Hace poco más de 50 años que la agroindustria comenzó a utilizar sustancias químicas para aumentar la productividad en la producción de alimentos. La función de estas sustancias es intoxicar diferentes tipos de organismos vivos: herbicidas (que matan plantas llamadas malezas), fungicidas (matan hongos), insecticidas (matan insectos llamados plagas), entre otros. Según se decía inicialmente, estos químicos biocidas (que llamaremos plaguicidas o agrotóxicos para ser más claros) solo atacaban a sus plagas objetivo, eran inocuos para la salud humana si se usaban bien y no perduraban en el ambiente.
Al pasar las décadas, comenzaron a surgir en todo el mundo trabajadores y personas que vivían en lugares linderos a las plantaciones que presentaban síntomas de diversas enfermedades. Investigaciones y procesos judiciales lograron demostrar la asociación entre la exposición a agrotóxicos y los problemas de salud, así como la degradación de ecosistemas y la contaminación de aguas y alimentos. Quizá uno de los trabajos más relevantes, actuales y cercanos es el del Instituto de Salud Socioambiental (INSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), que ha investigado problemas de salud en 37 pueblos rodeados de cultivos agroindustriales con uso intensivo de plaguicidas. En total, fueron más de 115 mil personas relevadas puerta a puerta en varios campamentos de sanitarios. Los resultados muestran una prevalencia más alta en estos pueblos respecto de la media nacional de hipotiroidismo, alergias, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, problemas respiratorios (como asma y EPOC [enfermedad pulmonar obstructiva crónica]), alzhéimer y párkinson a edades tempranas,1 así como diferentes tipos de cáncer.2 En otras palabras, vivir cerca de estos cultivos y trabajar en ellos está asociado a una mayor probabilidad de padecer dichos problemas de salud.
Lamentablemente, la información acerca de los residuos de plaguicidas en alimentos de Uruguay es extremadamente escasa y difícil de comprender por la ciudadanía. A continuación, resumo la información brindada por 13 pedidos de acceso a la información pública amparados en la ley 18.381 que fueron enviados a distintos organismos del Estado entre 2022 y 2024 sobre la presencia de residuos de agrotóxicos en diferentes alimentos.3
¿QUÉ SÍ SABEMOS?
En cuanto a las preguntas sobre la situación del trigo y la cebada entre 2012 y 2022, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) respondió que solo se cuenta con análisis de 2019 y 2020. Los resultados, de todos modos, muestran presencia de glifosato, azoxistrobin y tebuconazol en trigo, y epoxiconazol y trifloxistrobin en cebada. Sin embargo, no dicen si exceden o no los límites máximos de residuos de plaguicidas permitidos en Uruguay.
Sobre frutas y verduras, según el Laboratorio de Bromatología de la Intendencia de Montevideo (IM), entre los años 2019 y 2021 se constató la presencia de 14 agrotóxicos diferentes en muestras de manzana (cuatro químicos), mandarina (tres), naranja (cinco), limón (dos), pera (dos), frutilla (dos), tomate (cinco), lechuga (cinco), morrón (dos), zanahoria (uno), espinaca (uno), berenjena (tres), repollo (dos), nabo (uno), papa (uno) y pepino (uno). Los principios activos encontrados son fungicidas (azoxistrobin, ciprodinil, procimidone, difenoconazol, imazalil, propiconazol, iprodione, difenilamina, tebuconazol) e insecticidas (cipermetrina, lambdacialotrina, clorpirifos, metil-clorpirifos, clorfenapir). En 20 ocasiones, dichos residuos superaron los límites máximos permitidos en Uruguay. Además, es destacable que los plaguicidas iprodione, imazalil, clorfenapir, carbaril y clorpirifos se encuentran prohibidos en la Unión Europea.
En cuanto a las carnes, la leche y la miel, la información pública en la web del Programa Nacional de Residuos Biológicos (PNRB) (entre 2015 y 2022, incompleta) destaca la reiterada presencia año a año de muestras de carne de vaca que exceden los límites nacionales de los insecticidas fipronil, clorpirifos, ethion, cipermetrina y el desparasitario ivermectina. El fipronil también está prohibido en la Unión Europea.4
En el caso del agua embotellada, el laboratorio de la intendencia solo analiza la presencia de glifosato. En el período 2013-2023, únicamente se realizaron 16 análisis en 2018 y diez en 2019, y se detectó una muestra con 0,15 μg/l, la cual excede el límite definido en la Unión Europea (0,1 μg/l), aunque cumple con la norma uruguaya (glifosato + su metabolito, AMPA [ácido aminometilfosfónico]: 700 μg/l).
En la villa 18 de Julio (Rocha), un equipo del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República (Udelar), en el marco del Campamento de Salud,5 analizó muestras de agua de la red de OSE, incluso la de la escuela pública, y encontró presencias de glifosato que exceden la normativa europea (0,79 μg/l y 1,39 μg/l), pero cumplen con la normativa de OSE (900 μg/l).
Por último, sobre jugos de frutas, solamente se realizaron seis análisis de plaguicidas en 2017 y 12 análisis en 2013, con la metodología multirresiduo en el Laboratorio de Bromatología de la IM. No se encontró ninguna presencia de residuos.
¿QUÉ NO SABEMOS O NO SE ANALIZA?
La OSE no realiza análisis multirresiduo de plaguicidas (con el objetivo de evaluar posibles riesgos para la salud) en ningún suministro de agua potable. La posible presencia de agrotóxicos no es parte de los estudios de potabilidad regulares del ente en ninguna parte del país. Ningún ente público hace análisis multirresiduo de plaguicidas en agua embotellada, yerba, café, cerveza ni vino.
El MGAP no analiza residuos de plaguicidas ni en maíz ni en arroz. Esto es muy preocupante, ya que son alimentos básicos de la dieta uruguaya. El maíz es principalmente transgénico, con una modificación que soporta el uso de algunos agrotóxicos, lo que permite usar mayores volúmenes en cada plantación. El arroz no se trata de un cultivo transgénico, pero se utilizan volúmenes y combinaciones de químicos muy relevantes que han derivado en casos graves de enfermedad, como en el caso del extrabajador de Arrozal 33 Julio de los Santos, que está a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase «Una sentencia vergonzosa», Brecha, 14-X-22), y el del vecino de Vergara Julio da Rosa, recientemente fallecido a los 42 años.
El Laboratorio Tecnológico del Uruguay sí analiza multirresiduos de plaguicidas en algunos granos, como el arroz, sin embargo, mantiene los resultados confidenciales tras un acuerdo comercial con los privados para su exportación (véase «Rebajas de temporada», Brecha, 8-VII-22, y «Política de desinformación», Brecha, 20-X-23).
En cuanto a frutas y verduras, la UAM negó el acceso a los resultados del laboratorio privado que funciona en sus instalaciones alegando confidencialidad de los datos por tratarse de acuerdos con comerciantes privados. También adujo, para fundamentar la negativa, razones de «sensibilidad pública» por las que las instituciones encargadas de la gestión de la unidad aún no han acordado (luego de 5 años) cómo comunicar debidamente los resultados a la población. Además, los representantes de la UAM aclararon que las muestras tomadas (y enviadas también a la intendencia) no son representativas de los flujos de frutas y verduras, sino solo exploratorias, y que las mercaderías no llegan a ser retiradas del mercado aunque excedan los límites permitidos de residuos de plaguicidas en Uruguay. De hecho, se estima que menos del 60 por ciento de las frutas y las verduras del país pasan por la UAM; las restantes, entre las que se encuentran las de la mayoría de los supermercados, no cuentan con ningún tipo de análisis de acceso público.
Por otro lado, el Laboratorio de Bromatología de la IM cada vez analiza menos muestras: pasa de 831 muestras en 2012 a 270 muestras en 2016, 172 muestras en 2019, 142 muestras en 2020 y 90 muestras en 2021. En 2022 no hizo ningún análisis, y en 2023 y 2024 solamente analiza un pequeño grupo de fungicidas (ditiocarbamatos) y no todos los químicos encontrados anteriormente.
La información sobre la carne, la leche y la miel del PNRB, como se ha dicho, está incompleta (sin datos para todos los años ni para todos los alimentos) y en inglés. Los informes de resultados exponen el número de muestras realizadas y las veces que para cada residuo se excedieron los límites permitidos en la norma nacional por año, pero no especifican el valor encontrado. Tampoco existen informes sobre las carnes porcinas importadas de Brasil, donde la producción es en megagranjas y la normativa de aplicación de antibióticos es mucho más flexible (lo cual abarata su producción).
Ni siquiera el Ministerio de Salud Pública tiene ningún estudio realizado sobre presencia de agroquímicos en fluidos humanos o daño genómico. Los únicos estudios en Uruguay son el llevado adelante por el Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ sobre residuo de glifosato en orina,6 uno similar de la responsable del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico de la Udelar, Amalia Laborde,7 y el exploratorio de daño genómico de 2009 en Bella Unión.8 Tampoco existen estudios sobre la sinergia o el efecto combinado entre los químicos cuando se los aplica juntos, o cuando quedan como residuos juntos en un alimento.
Entonces, ¿comemos veneno en Uruguay? Según los datos públicos, podemos decir que sí, y seguramente mucho más de lo que sabemos, porque la información es escasa y de difícil acceso. De hecho, se analiza cada vez menos y se protege cada vez más –rotulando como confidencial– la información que es central para la salud pública.
Alternativas de producción sin agrotóxicos existen y son muchas. De hecho, tenemos un Plan Nacional de Agroecología con importante participación de organizaciones, pero vaciado de presupuesto. Está en nuestras manos difundir y denunciar esta situación, presionar para que sea un tema relevante en la opinión pública y elegir apoyar la producción y la comercialización agroecológicas.
- D. Verzeñassi y A. Vallini. Transformaciones en los modos de enfermar y morir en la región agroindustrial de Argentina, 2019, INSSA. ↩︎
- D. Verzeñassi, A. Vallini, F. Fernández, L. Ferrazini, M. Lasagna, A. Sosa y G. Hough, «Cancer incidence and death rates in Argentine rural towns surrounded by pesticide-treated agricultural land», 2023, Clinical Epidemiology and Global Health, 20. Disponible en: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221339842300026X. ↩︎
- Dicha información está publicada en el libro digital de acceso gratuito en el portal Colibrí de la universidad, Alimento como trama de vida (A. Rieiro [coord.], 2023), y en un artículo científico escrito junto con Adriana Cauci y Fernanda Risso denominado «Agroquímicos y salud socioambiental: las dificultades en el acceso a la información y su impacto sociopolítico», en proceso de revisión por pares y publicación en la Revista Tekoporá. El pedido al Laboratorio de Bromatología de la IM de 2024 fue realizado y difundido por Alejandro Cairús. ↩︎
- I. Cárcamo, Los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) en Uruguay, 2020, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, Uruguay. ↩︎
- Campamento de Salud, Preguntas y respuestas sobre el Campamento de Salud en Villa 18 de Julio-San Miguel, 2024. Disponible en: drive.google.com/file/d/1DX30pBbmgT7T5bjQ-m_XKVeYMNurnuoE/view. ↩︎
- F. Alfonso, N. Bajsa, M. Garau y C. Martínez Debat, «Detección y cuantificación de glifosato en orina mediante ensayo de ELISA», póster, VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología, 26-XI-20. ↩︎
- MVD Noticias, 18-VII-22. ↩︎
- L. Martínez, A. Laborde, F. Sponton, F. Tomasina, W. Martínez López, L. Méndez Acuña, M. J. Morador e I. Prosper, «Evaluación clínica y biomarcadores de genotoxicidad en una población de niños y adultos expuestos a múltiples plaguicidas», en M. L. Martínez, Tejiendo redes de salud comunitaria: agrotóxicos en Bella Unión, 2006, págs. 83-87. ↩︎
