Al grupo de países latinoamericanos que en los últimos meses han vivido oleadas masivas de protesta social acaba de sumarse Colombia. ¿Se viene una coyuntura crítica a la ecuatoriana, a la boliviana o a la chilena? Si bien existen algunos parecidos, lo cierto es que el trasfondo de la movilización colombiana es distinto y tiene que ver con los dividendos truncados de la paz.
El 21 de noviembre (21N), primer día de las protestas, convergió un popurrí de motivos alrededor de la insatisfacción con el gobierno de derecha del presidente Iván Duque, que lleva un año y medio de mandato. Se protestó contra la reforma laboral y previsional, el neoliberalismo, la no implementación de los acuerdos de paz, por la defensa de los animales y el ambiente y en repudio de la violencia, el machismo y la corrupción. Se movilizaron los sectores sociales organizados que tradicionalmente protestan, pero también ciudadanos de a pie, del campo y la ciudad.
¿Qué propició este sancocho de sectores y motivos? Dos aspectos: primero, la errática respuesta del gobierno al llamado al paro, que al estigmatizarlo y subestimarlo acabó sumando más sectores a la protesta. Y segundo, las tensiones que emanan del pos-acuerdo con las FARC que, por un lado, permiten la expresión de nuevos reclamos, pero por otro producen frustración, puesto que los viejos problemas de violencia aún no se han superado.
EL TRASFONDO. Los paros son comunes en Colombia. Todos los años, sindicatos, estudiantes, movimientos indígenas y algunos gremios convocan a varias jornadas de paro nacional. En los últimos años estas medidas han transcurrido con normalidad y no suelen tener un alcance masivo.
Pero el 21N esto cambió. El gobierno puso en marcha un efecto de bola de nieveque le sumó gente y motivos a las protestas. El 30 de octubre se hizo la convocatoria al paro, en contra de proyectos legislativos de reforma previsional y laboral que han estado en discusión desde hace meses.El gobierno planeaba transformar el fondo de pensiones estatal en un sistema de fondos privados (que se basan en ahorro individual, como en Chile), disminuyendo los subsidios estatales. Por su parte, el proyecto de reforma laboral buscaba flexibilizar los contratos de empleo de los jóvenes de entre 18 y 28 años, haciendo posible la contratación por horas. Esto, según los críticos, aumentaría la informalidad y haría aun más difícil jubilarse.
Inicialmente la convocatoria se limitaba a “los de siempre”: sindicatos, maestros y estudiantes de universidades públicas. Pero días después el partido de gobierno (Centro Democrático), por boca del ex presidente Álvaro Uribe, dijo que este paro era “parte de la estrategia del Foro de San Pablo”, y que estaba organizado por “anarquistas internacionales” y “violentos”. Con esta lectura del paro el uribismo desestimó los motivos de los convocantes, sumando gente inconforme a la iniciativa.
El gobierno caldeó los ánimos aun más al negar que estuvieran en preparación las reformas laboral y de pensiones. Esto generó malestar, al tiempo que mostraba un gobierno incapaz de tramitar sus propuestas. El día anterior al paro, la Policía realizó allanamientos a las sedes de colectivos culturales y medios alternativos. Estos operativos fueron vistos como actos de censura.
La cereza del pastel fue la violencia. Las dos masacres contra líderes indígenas en el Cauca, cometidas a fines de octubre, produjeron desazón y llevaron a la convocatoria de una moción de censura contra el ministro de Defensa. En el Congreso se denunció que en un bombardeo militar contra un grupo criminal de un ex miembro de las FARC murieron ocho menores de edad que habían sido reclutados forzosamente. Estas revelaciones le costaron el puesto al ministro y sumaron otros grupos sociales al paro.
Así, lo que iba a ser un paro rutinario terminó siendo una manifestación de grandes proporciones por causa del propio gobierno. Las movilizaciones continúan, alimentadas por el uso desmedido de la violencia por parte de los agentes del Estado y por la insatisfacción ciudadana con la respuesta del gobierno.
EXPLICANDO EL SANCOCHO. Las protestas en Colombia reflejan un choque entre las oportunidades que se abrieron con el proceso de paz y la desilusión por la no materialización de los acuerdos. Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC la intensidad del conflicto disminuyó drásticamente. Esto tuvo un efecto poderoso sobre la agenda política: por primera vez en décadas el conflicto armado interno pasó a un segundo plano. El país empezó a hablar de corrupción, pobreza, desigualdad, salud y educación.
El argumento con que los gobiernos solían descalificar la protesta, acusándola de estar infiltrada por la guerrilla y el terrorismo, perdió vigencia con el proceso de paz. Al mismo tiempo, la reducción del conflicto creó la posibilidad de que sectores y líderes sociales que antes no podían organizarse y expresarse –por las amenazas de los diferentes actores armados– lo hicieran con mayor libertad. En consecuencia, las movilizaciones sociales aumentaron significativamente tras el inicio de las negociaciones en 2012. Parte de los dividendos de la paz fueron la apertura de la agenda política y el desgaste de la criminalización de la protesta. Esto explica la diversidad de motivos y sectores que se han sumado a las movilizaciones.
Al mismo tiempo, muchos ciudadanos sienten que cambiaron el cheque con los dividendos de la paz por dinero en efectivo, y que al salir del banco les robaron el dinero. El último año y medio ha visto un recrudecimiento de la violencia y una reedición de los problemas del conflicto armado. Aunque el gobierno declara apoyar los acuerdos de paz, lo cierto es que hay incumplimientos en varios puntos.El número de asesinatos contra líderes sociales aumentó, y en las últimas elecciones locales hubo altas cifras de violencia. Esto genera frustración en un sector importante de la ciudadanía que apoyó el proceso de paz.
A esto se le suma la inconformidad con el gobierno: el presidente Duque tiene 26 por ciento de aprobación, el índice más bajo de cualquier presidentedesde 1998. El gobierno no logró pasar en el Congreso sus proyectos “bandera”. Lo critican sus opositores y los sectores más radicales de su propio partido, porque su gestión no está mostrando resultados y no tiene una agenda definida.
La inconformidad atrae a las calles a habitantes del campo y la ciudad y propicia alianzas entre ellos. En las zonas rurales las personas protestan por la no implementación de los acuerdos de paz y las fallidas políticas del gobierno: los proyectos de reforma rural no se han visto, y en cambio la violencia arrecia. Por otro lado, en varias ciudades del país, especialmente aquellas que votaron favorablemente el plebiscito convocado para refrendar los acuerdos de paz con las FARC, muchos habitantes están convencidos de la necesidad de invertir recursos en el campo.
Ahora bien, en las protestas urbanas confluyen clases medias y sectores populares que pueden llegar a tener demandas contradictorias. Los trabajadores formales, por ejemplo, exigen mantener el generoso sistema público de pensiones. Sin embargo, mantener ese sistema –que se sustenta en subsidios estatales– le quita recursos a la posibilidad de tener una jubilación universal para aquellos que están en la informalidad.
En conclusión, los dividendos truncados de la paz, sumados a un gobierno débil, nos llevan a una mezcla de movilizaciones (pacíficas, violentas, pequeñas, masivas) que ventilan múltiples descontentos, desbordan los liderazgos tradicionales y no están articuladas. No está claro si se sostendrán en el tiempo y se cohesionarán, como en Chile. En cualquier caso, al reprimir la protesta, Duque parece estar siguiendo la receta de su homólogo Piñera. Están por verse el alcance y el norte de la conversación nacional que prometió.
* Profesora de la Universidad del Rosario (Colombia), doctora en ciencia política por la Universidad de Notre Dame y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas.
** Profesora de la Universidad del Rosario (Colombia), doctora en ciencia política por la Universidad de Northwestern y cientista política de la Universidad de Los Andes, en Bogotá.
