El papel del cooperativismo en las políticas de vivienda de un gobierno de la por entonces recién constituida coalición multicolor no estaba demasiado claro, hace 19 meses, cuando los uruguayos debimos decidir, entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez, quién sería el futuro presidente. El mínimo programa de gobierno que acordaron blancos, colorados, cabildistas, integrantes del «Partido Independiente» e integrantes del «Partido de la Gente» hacía una muy genérica promesa de «impulso al cooperativismo» y, en uno de los tres párrafos dedicados al tema de la vivienda, se pronunciaba por la «promoción de la ayuda mutua y de la autoconstrucción», pero ambas cosas no se ataban, lo cual daba derecho a pensar que quizá se estaba hablando de otra cosa: por ejemplo, de otras de las varias ramas del cooperativismo o del aporte de trabajo de los destinatarios en las viviendas de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR). De autogestión, santo y seña del cooperativismo de vivienda, ni una palabra.
Sin embargo, había antecedentes que permitían hacer algunas suposiciones. El más importante de ellos era lo que había hecho y dejado de hacer en la materia una coalición muy parecida a la actual (aunque algo menos multicolor), que gobernó entre 1990 y 2005 (en el primero de esos tres quinquenios, liderada por Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual presidente, y con mayoría blanca y herrerista, como ahora). Los aspectos centrales de las políticas de aquel período fueron: una fuerte reducción de la inversión en vivienda, que bajaría al orden del 0,5 por ciento o menos del producto bruto interno, porcentaje en el que se mantendría hasta ahora; la implantación de una vivienda mínima llamada núcleo básico evolutivo, construida por empresas privadas usando sistemas constructivos tradicionales o alternativos, que se constituyó en la receta general y casi única para todos los problemas, y la introducción del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda grupal, agrupamiento de viviendas mínimas que pretendía sustituir a las cooperativas de ayuda mutua, tal como 15 años antes la dictadura había intentado reemplazar las de ahorro previo por las «sociedades civiles».
Y respecto a las cooperativas, específicamente, lo que hubo fue una reglamentación que, por primera y única vez en 50 años de ley de vivienda, las dividía por ingresos, con financiamientos proporcionales a las posibilidades de pago: viviendas pobres para los pobres y viviendas algo mejores para los menos pobres, ejemplo paradigmático, si los hay, de una política excluyente y una fragmentación del territorio, porque recursos escasos significan viviendas más precarias, pero también localizaciones más alejadas y con menos servicios. Y, para completar, la elevación de los intereses de los préstamos al 7 por ciento en unidades reajustables, el valor más alto de la historia, por expresas indicaciones del Banco Central del Uruguay, entonces presidido por un pope del neoliberalismo, el doctor Ramón Díaz.1
Transcurridos algo más de 15 meses del nuevo período de gobierno, sigue sin traducirse en resoluciones claras qué política se aplicará a las cooperativas. Pero hay pistas, muchas pistas: también, como en el caso de los años noventa y siguientes, relativas a la política de vivienda en general y a las cooperativas en particular.
Respecto de las primeras, abril nos trajo la eliminación de los topes de los precios de venta de las viviendas promovidas (construidas al amparo de la ley 18.795, de 2011, con inversiones privadas, pero también con renuncias fiscales del orden del 20 al 40 por ciento de los costos, y, aun así, vendidas a un precio de entre 180 y 200 mil dólares, o más, en el caso de las viviendas de tres dormitorios). Después vinieron la Ley de Urgente Consideración y el presupuesto quinquenal, con nuevos recortes de los recursos para la vivienda; la instauración de los alquileres con lanzamientos express; la extensión de la actuación del MEVIR a todo el territorio, en competencia con las cooperativas de ayuda mutua; el anuncio de un fideicomiso, que no se sabe si es para que los privados aporten recursos a los programas públicos o para que el Estado los aporte a los negocios privados; el enlentecimiento, o directamente la paralización, de los programas de mejoramiento de barrios y relocalizaciones, y la esperanza de que todo se va a arreglar si se sustituye un estudio serio de las propuestas de empleo de nuevos sistemas constructivos por una declaración jurada del proponente.
En cuanto a las cooperativas, si bien en el Plan Quinquenal de Vivienda se prevé, para 2021-2025, la construcción de alrededor de 10 mil nuevas viviendas cooperativas,2 no está claro con qué recursos se financiarían, habida cuenta de los recortes presupuestales y de que las prioridades de inversión parecen pasar por otro lado. Por de pronto, en 2020, de las dos instancias de postulación previstas para acceder al financiamiento, solo se llevó a cabo una y todo indica que en 2021 sucederá lo mismo, visto que, mediado junio, no hay ninguna señal de que se desarrollará la primera, que normalmente se hace en julio, y no hay un cronograma al respecto para el año.
Por otro lado, a la suspensión inicial de las escrituras de los préstamos de los grupos con el trámite terminado (hecho que no se producía desde 1975, cuando la dictadura intentó desmantelar el sistema cooperativo de vivienda) siguió una reanudación con cuentagotas. Mientras tanto, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial proclama la necesidad de construir a 1.000 dólares por metro cuadrado habitable para poder llegar a más gente, pero pone en el congelador el sistema que lo logra (precisamente, el cooperativo) y redobla las facilidades para el que triplica esos valores (la inversión privada en vivienda promovida).
El viernes 18, en una conferencia de prensa, las federaciones de cooperativas de usuarios –la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Federación de Cooperativas de Vivienda–, unidas a la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas y a los institutos de asistencia técnica que las asesoran, reclamaron la urgente aprobación de un cronograma de trámites y postulaciones, la escrituración de los préstamos para los grupos con trámites concluidos, la extensión a las cooperativas de las exoneraciones de las que ya gozan los inversores privados y el MEVIR, y la rebaja de los intereses de los créditos al 2 por ciento para poner de vuelta en marcha el sistema cooperativo de vivienda.
El gobierno tiene la palabra. ¿Se viene otra era del hielo para las cooperativas de vivienda? Si hay alguien que puede producirla es el Estado, porque la gente puede poner esfuerzo, ahorro, conocimiento, pero le es imprescindible el financiamiento público, y este depende de las decisiones políticas que tome el gobierno. Pero si hay alguien que puede impedirla es la gente organizada. Ya lo ha hecho, y en circunstancias aún más difíciles. Porque esta es la misma gente que juntó más de 300 mil firmas en la dictadura, en un solo domingo de febrero, en 1984, para que hoy siga habiendo propiedad colectiva en las cooperativas.
1. Esos intereses fueron reducidos al 4,5 por ciento en 1998 y al 2 por ciento al año siguiente, atendiendo a los reclamos de las federaciones de cooperativas de que el interés fuera solo el necesario para cubrir los costos operativos, evaluados en el 2 por ciento, y no para generar ganancias, al estilo de la banca privada. Esos intereses menores, que se aplicaban al liquidar las cuotas de las cooperativas buenas pagadoras, rigieron hasta 2008, cuando se volvieron a elevar a valores de mercado, que en aquel momento eran del 5 por ciento o poco más, en unidades reajustables, al tiempo que se establecía el subsidio a la cuota.
2. En realidad, el plan habla de 12.501 viviendas cooperativas «terminadas y en ejecución», lo cual implica sumar cantidades correspondientes a diferentes períodos, porque con esta insólita forma de contar una parte de las viviendas terminadas en este período ya habrían sido contabilizadas como «en ejecución» en el anterior y todas las que en 2024 estén en ejecución se contarían también como terminadas en el quinquenio siguiente. Una forma novedosa pero errónea de multiplicar los panes, los peces y las viviendas. Suponiendo que la construcción de estas se distribuye uniformemente en el período, la verdadera cifra para el quinquenio sería del orden de las 10 mil viviendas. Este número mantendría lo proyectado para el quinquenio anterior.
