El avance en las garantías que ofrece el nuevo proceso penal enfrenta tensiones difíciles de resolver. Una de ellas es el enjuiciamiento de las personas en situación de calle. La percepción entre los defensores públicos es que son enviadas a prisión sistemáticamente, aun por delitos menores, lo que choca contra uno de los principios rectores del nuevo código: la excepcionalidad de la prisión preventiva.
Un informe de la Fiscalía General de la
Nación sobre la marcha del nuevo Código del Proceso Penal (Cpp) establece que, entre febrero y marzo
de este año, 2.244 personas fueron condenadas o imputadas por la justicia. El
72 por ciento de ellas terminó tras las rejas, para cumplir su pena (quienes
fueron condenadas) o en prisión preventiva, es decir, como medida cautelar.
Sólo el 9 por ciento ...
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