23], y lo único que sabemos es que uno de ellos avisó que los había parado la Policía. Antes me enojaba si las otras familias lo decían, pero ahora, como veo las cosas, sí está bien decir que a mi hijo se lo llevó la Policía. Sí tengo derecho a decirlo». Por este dato, que configura una desaparición forzada, están peleando para que la investigación del caso de los muchachos sea atraído por la Fiscalía General de la República, para que salga de la jurisdicción estatal de Jiquilpan, en Michoacán, donde fue radicada la denuncia.
La cercanía de la Guardia Nacional, que ofrece labores de seguridad a la brigada que trabaja en el campo, pone a Adriana frente a un dilema particular: «Anoche lo soñé a mi Marwan. “¿Qué pasó, mija?”, me decía, y yo quería abrazarlo y él me decía que no, “no me toques mucho, no me abraces que nada más nos están viendo” y detrás de él había unos policías vestidos igual que ellos, con la cara tapada, los chalecos y las armas. Y él me decía: “Nomás sóbame los pies, jefita, que he caminado mucho”».
HALLAZGOS
Tras dos semanas de trabajo, las familias organizadas hallaron una decena de restos óseos en tres puntos del estado de Morelos. En su mayoría fueron inhumados en una mina de arena del ejido de Mixtlalcingo, en el municipio de Yecapixtla, sitio que la brigada denunció como un punto de enterramiento clandestino masivo, ubicado a 50 quilómetros de Cuernavaca, la capital del estado. «Habíamos estado pidiendo que llegara la brigada a Morelos desde hacía mucho tiempo, porque habíamos llevado solas el proceso de las exhumaciones en los panteones, pero nunca habíamos entrado al tema de las fosas clandestinas. Con esto probamos que aquí también las hay», dijo a Brecha Edith Hernández, hermana de Israel Hernández Torres.
Secuestrado de su trabajo el 24 de julio de 2012, en Cuernavaca, desaparecido por cuatro años, Israel fue la cuarta persona identificada en octubre de 2016, en la exhumación del panteón irregular de Tetelcingo. Solo se ha logrado identificar a 12 de las 117 personas encontradas allí, y han «vuelto a casa», como dicen estas mujeres. Existe una causa penal abierta contra la entonces directora del servicio pericial, que las familias buscan llevar al nivel federal de justicia –igual que Adriana con el caso de su hijo–, dada la implicación de funcionarios públicos en las desapariciones.
Desde el hallazgo de Israel, Edith redobló su compromiso con el movimiento: acaba de recibirse de licenciada en Seguridad Ciudadana, una carrera que comenzó en 2017, cuando fue una de las observadoras de las familias en la exhumación de Jojutla, una experiencia que quedó magistralmente registrada por Carolina Corral en el documental Volverte a ver. Luego fue una de las mujeres que, lunes a lunes, se manifestó junto a sus compañeras en la Plaza de las Víctimas de Cuernavaca, envueltas en sus rebozos rojos, exigiendo la identificación de todos los cadáveres en custodia del servicio forense local.
Aunque originalmente se les había dicho a las familias que en los tres servicios forenses del estado había 600 cadáveres sin identificar, entre junio y agosto de este año se confirmó la existencia de otros 392 restos óseos, fetos, extremidades (usualmente amputaciones enviadas de los hospitales) y cuerpos completos, a los que se les repitió el protocolo forense de identificación. Durante la sexta brigada, las familias accedieron a ver las fichas de información de estos cadáveres, aunque Edith se quejó de que no se les mostraran los álbumes de Jojutla y Tetelcingo, ya que hay familias añosas buscando, y los cuerpos correspondientes también lo son.
«Seguir empujando la identificación es un bien común, es algo que yo puedo dejar en la lucha para seguir buscando a los que nos hacen falta», dijo Edith a este semanario. Explicó que la autoridad sigue muy centrada en los procesos de identificación genética, cuando existen múltiples maneras de identificar un cadáver desde su levantamiento por los servicios periciales, métodos que se deben aplicar desde el primer momento para evitar una nueva desaparición.
Con todo, el hallazgo de fosas clandestinas es una cosa diferente: «Las compañeras están con miedo, pero en este tema nos sumamos al lema de la brigada de no buscar culpables. Es decir, no estamos buscando al responsable directo que las hizo». El tamaño del hallazgo en Mixtlalcingo provocó que hubiera una segunda intervención de la brigada en el mismo sitio, pautada para los próximos meses. Pero, finalmente, ¿por qué Edith sigue organizada si ya halló a su hermano? «Sigo aquí porque hay una corresponsabilidad con mis compañeras. Si no fuera por la fuerza de todas juntas, yo jamás hubiera encontrado a Israel, porque estaba debajo de la tierra a resguardo de las autoridades. Todo sería más complicado si no hubiera gente valiente, dispuesta a exponer al mundo lo que está pasando, y yo me propuse ser más valiente cada vez. Llegó el momento en que dejé de preocuparme por cosas mundanas como una buena bolsa o ir a desayunar con mis amigas. Cambia totalmente, gira la vida, y la familia ya son tus compañeras, ahora son ellas con quienes compartes el mayor tiempo.»
