Para evitar confusiones, empecemos por aclarar: el dictamen emitido el 19 de julio por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no es el tan esperado fallo pendiente sobre la demanda presentada ante ese máximo tribunal por el Estado de Sudáfrica acusando al Estado de Israel de cometer el crimen de genocidio contra la población palestina de Gaza. El dictamen de la semana pasada se trata de la opinión consultiva que la Asamblea General de la ONU había solicitado a la CIJ en diciembre de 2022 (con los votos de 87 Estados miembros y la abstención de Uruguay, entre otros) sobre el estatus legal de la prolongada ocupación, colonización y anexión del territorio palestino por Israel.
El dictamen se hizo público al cumplirse exactamente 20 años de otra opinión consultiva emitida por la CIJ sobre la ilegalidad del muro que Israel estaba construyendo dentro del territorio palestino. En esa ocasión la CIJ no solo declaró que el muro era contrario al derecho internacional e Israel debía desmantelarlo, sino que extendió la sentencia a todo el sistema asociado de ocupación y colonización del territorio palestino, y llamó a todos los Estados miembros de la ONU a tomar medidas de presión para obligar a Israel a poner fin a ese sistema ilegal.
NOVEDADES Y ALCANCES
Si bien buena parte del reciente dictamen ya estaba contenido en la opinión consultiva de 2004, hay aspectos novedosos derivados del momento crucial en que se emite y de los desarrollos que ha tenido la cuestión palestina en estos 20 años. Veamos algunos de ellos:
– Sumándose al consenso internacional creciente de los últimos años, la Corte afirma por primera vez que Israel impone al pueblo palestino un régimen de segregación, discriminación y apartheid.
– Enfatiza la ilegalidad del régimen de ocupación y colonización israelí, le ordena desmantelarlo de inmediato, retirar a los más de 700 mil colonos ilegales de Cisjordania y Jerusalén Este, cesar por completo la construcción de nuevas colonias, devolver las tierras, los bienes naturales y culturales robados y pagar indemnizaciones a la población palestina.
– Reafirma el derecho de la población palestina expulsada y refugiada desde hace cuatro generaciones de retornar a su patria, en contra de la prohibición israelí.
– Además de afirmar que Gaza también está bajo ocupación, sostiene que la ocupación permanente y la colonización de Cisjordania constituyen una anexión de facto. Y extiende esta condena a la situación de Jerusalén Este, rechazando así su anexión ilegal en 1967 y la pretensión israelí de que la ciudad es «su capital eterna e indivisible».
(Es bueno recordar, de paso, que la Ciudad Vieja, con su Explanada de las Mezquitas y su Muro de los Lamentos, también es territorio palestino ocupado, por estar en Jerusalén Este. Una realidad jurídica que no cambia por más apropiación, represión y abusos que el régimen israelí cometa allí contra la población palestina por sus políticas de judaización violenta de la ciudad; ni por más que los líderes mundiales complacientes se pongan la kipá para salir en las fotos ante el Muro junto a los usurpadores coloniales).
– Al afirmar que este régimen ilegal debe ser desmantelado de inmediato, la CIJ echa por tierra el tramposo consenso de Oslo impuesto por Estados Unidos e Israel, según el cual la solución definitiva al «conflicto» debe ser el producto de negociaciones (una receta segura para perpetuar el statu quo, ya que Israel ha demostrado no tener la menor intención de negociar nada). Así lo expresó la abogada Diana Buttu: «Durante décadas los palestinos hemos dicho que el régimen israelí es ilegal, y nos decían: «Está bien, pero tienen que negociar con su ocupante.» Es como decirle a una persona que es abusada que tiene que negociar con su abusador, en lugar de reconocer que el abuso tiene que parar; y que no existe eso de negociar con tu abusador.»
– Pone énfasis en la responsabilidad de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, y en las obligaciones de los Estados miembros de tomar medidas para poner fin a esta ocupación ilegal. La CIJ reitera enérgicamente la obligación de los Estados de suspender toda forma de apoyo y asistencia a la ocupación ilegal. Esto implica también una advertencia a los bancos y las corporaciones sobre la ilegalidad de invertir, operar y lucrar en el territorio palestino ocupado.
Quizás la mayor novedad sea el momento en que se emite este dictamen. Y ello tiene dos aspectos. El primero es que esta victoria legal es producto de más de 20 años de trabajo incansable de las organizaciones palestinas de derechos humanos (las mismas que fueron acusadas de terroristas e ilegalizadas en 2021 por el gobierno «progresista» del criminal de guerra Benny Gantz, responsable militar del ataque de 2014 a Gaza) y del movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), que a través de campañas de impacto instaló el paradigma del apartheid, generó conciencia global y permitió alcanzar un consenso internacional que no existía en 2004 (véase recuadro).
El segundo es que, mientras el dictamen de 2004 pasó desapercibido porque existía una aceptación generalizada del statu quo y un olvido de la cuestión palestina, la actual coyuntura le ha dado una enorme repercusión internacional. En un hecho inédito, 57 países presentaron alegatos escritos y 49 lo hicieron en forma oral para argumentar ante la CIJ la ilegalidad de la ocupación israelí. Esta ruptura del statu quo anterior fue uno de los objetivos proclamados por Hamás respecto a su acción del 7 de octubre; el horrendo genocidio desatado es mérito exclusivo del régimen sionista y su deriva fascista.
CÓMO BAJAR A TIERRA EL DERECHO INTERNACIONAL
Juristas y analistas debaten estos días si, más allá de su significación moral y simbólica, la opinión consultiva tiene carácter vinculante o no. Lo que nadie puede discutir son los hechos: entre enero y mayo, y respondiendo a reiterados pedidos de Sudáfrica en su demanda por genocidio, la CIJ ordenó cuatro veces a Israel tomar medidas para evitar la aniquilación y la hambruna de la población de Gaza; la última de ellas –largamente demorada– ordenó el alto el fuego. Lo mismo hizo en marzo el Consejo de Seguridad. Israel no ha cumplido ni una sola de estas órdenes y ha continuado sin pausa con su campaña genocida en Gaza.
Y es que la CIJ no tiene mecanismos propios para hacer cumplir sus dictámenes. El encargado de hacerlo es el Consejo de Seguridad, que en este caso es inoperante por el veto de Estados Unidos. Por otro lado, algunos expertos han recordado que la Asamblea General, que es el ámbito en el que los países del Sur global pueden jugar un rol decisivo, cuenta con mecanismos especiales para hacer cumplir las sentencias, aun cuando no tengan el mismo peso vinculante. Uno de ellos sería el Comité Especial contra el Apartheid, cuya reactivación reclama con insistencia la sociedad civil palestina. El jurista israelí-británico Daniel Machover hizo notar que las sanciones masivas contra el apartheid de Sudáfrica, que tuvieron un impacto decisivo, emanaron de este comité especial de la Asamblea General. Y también afirmó, con razón, que mientras el Derecho Internacional ha hecho avances notables en ocho décadas, su aplicación está atascada en un sistema obsoleto, creado por y para las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial.
Es sabido que ningún pueblo en la historia obtuvo su liberación mediante una resolución de la ONU; pero ellas le dan mayor legitimidad al trabajo de la sociedad civil palestina y mundial, que es presionar a los gobiernos para que cumplan con las obligaciones emanadas de los dictámenes y cesen toda forma de colaboración o complicidad con el régimen ilegal. Como también señaló Diana Buttu: «La gente debe entender que nunca va a haber un knock-out legal. La ocupación no va a terminar a través de tribunales y mecanismos legales: va a terminar cuando Israel pague el precio».
En efecto, si algo ha enseñado el movimiento BDS en estos 20 años es que no podemos esperar que los Estados lideren el cambio: es la sociedad civil organizada y los movimientos populares los que están tomando la iniciativa, impulsando campañas de boicot y desinversión, presionando desde abajo a los gobiernos para que impongan sanciones, e incluso interviniendo en las campañas electorales para hacerles sentir a los candidatos que lo que hagan o dejen de hacer en relación a Palestina/Israel influirá en sus resultados –como se está viendo en Estados Unidos.
Tal vez por eso debemos cambiar el foco de la cuestión: en lugar de especular sobre si Israel acatará el dictamen de la CIJ o no, debemos preguntarnos ¿vamos a acatarlo nosotres? ¿Vamos a presionar de manera sostenida y efectiva para obligar a nuestras ilustradas democracias occidentales a cumplir con la obligación emanada de la CIJ de poner fin a las relaciones de complicidad con el régimen ilegal israelí?
En palabras de Saleh Hijazi, integrante del movimiento BDS: «Dado el genocidio que Israel está cometiendo –retransmitido en directo y permitido por Occidente– contra 2,3 millones de gazatíes, como pueblo originario de Palestina creemos más que nunca que para alcanzar nuestro derecho inalienable a la autodeterminación, la justicia y el retorno de nuestra población refugiada, debe desmantelarse todo el régimen de opresión colonial israelí. Acabar con la complicidad estatal, corporativa e institucional con este régimen es la forma más efectiva y significativa de solidaridad internacional con la lucha de liberación palestina» (véase recuadro).
EMPEZAR POR CASA
¿Qué significa, en la práctica, poner fin a las relaciones de complicidad con Israel?
En primer lugar, supone superar la tan arraigada y falaz percepción de que hay dos Israel: uno que es un Estado liberal, democrático y moderno, con instituciones y empresas inocentemente independientes, con el cual se puede mantener relaciones normales, y otro Israel separado que ocupa el territorio palestino. Se trata, por el contrario, de entender que hay un solo Israel; que en un régimen colonial y de apartheid no existe real independencia de poderes ni igualdad ni libertad de pensamiento e investigación, sino que las empresas e instituciones públicas y privadas funcionan como un todo ensamblado para afianzar, legitimar y –sobre todo– lavar la cara del régimen mediante iniciativas de cooperación técnica, científica y humanitaria, que siempre van acompañadas de un relato de propaganda oficial.
En segundo lugar, supone asumir, por lo tanto, que los vínculos con ese Estado, sus instituciones y empresas son relaciones de complicidad. Así funcionaba el apartheid sudafricano, y por eso el boicot y las sanciones abarcaron desde el plano político-diplomático hasta el económico, el cultural, el académico, el científico y el deportivo. Más aún cuando la magnitud de los crímenes israelíes y del genocidio en curso opaca a los del apartheid de Sudáfrica, como han señalado en muchas ocasiones expertos y activistas antiapartheid de este país.
Por último, supone que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben revisar sus posiciones y declaraciones sobre Israel, dejar de justificar sus crímenes cacareando su inexistente «derecho a defenderse» (una potencia ocupante no puede justificar el uso de la fuerza militar como legítima defensa en el territorio que ocupa) y sobre todo suspender las relaciones diplomáticas, comerciales y de colaboración que refuerzan el statu quo.
Supone también que todas las instituciones estatales: los ministerios, los gobiernos departamentales y municipales, las empresas públicas, privadas y paraestatales, la Asociación Uruguaya de Fútbol, los centros de investigación y tecnología, las universidades, y muy en particular la Universidad de la República, deben poner fin a sus intercambios comerciales y sus convenios de cooperación con un régimen al que el máximo tribunal de la ONU ha calificado de ilegal y de practicar el apartheid, y al que muy probablemente está en camino de condenar por genocidio.
El movimiento BDS pide que se ejerza la máxima presión popular y de la sociedad civil sobre todos los Estados, la ONU y los organismos regionales con los objetivos siguientes:
– Imponer inmediatamente un embargo militar total a Israel, que incluya la exportación, la importación y la transferencia de armas y equipamiento militar, así como el fin de todas las demás formas de cooperación militar (entrenamiento, investigación conjunta, inversiones, etcétera).
– Imponer sanciones selectivas legales contra Israel, incluyendo sanciones diplomáticas, económicas y financieras.
– Poner fin inmediatamente a todas las demás formas de complicidad con la ocupación militar ilegal israelí, con su genocidio cada vez más brutal en Gaza y la causa fundamental de todo esto: los 76 años del régimen israelí de colonialismo de asentamiento y apartheid.
– Reactivar el Comité Especial contra el Apartheid de la ONU para ayudar a erradicar el régimen de apartheid israelí y hacer que sus responsables rindan cuentas.
– Suspender a Israel de la ONU y despojarlo de sus privilegios y derechos de membresía, al igual que se hizo con la Sudáfrica del apartheid.
– Suspender a Israel de los Juegos Olímpicos, de la FIFA y de todos los foros y los eventos internacionales y regionales de este tipo, al igual que se hizo con la Sudáfrica del apartheid.
