La Justicia condenó a cuatro exintegrantes de la Armada Nacional, entre ellos, el excomandante en Jefe de la Armada Juan Fernández Maggio, a indemnizar al Ministerio de Defensa Nacional (Mdn) por el perjuicio económico causado por la “compra fantasma” de bienes y materiales. Los otros tres marinos condenados fueron Gerardo Feble, Pablo da Costa y Danilo Damonte. Estos cuatro exmarinos fueron procesados en 2010 –y más tarde condenados– por el delito de fraude, tras constatarse un manejo ilegal de los dineros públicos. En 2008, la Armada adquirió, por compra directa por excepción, una grúa hidráulica y un banco de prueba para motores, pero esos bienes nunca ingresaron a su lugar de destino, el Dique Nacional.
La investigación judicial determinó que se trató de una compra simulada. Por este mecanismo, con la complacencia de los proveedores, la Armada obtuvo unos 13 millones de pesos, que fueron utilizados en forma discrecional por el comando. Los exmarinos justificaron la maniobra diciendo que esos “fondos frescos” –utilizados sin ningún tipo de control– permitieron mantener operativa la fuerza de mar. Tras la condena, el Mdn demandó a los marinos por el daño económico causado al Estado (al amparo de los artículos 24 y 25 de la Constitución). La demanda fue por 32.691 unidades reajustables; este era el monto que la Armada le debía al Banco Hipotecario por la construcción de un complejo de viviendas, que se utilizó para adquirir esos bienes fantasmas.
El juez Hugo Rundie consideró que la maniobra y el perjuicio económico provocado al Estado quedaron probados en el proceso penal y la investigación administrativa del Mdn, y que no corresponde “reabrir” la investigación sobre esos hechos en la órbita civil. “Todos los elementos de la responsabilidad extracontractual (hecho ilícito, culpa, nexo de causalidad e incluso el daño) han sido acreditados con holgura y eficacia”, señala el fallo, al que accedió Brecha. Sin embargo, el juez descartó fijar la condena por el monto total reclamado por el Mdn. Según el magistrado, la única cifra que está registrada refiere a las dos compras ficticias –por la cual los exmarinos obtuvieron unos 11,6 millones de pesos–, pero se desconoce el periplo de ese dinero. “En definitiva, el daño patrimonial existió, pues se utilizaron dineros públicos con una finalidad que no tenía de acuerdo al presupuesto nacional. Sin embargo, el monto del perjuicio no ha sido determinado con suficiencia en esta instancia”, concluyó. Para dilucidar esta cifra, el Mdn deberá presentar un informe contable financiero sobre el daño.
