El Banco Central de la República Argentina (Bcra) dio a conocer un informe largamente anunciado y esperado. Se trata de un recuento de los montos de capital fugados por los empresarios al exterior durante el gobierno de Mauricio Macri, y de los mecanismos que hicieron posible esa fuga. La investigación, titulada “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, concluye que en ese período la fuga de capitales experimentó un crecimiento sostenido que hizo volar del sistema argentino 94.700 millones de dólares.
Durante el segundo semestre de 2015, el último de Cristina Fernández al frente de la presidencia, se fugaron de Argentina 8.500 millones de dólares. En los cuatro semestres de la presidencia de Macri anteriores al pedido de un préstamo al Fmi en mayo de 2018, la fuga fue de 41.100 millones de dólares. Después del acuerdo y hasta diciembre de 2019, alcanzó otros 45.100 millones de dólares. La cifra es más llamativa si se tiene en cuenta que lo aportado en calidad de préstamo por el Fmi a partir de 2018 fue de casi 44.500 millones de dólares.
Uno de los principales mecanismos a través de los que se dio esta salida, y que aparece descrito en el informe de la autoridad monetaria, es un ciclo vicioso de endeudamiento, fuga y necesidad de contraer más deuda: ingreso de dólares por préstamos del mercado financiero internacional, colocación de bonos por parte del Bcra, compra y venta especulativa de esos bonos en el corto plazo y libre salida de los dólares obtenidos por la reventa de esos bonos.
La concentración de la compra de dólares durante el período da una idea de los jugadores de alto nivel involucrados en la maniobra. Según el informe, durante el período estudiado y de los millones de individuos y decenas de miles de empresas radicadas en Argentina que compraron divisa estadounidense, un pequeño grupo de 100 agentes compró dólares por un total de 24.679 millones. Los diez compradores más grandes formaron activos en el exterior (fugaron) por 7.945 millones de dólares.
De acuerdo al Bcra “las políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo”. Según la última estimación oficial, de diciembre de 2019, la deuda externa bruta argentina asciende hoy a 323.177 millones de dólares.
SOCIEDAD ANÓNIMA. Ya el 1 de marzo, en un discurso ante la Asamblea Legislativa por la apertura del año parlamentario, el presidente, Alberto Fernández, había anunciado el comienzo de la investigación realizada por el Bcra para determinar qué había sucedido con los dólares aportados en calidad de préstamo por el Fmi tras el acuerdo con Macri. Dos días más tarde, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anunció que el informe sería publicado el lunes 16 de marzo.
La pandemia de la covid-19 en el mundo se aceleró de tal manera que su llegada a la Argentina trastocó la agenda política, social y económica del nuevo gobierno y atrasó la presentación del documento. Sólo quedó en pie la renegociación de la deuda externa con los acreedores privados anunciada el mes pasado por el ministro de Economía, Martín Guzmán (véase “Apostando fuerte”, Brecha, 24-IV-20).
Pese a que el propio Fernández había anunciado en su discurso legislativo del 1 de marzo: “Debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que esto suceda y quiénes se beneficiaron con estas prácticas”, el trabajo no aporta nombres y se limita a describir medidas aprobadas por las autoridades financieras.
Desde el Bcra advirtieron a Brecha que “se trata de un informe de carácter político” a la espera de que “fiscales o ciudadanos comunes impulsen denuncias e investigaciones sobre los responsables”. No obstante, señalaron al mismo tiempo que en el documento “queda claro que entre 2015 y 2019 se tomaron decisiones financieras que beneficiaron a hombres del gobierno y a sus socios privados”.
Afirmaron, además, que el titular de la autoridad monetaria argentina, Miguel Pesce, tiene en su poder los nombres de las empresas y personas que compraron dólares, pero que “la idea no es publicarlos, porque nadie cometió ningún delito por comprar moneda extranjera. El desafío está en que la Justicia muestre quiénes son los que se aprovecharon de esto para sacar el dinero fuera del país”.
DENUNCIA DE LA DEUDA. En eso está uno de los directores del Banco Nación, el economista y exdiputado Claudio Lozano, que ya en mayo de 2019 había presentado un libro, titulado La deuda ilegítima, en el que compila su trabajo de tres años en la comisión bicameral creada por el Parlamento para investigar los orígenes y la gestión de la deuda argentina. En diálogo con Brecha, Lozano señaló la necesidad de “hacer una auditoría integral del endeudamiento. En total hay 100.000 millones de dólares de nueva deuda, acompañados, según el Bcra, de 86.000 millones de dólares de fuga durante todo el período de Macri. Eso sucedió, además, en un contexto donde el Fmi violó sus propios estatutos y la normativa jurídica de la Argentina de manera brutal”.
Según Lozano “los niveles de concentración de la fuga son monumentales gracias a este endeudamiento realizado a través de maniobras de ilegitimidad e ilicitud. Lamentablemente, hasta ahora el nuevo gobierno no ha querido investigar la forma en que se tomó la nueva deuda y eso hace que la negociación de la Argentina con los acreedores se haga en condiciones de gran debilidad”.
En diciembre pasado, Lozano había presentado una denuncia penal contra el entonces presidente Macri, su exministro de Economía Nicolás Dujovne y el entonces titular del Bcra, Guido Sandleris, por las condiciones en que se firmó el acuerdo con el Fmi en mayo de 2018. El parate judicial por la pandemia mantiene hasta ahora el expediente congelado en tribunales.
CUENTAS EVASORAS EN URUGUAY. En la primera semana de abril, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a cargo ahora de la economista Mercedes Marcó del Pont, resolvió utilizar una base de datos sobre cuentas bancarias en el exterior que había sido facilitada a la Argentina en 2017 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) a partir de un intercambio de datos entre agencias tributarias de varios países.
Esta base de datos revela que existen 300.234 cuentas argentinas en el exterior. La mayoría de ellas con deficiencias legales, apuntan las nuevas autoridades de la Afip, que ya comenzaron a investigarlas. Encabeza la lista Uruguay, con 950 cuentas de empresas y personas físicas argentinas no declaradas fiscalmente en su país de origen. Le siguen Estados Unidos, Panamá y Suiza.
Para el caso de las 950 cuentas uruguayas, al cierre de 2017 cada una de ellas tenía un patrimonio superior al millón de dólares y totalizaban 2.600 millones de dólares no declarados ante la Afip. Y en todos los casos, según pudo saber Brecha por fuentes de esa agencia oficial, se verifican los mecanismos de fuga descritos en el informe del Bcra.
Los mismos mecanismos están descritos, además, en una presentación judicial hecha el pasado 15 de mayo por el fiscal federal Federico Delgado, que quiere que se investigue la inacción de los responsables de la Afip en tiempos de Macri con respecto a lo informado por la Ocde. La presentación de Delgado recoge la denuncia hecha por Jorge Gaggero, tributarista y excoordinador del equipo especialista en fuga de capitales del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino. Gaggero sospecha que los empleados de la Afip de la administración pasada protegieron a los evasores para constituir esas cuentas. La Justicia maneja 960 casos sospechosos dentro de la Afip en todo el país.
