El corral de ramas en el que se metió el Poder Ejecutivo al firmar su acuerdo con Katoen Natie sigue teniendo consecuencias. Buena parte de las gremiales que constituyen la base social del gobierno expresó su rechazo al alza de precios que dispuso la empresa –socia mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP)– para algunos de sus servicios. En 2022, TCP había resuelto un aumento del 10 por ciento en los precios que cobra a sus clientes, fundado en la paramétrica aplicada por la Administración Nacional de Puertos (ANP) para fijar el canon que la terminal debe pagar por el movimiento de contenedores. Ese intento quedó sin efecto al otro día, tras las quejas de clientes exportadores. Un año más tarde, TCP volvió a la carga. En junio anunció un aumento de 24,1 por ciento que ocasionó el rechazo de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU). Entonces, el gobierno se mostró contrario al incremento, que quedó suspendido, y se instaló una mesa de diálogo integrada por TCP, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la ANP.
El resultado de las negociaciones se conoció esta semana. La empresa comunicó el lunes 14 que, «luego de un período de intercambio en el ámbito entre la gerencia y los accionistas de TCP» (no mencionó la mesa integrada junto con el gobierno), se resolvió que «las tarifas generales tendrán una corrección al alza del 17 por ciento» y «las tarifas a la exportación y admisión temporaria que se beneficiaron de la rebaja incluida en el acuerdo entre la empresa y Uruguay tendrán una corrección del 13 por ciento». La última referencia alude a la disminución gradual de precios, que había alcanzado un 26 por ciento desde que se empezó a aplicar el nuevo régimen para mover contenedores. Ese era uno de los argumentos centrales para defender el acuerdo por parte del gobierno y la empresa (otro eran las inversiones en obras, que siguen sin iniciarse).
Los aumentos aplicados esta semana van a contramano de aquella intención y fueron rechazados en comunicados por la UEU, la Federación Rural y las gremiales nucleadas en Campo Unido (la propia Federación Rural, la Asociación Rural del Uruguay, las cooperativas agrarias, la Comisión Nacional de Fomento Rural y las asociaciones de cultivadores de arroz y de productores de leche). También fue muy crítico el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Fernando Pache, durante su participación en la presentación de un libro del expresidente argentino Mauricio Macri. «El gobierno avaló que hay un atraso cambiario del 17 por ciento», dijo Pache en el evento (Ámbito, 16-VIII-23). Es que el aumento inicial de 24 por ciento, luego rebajado, había sido justificado por TCP en «la caída sostenida del dólar» en Uruguay, a la que sumó la inflación en Estados Unidos.
El miércoles pasado, TCP emitió una dura respuesta al comunicado de la UEU en la que acusó a la gremial de hacer «un manejo amañado de cifras» para favorecer los intereses de sus dirigentes (los exportadores habían dicho que «la decisión [de subir los precios] muestra una clara actitud monopólica» por parte de TCP). La multinacional de origen belga sostuvo que no es cierto que los costos de exportar a través del puerto de Montevideo son cuatro veces más caros que en otros puertos de la región y que la UEU no da a conocer los estudios en los que basa sus afirmaciones en ese sentido. Invitó también a hacer uso del simulador de costos de la naviera CMA-CGM, de donde surgiría que «los exportadores uruguayos colocan sus productos en el exterior con menores costos logísticos» en comparación con la región.
El presidente de la UEU, Facundo Márquez, dijo a Brecha que la gremial que preside se había referido exclusivamente a los costos de las terminales, mientras que «TCP agrega en sus respuestas otros costos logísticos, como los fletes, que no tienen que ver con su operativa». Además, sostuvo que los informes que vienen produciendo con consultores internacionales están a disposición.
LO POLÍTICO
En dos documentos a los que accedió este semanario (del 12 de julio y del 16 de agosto de este año), la vocal en el directorio de la ANP en representación del Frente Amplio, Alejandra Koch, critica los aumentos resueltos por la empresa con la anuencia del gobierno. Luego de aclarar que lo que se discute son «precios» aplicados por privados y no tarifas (término que se reserva para el cobro de servicios brindados por la autoridad portuaria pública), Koch sostiene que, «atendiendo los reclamos de los sectores vinculados al comercio exterior, la ANP elaboró durante la administración anterior un glosario de servicios portuarios, agrupado por actor y por actividad, con el objetivo de lograr un documento único de facturación» que permitiera identificar los distintos servicios por los que cobran los operadores portuarios y que fuera referencia para reclamos de clientes que consideraran que algún cobro no correspondía (la UEU asegura que entre 2013 y 2018 los precios de servicios para contenedores aumentaron 300 por ciento). «El trabajo quedó pronto y elevado para la aprobación del Poder Ejecutivo, pero con el cambio de gobierno se ignoró», afirmó la directora.
También dio cuenta de que el acuerdo con Katoen Natie llevó «a la mínima expresión la fijación de precios máximos» a cobrar por los servicios de la terminal, topeando «solo dos conceptos» y quedando los demás liberados a la decisión de la empresa. Para Koch, estos precios «deberían analizarse en forma integral, no solamente atendiendo la variación de indicadores, sino evaluando el negocio en sí mismo, su desarrollo, crecimiento, competencia, etcétera». En ese sentido, señala que los términos del acuerdo hacen que la empresa ya no esté en competencia, y el pasaje forzoso de los clientes de la otra operadora, Montecon, hacia TCP implicó que la terminal pasara de tener un 40 por ciento a un 72 por ciento del total de movimientos de contenedores. «La empresa ha justificado el aumento de precios en la inflación de Estados Unidos y la depreciación del tipo de cambio del dólar. Sin embargo, nada menciona respecto al crecimiento de sus ingresos, que, en 2022, sin hacer inversión alguna, han aumentado en 17 millones de dólares, según Constancia de Registros de Estados Financieros de la Auditoría Interna de la Nación. Debemos tener presente que, a la fecha, la empresa no ha presentado en ANP los estados financieros correspondientes al ejercicio 2022», esgrime uno de los documentos de Koch.
La vocal también es crítica con la actuación de los representantes del Estado en el directorio de TCP. Pese a que los ha solicitado específicamente, Koch sostiene que «no se han recibido informes» de esos representantes en el directorio de la ANP, al que tampoco se le dio participación en las negociaciones instaladas entre el gobierno y la empresa luego del aumento de 24 por ciento anunciado en junio. Los directores del organismo público en TCP son el exdiputado nacionalista José Andrés Arocena y la secretaria del senador Jorge Gandini, Irene Caballero (véase «Sin respuestas», Brecha, 28-IV-23).
