A esta altura se puede percibir una diferencia sustancial entre el viento de cola de la política económica frenteamplista y el viento de cola que impulsa la economía multicolor. A aquellos se les decía: «Con los precios internacionales y los niveles de exportación a tope, ¡qué gracia tiene aumentar salarios! ¡Así cualquiera!». Hoy se ha dejado de mencionar el viento de cola (como de alguna manera se ha dejado de mencionar al ministro Eduardo Bonomi): la venta de soja ha aumentado un 50 por ciento y también su precio por tonelada. Otro tanto ocurre con la carne y el trigo, pero los salarios no solo no han aumentado, sino que la carestía los ha vuelto cada vez más flacos. Sumando los volúmenes de venta y los precios internacionales, y restando la depreciación del dólar (12 por ciento en un año), se verá que el negocio es cada vez más rentable y no para de mejorar, ni con la pandemia. Y no caben los llantos: los precios de la importación de insumos, en especial los fertilizantes, ciertamente se han encarecido con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero esa guerra ha disparado los precios de los commodities. Es posible establecer cuándo y dónde van a parar los beneficios de las exportaciones –e incluso a quién– para demostrar que el «derrame», el «reparto», es escuálido.
También es posible establecer dónde y cuándo se produce la caída de consumo. No tiene sentido establecer quiénes lo sufren: son cientos de miles los habitantes de los barrios periféricos que consumen menos (y no precisamente productos suntuarios, sino de primera necesidad) porque sus ingresos se han achicado en un porcentaje mayor que la inflación desde que cambiaron los criterios para los ajustes salariales, las jubilaciones y las pensiones, y se alargaron los lapsos de las correcciones. Muchas patronales –no todas– se han acostumbrado a timonear sus negocios con menos carga salarial y se manifiestan reacias a aceptar las recomendaciones del gobierno, en parte porque una ley se acata, pero una recomendación se acepta o no.
A pesar de la altísima frecuencia con la que el presidente Luis Lacalle emite una opinión sobre todo, requerida o no, necesaria o no, es difícil extraer de sus abundantes intervenciones públicas una explicación acabada de los elementos que impiden al gobierno aplicar una administración diferente de la riqueza acumulada. Por otro lado, sería improbable aspirar a tener una respuesta al respecto de la ministra de Economía y Finanzas, porque todavía no elaboró un power point sobre el tema. Es cierto que desde el llano, al no estar en el ajo, sin saber qué cartas hay en el mazo, es pretencioso reclamar respuestas claras y directas. Sabemos que el tema del libre mercado –las reglas de juego, las prioridades, los derechos y las obligaciones, y, sobre todo, que no se debe ser impaciente al reclamar soluciones– dificulta la comprensión de los compromisos y los equilibrios que demanda el arte de gobernar para la felicidad de todos los súbditos, no solo de los malla oro.
Se dice que el silencio es una cualidad que distingue a los inteligentes. Claro que, a veces, el silencio encubre la determinación de no dar explicaciones. Es el recurso que generalmente va de la mano del secreto o la confidencialidad, instrumentos que justifican el hecho consumado. Por ejemplo, el anuncio de que en el correr del año habrá una inversión récord en obras públicas, que atenderá la refacción de rutas y de todos los puentes carreteros que la necesiten, no estuvo necesariamente acompañada de una información sobre las previsiones presupuestales en la rendición de cuentas que comenzará a ser analizada en breve. El presidente razonó con la prensa, palabras más, palabras menos, que «la inversión estatal es esencial y también [lo es] la privada». La acotación sugiere que la financiación privada será un componente determinante, para lo cual sería conveniente conocer las condiciones que regirán y cuánto terminará costando al Estado ese matrimonio en la obra pública. Los negocios que el gobierno teje con los grupos privados suelen poner los pelos de punta. Hasta ahora ninguno ha empardado el acuerdo con la belga Katoen Natie para la explotación del puerto de Montevideo en condiciones de virtual monopolio. Cuanto más habla la propaganda de la Terminal Cuenca del Plata sobre los orígenes, la bahía, el puerto y la soberanía, más se robustece la convicción de que a Uruguay le amputaron las dos piernas, un gol de rambuyé, como dice Kesman, o sea, con disimulo, como quien no quiere la cosa.
Ese antecedente hace poner las barbas en remojo (para el caso de que el dicho tuviera que ver con barbas), pero en todo caso significa una alerta. Tal es el caso del proyecto para construir una terminal de ferris y barcos de pasajeros donde hoy reposan los restos del dique Mauá. La iniciativa de la empresa constructora Berkes, de origen nacional, desplazó al zarandeado proyecto similar de Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, cuya gula empresarial desató rechazos varios durante la anterior administración frenteamplista. La promesa de invertir 400 millones de dólares ofrecida por Berkes atrajo la atención de Presidencia de la República cuando quedó claro que el jugador en las sombras es el empresario argentino Eduardo Eurnekian, dueño del conglomerado Corporación América, cuya subsidiaria Puerta del Sur obtuvo en 2003 la concesión de los aeropuertos de Carrasco y Punta del Este. A fines de 2021 Puerta del Sur se transformó en Aeropuertos Uruguay cuando, a la vez que el gobierno extendió la concesión de 2003 por otros 20 años, incorporó la operación y la gestión de seis terminales aeroportuarias en ciudades del interior, con la promesa de una inversión de 70 millones de dólares. El proyecto está a consideración de la presidencia y, de concretarse, Eurnekian controlará todo el movimiento de pasajeros por las vías aérea y marítima, puesto que en una licitación tendrá un tratamiento preferencial por ser el autor de la iniciativa.
La última sorpresa con la que el gobierno sacudió la modorra fue la autorización para que cinco empresas de televisión por cable vendan tráfico de datos (servicio de Internet), lo que liquida, así, el monopolio de ANTEL. Una medida de tal envergadura, que hubiera exigido un debate a fondo en la sociedad, se sacó, también de rambuyé (rambouillet para los exquisitos), con un simple decreto. Enajenar, en beneficio de privados, la costosa inversión de ANTEL en fibra óptica, justo cuando comenzaba a rescatarse la inversión, no es sorpresa, porque la intención estuvo planteada desde el comienzo de esta administración y la idea persistió a pesar de las múltiples objeciones. Todos estos antecedentes tienden a consolidar la denuncia del sindicato de los trabajadores de ANCAP, para quienes diversas movidas de privatizaciones parciales configuran una estrategia para desmantelar la empresa estatal. No hay nada nuevo bajo el sol: la verdadera frutilla de la torta está en la propiedad estatal. La familia es coherente: se insiste, por caminos convergentes, en aquello que no pudo concretarse en 1993.
