Bien en el fondo

El inminente cierre de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver la forma de pago del préstamo de 45.000 millones de dólares tomado por la administración de Mauricio Macri produce un tembladeral en el escenario político argentino. El 11 de diciembre, miles de argentinos marcharon en Buenos Aires en contra de pagar un solo centavo más al FMI, que ya se ha embolsado en materia de intereses y pagos de capital unos 4.350 millones de dólares. Para este mes, Argentina deberá pagar otros 731 millones de dólares. Para febrero, 372 millones. En marzo, las obligaciones con el FMI llegan casi a los 3.000 millones… Al finalizar el año, se totalizarán 19.020 millones de dólares. Y de acuerdo a lo pactado por Macri, los pagos siguen, a ritmo similar, hasta 2024.

La situación hace crujir la estructura del oficialista Frente de Todos. Las autoridades de gobierno están embarcadas en cerrar pronto un preacuerdo de facilidades extendidas con el organismo multilateral que permita reestructurar la deuda, alargar los plazos y achicar los montos. La mira está centrada en cómo implementar el ajuste fiscal que se vendrá en los próximos dos años, habida cuenta de las reformas que tradicionalmente reclama el FMI como contrapartida: privatizar empresas públicas y el sistema jubilatorio para generar divisas y empujar un programa de exportaciones que rompa el bimonetarismo que aqueja a la economía argentina desde hace décadas. Pero no todos dentro del oficialismo ven este rumbo con buenos ojos.

El director del Banco Nación, Claudio Lozano, llegó a presentar el 21 de diciembre un pedido de medida cautelar ante la justicia penal para evitar el pago al FMI de 1.880 millones de dólares en materia de intereses, que ya estaba pautado para esas fechas. La cautelar fue rechazada y el pago se hizo al día siguiente. Pero el pedido hecho por Lozano fue más que simbólico. No solo por provenir de un funcionario de la actual administración, sino del presidente de uno de los 19 partidos que conforman la coalición oficialista. A Lozano lo acompañaron ante la Justicia otras dos agrupaciones del Frente de Todos: el Partido por el Trabajo y el Pueblo y Tres Banderas, formaciones menores, pero con capacidad de movilización social. También adhirieron a su iniciativa el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y decenas de organismos de derechos humanos, organizaciones ambientales, sindicatos nacionales, como el de los funcionarios estatales, y asambleas vecinales.

Una semana antes, la Central de Trabajadores de la Argentina había presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que la deuda tomada por Macri y las negociaciones entabladas por el gobierno de Alberto Fernández con el FMI resultan violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos y «de los derechos políticos y sociales de los argentinos». La presentación busca que la CIDH «ordene al gobierno argentino no aprobar ninguna medida que convalide la deuda tomada en 2018».

La oposición al acuerdo es tenaz entre la izquierda. Los cuatro diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Alejandro Vilca, Romina del Plá, Nicolás del Caño y Miriam Bregman, advirtieron que votarán «contra cualquier acuerdo con el FMI que convalide la deuda contraída bajo el gobierno de Mauricio Macri». «Consideramos que todo endeudamiento del país implica la participación de los representantes del pueblo en el Congreso nacional para la toma de decisiones. Y esta deuda, además de ilegítima, es una estafa por la forma en que fue tomada. Nos oponemos a cualquier acuerdo con el FMI y votaremos en contra si llegara al recinto», aseguró Del Plá a Brecha. El FIT y los movimientos sociales piqueteros ligados al Polo Obrero estuvieron entre los principales organizadores del acto del 11 de diciembre en Plaza de Mayo.

FMI AUTOCRÍTICO

El 23 de diciembre, el propio FMI presentó un informe crítico sobre el programa crediticio acordado con el gobierno de Macri, el más grande de su historia, por el que se había comprometido a entregar 57.000 millones de dólares, de los que se terminaron ejecutando 45.800 millones. «El programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación, el valor de la deuda pública y debilitando los ingresos reales», dice el informe. Los directores del organismo multilateral señalan que «las líneas rojas establecidas por el entonces gobierno acerca de ciertas políticas pueden haber llevado a que se descartaran medidas potencialmente críticas para el programa. Entre esas medidas se encuentran una operación de [reestructuración] de deuda y el uso de medidas de gestión de flujos de capital».

No pocos ven en estas líneas un reconocimiento indirecto de lo que múltiples instancias nacionales e internacionales vienen denunciando desde 2019: que buena parte de los dólares prestados al gobierno de Macri alimentaron la fuga de capitales al extranjero a manos de acreedores privados y empresas con residencia legal en el exterior, entre otros. Así lo estableció, por ejemplo, una investigación del Banco Central de la República Argentina publicada en mayo de 2020 y titulada «Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019». Allí se establece que durante ese período la fuga de capitales experimentó un crecimiento sostenido que hizo volar del sistema argentino 94.700 millones de dólares. Tras la firma del acuerdo entre el gobierno de Macri y el FMI en 2018, y hasta diciembre de 2019, la fuga total alcanzó los 45.100 millones de dólares, una cifra peligrosamente parecida a los 45.800 millones que por entonces desembolsaba el FMI (véase «Plata fugada», Brecha, 29-V-20).

LETRA MUERTA

El documento en el que el FMI reconoce el fracaso del programa crediticio que hoy tiene de rehén a Argentina no hace mención alguna a una eventual violación de las propias pautas de funcionamiento del organismo y más bien se ocupa de descargar las culpas de la catástrofe sobre Macri y su entorno. En el artículo 6 del estatuto del FMI, sin embargo, se establece que un país miembro «no puede utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una importante o sostenida salida de capitales» y que el organismo «puede solicitar a un miembro que ejerza controles para evitar dicho uso de los recursos generales».

En vistas de esto, y apenas publicada la autocrítica del FMI, el gobierno de Fernández decidió insistir en que la entidad reconozca que violó su propio código estatutario. Por otro lado, ya venía impulsando desde marzo, a través de la Oficina Anticorrupción, una demanda judicial penal por la toma de deuda durante el macrismo. La jueza de la causa reclamó toda la documentación obrante en otros juzgados y en la comisión parlamentaria permanente de seguimiento de la deuda externa argentina, conformada por diputados y senadores nacionales. El Estado se constituyó como querellante a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo del abogado Carlos Zannini, pero los resultados no han sido alentadores por el momento: la causa se encuentra en etapa de producción de prueba a cargo de la jueza, bajo trámite secreto.

«Zannini debiera reclamar con insistencia a la jueza y al fiscal del caso, porque es la única instancia con el poder suficiente para hacer ese reclamo: se trata del propio Estado que reclama por un fraude», asegura enojado a Brecha el director del Banco Nación.

¿UN BUEN ACUERDO?

En un documento presentado por el gobierno la semana pasada al que accedió Brecha, las autoridades del Ministerio de Economía se muestran optimistas. El país vendría haciendo los deberes: la inversión creció un 35 por ciento en 2021, el PBI, un 10 por ciento, se achicó la emisión monetaria interanual en un 50 por ciento, el desempleo bajó en el último trimestre del 9,6 al 8,2 por ciento (y quedó en los niveles de fines de 2018) y el déficit fiscal cerrará en torno del 3 por ciento del PBI. En el debe quedó la inflación: la pautada en el proyecto de presupuesto 2022 (33 por ciento interanual) ya quedó desactualizada y se prevé que termine rondando el 50 por ciento.

Con estos números, el ministro de Economía, Martín Guzmán, pretende forzar cuanto antes el acuerdo de reestructuración con el FMI, pero desde el organismo multilateral le reclaman consensos políticos mayores. Aún «falta consensuar con algunos actores internacionales», debió reconocer el ministro en una entrevista otorgada recientemente al diario español El País. Pero desde el FMI tienen en cuenta, sobre todo, el fracaso del oficialismo al intentar aprobar el presupuesto 2022 en el Congreso, donde no pudo vencer el trancazo de la oposición macrista.

Este miércoles, Guzmán y Fernández se reunieron con los gobernadores provinciales para brindar información sobre las negociaciones con el FMI. «En términos absolutos no existe un buen acuerdo porque el mundo no cuenta con la posibilidad de distribuir los pagos en el tiempo. Lo que existe es un buen acuerdo en términos relativos», admitió el ministro, que explicó que aún hay diferencias en torno a cómo se procederá con respecto a la disminución del gasto público que busca el organismo multilateral. «El sendero fiscal es el punto en el que hoy no hay acuerdo», sostuvo. Lo cierto es que el panorama para el gobierno no es alentador ni en el plano externo ni en el interno, en el que viene de sufrir una importante derrota en las parlamentarias y con una economía aún golpeada por la crisis y con altos índices de pobreza. Un verano caliente cuyo desenlace aún está abierto. La experiencia indica que el ganador de estas pulseadas suele ser el FMI.