En las últimas semanas, Uruguay ocupó espacio en la prensa internacional porque la selección de fútbol sub-20 obtuvo el campeonato mundial de la categoría y también por un nuevo «berrinche» del presidente Luis Lacalle Pou en la cumbre presidencial del Mercosur, pero la última novedad con repercusión internacional es que su capital y la zona metropolitana, donde reside cerca del 60 por ciento de la población del país, carecen de agua potable.
Uruguay sufre un déficit de lluvias desde hace al menos tres años, pero el fenómeno se agudizó en los últimos siete meses, lo que motivó que se declarara la emergencia agropecuaria en setiembre del año pasado. Sin embargo, mientras las reservas de agua dulce para la población metropolitana caían visiblemente (la represa de Paso Severino, que abastece la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, tiene un caudal menor del 2 por ciento de su capacidad), no se instrumentó ninguna medida a favor de sus habitantes.
El gobierno recién decretó la emergencia hídrica el 19 de junio, tiempo después de que OSE variara la calidad del agua y provocara el aumento de sodio, cloruros y trihalometanos a niveles inadmisibles como para calificarla de potable. Entonces, las autoridades innovaron en vocabulario, y el agua pasó de potable a «bebible». Según cánones internacionales y reconocidos por el Estado uruguayo, la característica del agua potable es que es limpia, insípida, inodora y libre de contaminantes. En cambio, el agua bebible, según las definiciones gubernamentales, puede tener un alto contenido de sodio (hoy 440 miligramos por litro, cuando el valor original era diez veces menor), cloruros y trihalometanos, que la literatura científica señala como cancerígenos (producto de la desinfección por cloro, que hoy está cinco veces por encima de lo recomendado).
En el lapso que medió entre la entrega de agua no potable y la declaración de la emergencia hídrica, el gobierno tuvo una actitud negacionista, encomendándose únicamente a la posibilidad de lluvias salvadoras y desoyendo planteos de la oposición política y social destinados a atender la situación. Pero estos meses las lluvias han sido mínimas, entonces, la recomendación gubernamental fue que la población adquiriera agua embotellada en sustitución de la proveniente de la canilla, especialmente para embarazadas y población con comorbilidades. Y, ante el posible aumento de costos, la idea de la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, fue que la gente dejara de comprar cocacola para comprarse agua. También durante ese período de inacción gubernamental se negó, como se reclamaba desde la oposición, la eliminación de impuestos al agua embotellada. Recién se aceptó el planteo el 19 de junio, cuando junto con la declaración de emergencia se eliminaron el IVA y el IMESI al agua embotellada. En tanto, el consumo de este producto se había multiplicado por más de cinco, en especial el de agua mineral sin gas.
Otro planteo que ha desechado el Poder Ejecutivo es el de rebajar la tarifa de OSE o de exonerársela a quienes consumen menos de 1.000 pesos mensuales. El argumento para negarse lo anunció días atrás el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, cuando sostuvo que, si se optaba por ese camino, la gente iba a hacer «un uso más intensivo» del agua. Difícil de explicar por qué habría de aumentarse el consumo de un agua que cada vez se usa menos y que tiene efectos secundarios perjudiciales en algunas ramas de la actividad económica, como en la producción de alimentos, la gastronomía y también en la construcción, como denunciaron asesores de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, al señalar los perjuicios que el agua que brinda OSE provoca en la fabricación de hormigón.
Curiosamente, en 2015, ante un episodio en que el agua no fue potable en Maldonado, quienes hoy son gobernantes pidieron la exoneración de las tarifas para la población del departamento. En esa oportunidad, el presidente Tabaré Vázquez resolvió exonerar de la tarifa a los clientes fernandinos mientras durara la mala calidad del agua. Por eso la actitud actual del gobierno ha motivado cuestionamientos dentro de la propia coalición multicolor: Cabildo Abierto ha señalado su postura favorable a exonerar de la tarifa de OSE a los habitantes de la zona metropolitana.
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La crisis hídrica que vive la región metropolitana no es ajena al cambio climático, pero, a diferencia de lo ocurrido con la pandemia de covid-19, no se puede argumentar que el fenómeno es ajeno a la actual administración nacional ni que no había posibilidades de reacción ante la emergencia. El 3 de diciembre de 2019, poco después del balotaje que ganó Lacalle Pou, la Comisión Andina de Fomento aprobó un préstamo por 80 millones de dólares para construir una represa en el arroyo Casupá, que complementaría la de Paso Severino, contribuyendo en el suministro de agua dulce bruta a la potabilizadora de Aguas Corrientes. El saliente presidente Tabaré Vázquez entregó esa carpeta a Lacalle Pou; sin embargo, su administración desechó esa posibilidad y eligió, tiempo después, una propuesta surgida del ámbito privado, consistente en construir una planta (el proyecto Neptuno) en la zona de Arazatí, sobre el Río de la Plata, por la cual OSE deberá pagar un canon por 20 años para potabilizar el agua resultante de la extracción del estuario. El inconveniente de esa planta, más allá de lo oneroso que resultará para OSE, es que, en un período que varía entre 80 y 120 días al año, tendría los mismos problemas de salinidad que hoy se viven, cuando se extrae agua próximo a la desembocadura del río Santa Lucía.
Una de las explicaciones posibles para ese paso del gobierno es su lógica privatizadora y de descuido de las empresas estatales. Pero, a esa lógica identitaria de la matriz herrerista, se agrega una dosis de frivolidad, de falta de reflejos, de apuesta exclusiva a la lluvia, desconociendo los pronósticos que advirtieron de la insuficiencia de precipitaciones. Tampoco es ajena al gobierno la postura negacionista, la priorización de los malla oro, es decir, de los agroexportadores que recibieron la declaración de emergencia a tiempo. El problema es que esa sensibilidad no estuvo presente cuando la crisis hídrica llegó a Montevideo y Canelones.
