Francisco Claramunt
«Los zurdos de mierda son violentos y se merecen ser señalados», afirmó este jueves una concejala del partido de Javier Milei en la localidad de Quilmes. La mujer se refería así en una entrevista radial a un incidente del día anterior, en el que un grupo de militantes de su partido entró a una concurrida asamblea estudiantil de la Universidad de Quilmes y roció con gas pimienta a varios de los presentes, quienes debatían si ocupar o no la institución en protesta por el presupuesto universitario. El rector de la universidad, Alfredo Alfonso, dijo a Página 12 que se trataba del episodio de violencia más grave en los 35 años de esa casa de estudios y sindicó a los agresores de ser miembros del círculo cercano de la concejala quilmeña de la Libertad Avanza. «Obviamente, voy a avalar que la Policía use palo y gas pimienta para reprimir a los violentos, que están buscando un muerto», insistió la concejala en su entrevista radial.
La retórica coincide con la de su líder, el presidente argentino, que días antes, frente al Consejo Empresarial de América Latina, había dicho que las protestas universitarias son para defender «los curros» de «tres o cuatro delincuentes», al tiempo que pidió no darles lugar «a los zurdos de mierda que vengan a decir que esto está mal», en referencia a su política de recortes en los servicios públicos. El mandatario se había referido, además, a una manifestación de decenas de miles de personas en el centro de Buenos Aires como «una marcha de parásitos que viven de los impuestos, es decir, del hambre de la gente». Los «parásitos» eran en su mayoría estudiantes, docentes y funcionarios universitarios que pedían más fondos para las universidades públicas, con el apoyo de organizaciones de jubilados, sindicales, partidos de izquierda y miembros de la oposición peronista y radical. Se trató de la segunda gran marcha universitaria en lo que va del año, luego de que en abril pasado unas 500 mil personas salieron a la calle a reclamar contra los recortes del gobierno en la educación terciaria.
La nueva ola de protestas en las universidades, que de acuerdo a la Federación Universitaria Argentina ha dejado unas 30 facultades ocupadas y de acuerdo a agrupaciones de izquierda alcanza ya a 65 casas de estudio, preocupa a las autoridades. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo a Radio Mitre que los estudiantes y docentes «están haciendo una provocación que la llevan al límite y conocemos bien el objetivo: generar una revuelta y tratar de desestabilizar […] tenemos en claro que ellos atrás de esto van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas a propósito, para intentar ir in crescendo […] lo que están buscando es algo muy pesado. Ellos tienen en la cabeza el modelo chileno, que fue el descontrol total a partir de un grupo de estudiantes, con revueltas, con muertos».
Bullrich viene de ordenar una fuerte represión contra los jubilados que se manifestaron frente al Congreso a comienzos de setiembre en protesta por el veto del gobierno a una ley que buscaba dar protección a sus pasividades frente a la inflación. El operativo policial contra esa protesta pacífica dejó más de 50 heridos, entre ellos dos menores de edad, y dos detenidos, e incluyó balas de goma, palos y gas lacrimógeno.
La explosión del nuevo conflicto universitario se origina en otro veto presidencial, el que el 3 de octubre bloqueó una ley de financiamiento universitario aprobada por la oposición tres semanas antes. El 9 de octubre, en una votación en la que el oficialismo quedó en minoría, el veto no obstante se mantuvo firme en el Congreso, dado que la oposición no logró los dos quintos necesarios para anularlo. La norma vetada buscaba proteger el financiamiento universitario de los recortes que vienen afectando los salarios docentes y que incluso han dejado a las universidades públicas con problemas para pagar las facturas de luz. Aunque, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la norma vetada era del 0,4 por ciento del PBI, el presidente tildó a sus impulsores de «degenerados fiscales».
De acuerdo al Consejo Interuniversitario Nacional, órgano que reúne a las autoridades académicas del país, «entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45 por ciento en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50 por ciento del total del personal».
Hasta ahora, el gobierno nacional argentino se ha mostrado dubitativo a la hora de reprimir a los universitarios con la misma dureza que viene empleando contra sindicatos obreros y jubilados, quizás temiendo el costo que eso le podría acarrear entre los sectores medios. En la provincia de Santa Cruz, sin embargo, la Policía provincial irrumpió esta semana en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en medio de una protesta. El rectorado de la universidad denunció el hecho como «una clara provocación a 30 años de la consagración constitucional de la autonomía universitaria y [a] 75 años de la gratuidad universitaria en Argentina».
A continuación, Brecha reproduce fragmentos de un reportaje del medio cooperativo La Vaca realizado en ocupaciones universitarias en la ciudad de Buenos Aires.
Sesenta y cinco facultades tomadas (y contando) en todo el país
El veto por la culata
Franco Ciancaglini
Gonzalo tiene una remera verde, Cecilia, una violeta, Micaela, una roja y Valentina, celeste: son de distintas agrupaciones estudiantiles y charlan parados en la calle. Coordinan que el corte parcial de la avenida Independencia garantice las clases públicas en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Por la noche, estos cuatro estudiantes levantaron la mano junto a otros 1.500 que votaron para que esta facultad sea tomada hasta el lunes 21, fecha en la que harán una nueva asamblea para definir cómo seguir. «Tenemos un objetivo muy claro, todas las agrupaciones, que es defender la universidad pública: partimos desde ahí», cuenta Valentina –de El Impulso, a cargo del centro de estudiantes–, sobre cómo conseguir la unidad. «Obviamente tenemos diferencias. Lo más rico que tiene una asamblea es que hay libertad de voces y todos pueden opinar. Pero el objetivo es el mismo: defender la educación pública», repite.
El presupuesto asignado actualmente no garantiza que las universidades puedan seguir funcionando. La norma vetada por Milei proponía declarar la emergencia presupuestaria para las universidades en 2024 y actualizar las partidas del Presupuesto 2023. Actualmente están funcionando con ese presupuesto prorrogado (elaborado a su vez en 2022) y no actualizado. La consecuencia: no hay sueldos dignos para docentes ni para no docentes. Este ahogo financiero es acompañado con una demonización de la universidad pública a fuerza de fake news. Cecilia, de la agrupación MotorPsico, las repasa: «El gobierno nacional fue tirando distintas mentiras para desviar la discusión: primero las auditorías, después los alumnos fantasma, ahora, que la universidad es de hijos de ricos… A mí lo que me parece es que eso no cala en la sociedad. En la marcha del 2 de octubre mostramos el gran acompañamiento que tiene la defensa de la educación. Y esta intención del gobierno de querer confundirnos se les va a volver en contra. Lo que me hace pensar eso es que los funcionarios del gobierno no conocen ni saben que acá está lleno de primera generación de universitarios y de trabajadores». Los números avalan lo que dice Cecilia: según la Encuesta Permanente de Hogares, siete de cada diez estudiantes son parte de la primera generación de sus familias que llega a la universidad y, encima, cuatro de cada diez son pobres.
Micaela, de la agrupación Clave Roja, la secunda: «Y no solo somos hijos de trabajadores: la mayoría trabajamos, también. Acá los estudiantes de Psicología tienen salidas laborales ultraprecarizadas, de acompañamientos terapéuticos, por ejemplo, o de inclusión escolar. No cobramos durante meses».
Durante el día las y los estudiantes recibieron tres tipos de visita: la de medios de comunicación, que mostraron cómo se desarrollaban las clases públicas en medio de una transitada avenida, con bocinazos de apoyo por parte de los conductores que pasaban; la de la Policía de la Ciudad, que se presentó temprano –camión hidrante incluido– para «liberar» la avenida, y ante la negativa de los estudiantes liberó solo dos carriles, por donde circulan los autos, y luego volvió con cámaras de filmación; la de la asamblea del barrio de Boedo, que llevó comida y apoyo.
Resume Gonzalo: «Ayer se decidió juntarnos con el hospital Garrahan y el Bonaparte, así como con otras universidades y facultades. Vamos a hacer una marcha blanca que será justamente de universidades y de salud pública, porque ambas luchas van de la mano».
La lucha (desde diciembre de 2023) de asambleas barriales, la lucha por la salud (setiembre de 2024) y la de ahora por la educación parecen ir lentamente confluyendo en una sola. Natalia: «Esta semana se demostró que la sociedad se está enterando de lo que está pasando y se está movilizando, y seguiremos: no nos vamos a ir para atrás, las medidas van a ser cada vez más radicales. Nos vamos a unir con otros sectores en lucha –hospitales, jubilados– y se están uniendo cada vez más estudiantes independientes».
Los independientes
Ian y Candela son alumnos de tercer año de la carrera de Psicología y acaban de aprontar el mate. Se sientan en uno de los pupitres vacíos que están sobre la calle, antes de entrar a una de las clases públicas. Son lo que las agrupaciones llaman «estudiantes independientes», ya que no pertenecen a ninguna. Dicen: «Al ser tan crítica la situación, se genera una unidad. Estamos todos en la misma, así que vamos juntos para adelante», dice ella. Ian: «Se tomaron Exactas, Ingeniería, Derecho en Córdoba: evidentemente esto moviliza, no es solo acá».
¿Cuál fue el detonante? Candela arriesga: «El veto fue la gota que rebalsó el vaso. Esto viene desde hace un montón y el veto fue el colmo. Habiendo habido marchas tan masivas, hacen esto: es un montonazo. Me parece que estamos un poco cansados». El cansancio para estos jóvenes incluye los alquileres, las tarifas, el trabajo precarizado. Y el alrededor: «Tenemos familiares jubilados: nos está golpeando por todos lados», dice ella.
Pasa un motoquero que los insulta con el típico: «Vayan a laburar». Ian le responde riendo: «¡Yo entro más tarde!». Ella interpreta este tipo de gritos: «Somos estudiantes de Psicología… Tenemos también que comprender que hay gente que no le queda otra que sostener lo que creyó en un principio, e intenta seguir adelante».
El piberío
Agus Mermet se considera de «la vieja guardia» del Centro de Estudiantes Filosofía y Letras y desde esa experiencia arroja otro dato esperanzador: «Hay más involucramiento del piberío». Mermet habla desde el célebre patio del pino en la sede que ayer fue centro de otra masiva asamblea «con muchas agrupaciones y estudiantes que se sumaron por primera vez». El resultado fue una votación unánime a favor de tomar la facultad por tiempo indeterminado.
Hoy, estudiantes como Agustina amanecieron sacando bancos a la calle para garantizar las clases públicas que, a las 12 del mediodía, están repletas. Mientras, se organizan en comisiones: cultura, limpieza, articulación, comunicación. «Estamos invitando a sumarse a todos los sectores en lucha y a la comunidad, a abrazar las tomas de la facultad que más cerca le quede», le cuenta a una señora de Caballito que pasa hacia la coqueta avenida Pedro Goyena con gesto adusto.
La Facultad de Filosofía y Letras, a diferencia de otras que debutan en la cuestión de las tomas, tiene una larga historia de lucha. La última se dio en 2018, en reclamo de mayor presupuesto y una solución a los salarios docentes. Desde entonces no hubo medidas fuertes, pese a los contextos. Analiza Agus: «Pospandemia venimos de un proceso de desmovilización. En 2018 ya estaba más caldeado y ese proceso se plegó con todo el crecimiento de la marea verde, con el feminismo. Ahora le estamos poniendo mucha cabeza para hacer espacios amplios y democráticos. Sostener la toma o no dependerá de qué pasa en otros lugares, en otras facultades, en el país.
Tenemos todo para pelearla y ganar».
La voz docente
Yohia es docente de la materia Grupos de la carrera de Psicología. Está dando clases públicas «como una forma de visibilizar el reclamo y abrirlas a la comunidad». La decisión de darlas o no está, claro, en manos de los docentes y no de los estudiantes. Cuenta Yohia: «La mayoría definimos que vamos a darlas. Las clases virtuales vaciarían el reclamo; la mejor forma de apoyar es mostrar que las clases están garantizadas por los docentes y que sean públicas».
Yohia cuenta emocionada que su mamá, trabajadora de comercio, terminó el secundario el año pasado, a sus 52 años. Y que el papá es empleado de mantenimiento, con secundario incompleto. «Trabajaron desde muy chicos y no pudieron acceder a la educación superior. Muchos de los docentes que estamos acompañando somos primera generación de universitarios de nuestra familia. Eso que pudimos lograr para nosotros, queremos que se multiplique. Frente a los dichos de Milei, recordaría que el 48 por ciento de los estudiantes universitarios vive en hogares pobres según el INDEC [Instituto Nacional de Estadística y Censos], que entre la docencia universitaria, el 85 por ciento estamos bajo la línea de la pobreza. Es al contrario de lo que dicen: los pobres subsidiamos la fiesta de los ricos, a los cuales se les quitan impuestos».
Yohia da cátedra mientras sus alumnos y alumnas se organizan. Y regresa de su historia personal a la macro para contar cómo el desfinanciamiento educativo es parte de un plan integral:
«Es un plan conjunto de este gobierno que también se encarna con la reforma laboral –acompañada por sectores del radicalismo, la CGT [Confederación General del Trabajo]– que tiene que ver con fomentar la precarización en nuestro país». Yohia cuenta que desde 2015 los docentes perdieron alrededor de 45 puntos de poder adquisitivo. Sus números: cobra 126 mil pesos (130 dólares) por 16 horas cátedra. Y cuenta: «Todos tenemos otros trabajos; en mi caso, hasta el mes pasado tenía cuatro para intentar llegar a fin de mes. Pero también hay algo más estructural, que no dice el gobierno ni ningún medio, que es que las universidades públicas se sostienen también gracias a la docencia ad honorem, docentes que trabajan de forma gratuita. Hay algunas unidades en las que cerca del 40 por ciento son ad honorem, es decir, dan clases gratis».
(Publicado originalmente en La Vaca. Brecha reproduce fragmentos.)
