Desde aquellas reiteradas conferencias de prensa en la pandemia y los elogios de la comunicadora argentina Viviana Canosa a Luis Lacalle Pou ha corrido mucha agua bajo los puentes. Hoy el periódico británico The Economist cuestiona su figura y la idea de un gobierno ejemplar. En el plano interno, su lógica de «el gobierno soy yo» se ha visto golpeada y debió ceder a exigencias de sus socios, en una reforma tan importante para el Ejecutivo como la de la seguridad social.
El desgaste que vive la figura presidencial también lo sufre la coalición multicolor. Ella, como todas las construcciones humanas, en la medida que interactúa con la realidad, se modifica, muestra sus fortalezas, debilidades y, obviamente, tampoco conserva sus equilibrios internos originales.
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La coalición multicolor tuvo como objetivo común desalojar al Frente Amplio (FA) del gobierno, amén de sus coincidencias en varios aspectos ideológicos. El talante conservador de sus integrantes funcionó en las leyes fundamentales de su proyecto político: lo hizo en los recortes en el gasto del Estado (debe recordarse el decreto 90/2020 que redujo el uso de los recursos presupuestales ya asignados por el gobierno anterior), la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, la ley presupuestal, la transformación educativa, las rendiciones de cuentas y la actual propuesta de reforma de la seguridad social, hoy sujeta a aprobación del Parlamento. En el plano económico y social la apuesta fue a apoyar a los «malla oro», dejar que el mercado fuera el asignador de recursos, cosa que concluyó en un aumento de la desigualdad y el deterioro del poder de compra de trabajadores y jubilados. También hay un constante ataque a las organizaciones sociales, ya sea las nucleadas en las ollas populares, como a todo el movimiento sindical y estudiantil. Talante conservador que también se explicita en los ataques a la nueva agenda de derechos.
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Ese es el plano conceptual de la coalición gobernante, otro plano es su funcionamiento y la relación entre el Ejecutivo y sus aliados. En lo metodológico la coalición ha desnudado varios problemas. En primer lugar, Lacalle Pou ha elegido un esquema bien presidencialista, que en el plano institucional evade, en general, el funcionamiento del Consejo de Ministros, priorizando los acuerdos bilaterales. Y en el plano político se ha negado a la conformación de una «mesa chica» con los líderes partidarios de los partidos coaligados. Para esa conducta ha elegido una metáfora del truco (el juego de naipes) cuando son seis los jugadores. El presidente sostiene que se maneja con el pico a pico y luego con la redondilla. En el truco de seis el pico a pico es cuando los participantes se enfrentan uno a uno, en cambio la redondilla es cuando el juego es de tres contra tres, es decir, colectivo. Un detalle a tener en cuenta es que, en el juego de seis, la regla dice que la redondilla precede al pico a pico. Esa modalidad de funcionamiento de la coalición ha sido cuestionada por colorados y cabildantes.
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El proyecto de reforma de la seguridad social ha demostrado que el método no funciona siempre. Incluso en el pico a pico Lacalle ha debido ceder a las demandas del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, lo que motivó de inmediato un movimiento similar de los colorados. En los dos encuentros hubo de aceptar cambios en la reforma de la seguridad social. Pero sería un error concluir que los reclamos de ambos partidos se deben solo al hecho de no ser escuchados con anterioridad, o al rechazo de la tendencia «absolutista» del presidente que, además, por momentos muestra algunos sesgos «cesaristas». En realidad, las diferencias surgen de una lectura de la realidad, que ya no muestra la luna de miel que el gobierno vivió durante la pandemia del coronavirus. Los distintos sondeos de opinión registran una opinión mayoritaria contraria a la reforma de la seguridad social, una preocupación por una realidad económica que la población considera negativa, sumado a que el tema de la inseguridad retoma un nivel de relevancia en las inquietudes de los uruguayos.
La voluntad popular es la que permite, mediante el sufragio, el acceso al gobierno y a los cargos legislativos por la vía electoral, por eso importa medir la evaluación de los gobernantes. Las distintas encuestadoras registran un crecimiento en la adhesión de los votantes hacia el FA y un decrecimiento de la cantidad de votantes hacia los socios menores de la coalición, consagrando la primacía del Partido Nacional, aunque sin alcanzar los resultados de 2019.
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Sin embargo, el malestar ciudadano que reflejan las encuestas también tiene otros componentes, aunque estos últimos hechos influyen más en los formadores de opinión –por tanto, su impacto es retardado– que en la cotidianidad de la mayoría de la población.
Al contrario de los enunciados en la campaña electoral sobre la transparencia y la acusación de actos de corrupción a la administración anterior, el actual gobierno se ha visto salpicado por varios episodios carentes de transparencia, que involucran a la cúpula gubernamental. Eso, además, ha tenido repercusión internacional, cuestionando la imagen diferenciada del gobierno uruguayo respecto a otros países. Uruguay era tomado como referencia de la derecha latinoamericana y en nuestro suelo se llevaron a cabo varias de las reuniones de los think tank conservadores. Esa variación negativa de la mirada internacional es visible en la publicación del periódico británico The Economist (13-IV-2023). En ella se dice que la reputación del país varió a causa del caso Astesiano, indicando que el jefe de la custodia presidencial «había vendido actas de nacimiento falsas a rusos para que pudieran obtener pasaportes uruguayos». Asimismo, la publicación cuestiona la conducta de Lacalle Pou, que ignoró los antecedentes de Astesiano a pesar de que lo conocía hace 20 años y el exjefe de la custodia tenía «varios enredos con la ley, que incluyen investigaciones policiales sobre denuncias de fraude y robo». The Economist también da cuenta del episodio de la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. El periódico afirma que Marset ha sido relevante para «las pandillas que envían armas de asalto y municiones entre Argentina y Brasil a través de Uruguay, según un equipo de investigación de Insight Crime». El gobierno uruguayo parece haber perdido el aura de ser una administración de derecha sin grandes historias de corrupción, al menos eso reflejan medios internacionales que antes ponían como ejemplo positivo la gestión de Lacalle Pou y sus socios.
