Durante los últimos meses los partidos políticos y sus distintos sectores vienen desarrollando los programas de gobierno para ser presentados en las próximas elecciones. En el área de la educación son varios los actores y diversas las iniciativas: desde el cardenal Sturla y su propuesta de Fonasa educativo, hasta la emergencia de Eduy 21, con su Libro abierto. Propuestas para apoyar el acuerdo educativo. En tanto, los sectores partidarios comienzan a abordar desde temas de gestión –que no tienen rango para un programa–, como la elección de horas en secundaria, hasta la creación de 136 liceos gestionados por el Plan Ceibal.
El rango de propuestas de cambios en la educación es muy amplio. En un extremo está el “Fonasa educativo”, es decir, el financiamiento público de colegios privados, como sucede en Chile –con vouchers–, donde el Estado les paga a los colegios por alumno matriculado, o en Argentina donde el Estado paga matrículas de colegios privados al 25 por ciento de la población estudiantil, y llegando al extremo de pagarle un sueldo a los obispos.
En las elecciones pasadas sectores de la oposición –ni wilsonistas ni batllistas– abrieron la puerta al financiamiento público de colegios privados bajo la “inocente” frase de aprovechar las capacidades instaladas en la educación privada, directamente proponiendo un voucher o aludiendo a la analogía con el plan Caif. Hasta hubo un tropezón ideológico de algún frenteamplista distraído.
Por otra parte, hay sectores políticos que adhirieron ipso facto a la propuesta de Eduy 21, sin entender que estaba abierta para la búsqueda de consensos y que con su gesto pusieron de manifiesto la debilidad propositiva de su partido o sector. Esa adhesión fue perjudicial para el colectivo de Eduy 21, pues le pone una bandera política a quienes quieren lograr consensos para un cambio y reconocen avances en la educación.
No obstante, la propuesta educativa más rupturista viene del candidato que concurre en el Partido Colorado: Ernesto Talvi. Recordemos que, en 1997, el entonces director de Ceres expuso por primera vez sus ideas sobre la gestión privada de la educación pública. El grupo que se formó en ese entorno fue madurando la idea de crear un liceo privado gratuito como modelo, que fue finalmente inaugurado en el barrio Casavalle.1
Veinte años después, aquella vieja idea se corrió de la gestión privada a la gestión paraestatal. La propuesta de Talvi es crear 136 liceos gestionados por el Plan Ceibal. Pues tengo una mala noticia: es inconstitucional.2 Y tengo otra mala noticia: no son necesarios 136 liceos. Durante el año 2005 se hicieron estudios, proyecciones y escenarios de demanda de centros educativos teniendo en cuenta un conjunto de variables, incluyendo el “bono demográfico” 2012-2022, y se llegó a la conclusión de que se necesitaban 50 liceos hasta el año 2020. Por otra parte, entre 2005 y 2017 se construyeron 45 liceos, y recientemente se llamó a licitación público-privada para la construcción de 42 liceos más, que estarán en funcionamiento a partir de 2021. Asimismo –una tercera mala noticia–, el costo estimado de construir 136 liceos es de 388 millones de dólares, a los que hay que sumarles 180 millones de dólares anuales adicionales por gastos de funcionamiento; es decir, más de 500 millones de dólares: un punto del Pbi. Esto es contradictorio con la reducción del gasto público que preconiza a coro la oposición.
¿Y EN EL FA? A fines de agosto la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio (FA) presentó la primera síntesis, “Propuestas de bases programáticas para el período 2020-2025”, realizada con base en el trabajo de las unidades temáticas integradas por técnicos y militantes de todo el país. Tal como lo señala el documento, estas propuestas no constituyen el programa definitivo del Frente Amplio, sino una base para lanzar la discusión en el espacio orgánico frenteamplista a nivel territorial y sectorial.
En este contexto, centenares de técnicos y militantes frenteamplistas de la educación hicieron reuniones en las que evaluaron los avances luego de tres administraciones del FA, así como los desafíos pendientes hacia un cuarto gobierno. El principal fue desarrollar una propuesta, después de tres períodos de gobierno. ¿Cuánto de continuidad, cuánto de cambio?
Veamos qué aspectos sustantivos tiene para mostrar el FA. En primer término, desde 2005 ha quedado demostrada la prioridad en la asignación de recursos a la educación frente a las administraciones anteriores. El promedio de 1985-2004 fue de entre 1,9 y 2,1 por ciento del Pbi; a partir del primer gobierno del FA, los recursos para la educación llegaron al 5 por ciento del Pbi. Los gastos de la Anep aumentaron 141 por ciento –en términos reales– en el período 2005-2017, es decir, se multiplicaron por dos veces y media, pasaron de 32.154 millones de pesos en 2014 a 85.053 millones de pesos constantes a valores de 2017. Los incrementos fueron destinados principalmente a mejorar los salarios y a financiar la creación de nuevos cargos, incrementando la masa salarial en un 167 por ciento. Los gastos de funcionamiento aumentaron 52 por ciento, y las inversiones 46 por ciento. Esta prioridad presupuestal se mantiene en el proyecto de programa 2020-2025, con la idea de llegar al 6 por ciento del Pbi.
En segundo término, se amplió fuertemente la cobertura en educación inicial. Para niños de 3 años se pasó de una cobertura del 31 por ciento en 2000 al 75 por ciento en 2017, y para los de 4 años se universalizó. Lo importante es que este incremento se explica por el ingreso de los niños más pobres de la sociedad. Se aumentó el tiempo pedagógico con las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, pasando de 102 escuelas, en 2004, a 264 en 2017. Se desarrolló la educación física en Primaria, aumentó el número de escolares con un segundo idioma y se produjo el más importante descenso de la repetición en educación primaria, de 9 a 4 por ciento.
Hubo también un incremento importante de la educación terciaria. Su desarrollo en el Interior es comparable con la creación de los liceos departamentales de Pepe Batlle a principios del siglo XX. Entre 2005 y 2017 hubo un aumento de más de un 50 por ciento en los egresos de la Udelar por transformaciones importantes en algunas facultades. En términos de nuevos arreglos institucionales, se creó el Plan Ceibal, que permitió la inclusión digital universal; la Utec, con locación en el Interior, y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), para que un tercero provea de indicadores educativos e informes periódicos, objetivos, pertinentes y oportunos.
Por otra parte, hubo un incremento –aunque lento y modesto– en la cobertura y culminación de ciclos en la educación media. Este es un problema persistente que es recogido por el proyecto de programa cuando señala: “es imprescindible impulsar y profundizar cambios estructurales en la educación. Hay que prestar atención fundamental al acceso y a la culminación de los ciclos educativos, al nivel de la formación que se ofrece y a la multiplicación de las oportunidades para que se reincorporen a los estudios formales quienes han quedado al margen de ellos”.
Los aportes de los sectores y lo discutido en el congreso del FA tendrán la oportunidad de presentar ante la sociedad cuánto de continuidad y cuánto de cambio. Una perspectiva de izquierda no puede estar satisfecha con que sólo cuatro de cada diez jóvenes culminen secundaria y sólo uno de cada diez sea de los sectores sociales de menores ingresos.
Las bases estructurales para el cambio se han generado después de decenios de asfixia presupuestaria, ahora es necesario romper el círculo vicioso de la reproducción social poniendo foco en los más desfavorecidos con intervenciones convergentes de varias agencias del Estado. Los jóvenes que no culminan la educación media son mayoritariamente hijos de trabajadores informales o formales que ganan menos de 24.800 pesos nominales. Cambiar eso es un giro a la izquierda.
* Ex consejero de Educación Secundaria.
- “¿Nace un modelo o nace un liceo en Casavalle?”, Brecha, 5-VII-13.
- El artículo 202 de la Constitución establece, en su primer inciso, que “la enseñanza pública superior, secundaria, primaria, normal, industrial y artística serán regidas por uno o más consejos directivos autónomos”.
