Upm anunció el 23 de julio que instalará una segunda planta de celulosa en Uruguay, una de las más grandes del mundo, con una capacidad de producción de aproximadamente 2,33 millones de toneladas al año. Este megaproyecto producirá importantes daños ambientales, sociales y culturales. En el contexto de una crisis socioambiental global, este proyecto representa un paso en la dirección equivocada.
El nuevo megaproyecto de UPM contribuirá a la degradación ambiental
Este megaproyecto promoverá la expansión de monocultivos de árboles. Upm estima que entre 180 mil y 220 mil hectáreas de plantaciones ya están establecidas, y que se requerirán de 60 mil a 90 mil adicionales para un suministro sostenible de madera para la fábrica. La mayoría de estas plantaciones se establecieron y se establecerán en los pastizales naturales de Uruguay. Las plantaciones de eucalipto son menos eficientes como secuestro de carbono que los pastos naturales y los bosques nativos que desplazan. Estas plantaciones de árboles también tienen un impacto negativo en la biodiversidad, en particular reduciendo los pastizales nativos, las aves y las variedades de peces en el ecosistema natural de las praderas, y facilitando la reproducción de especies exóticas invasoras, como los jabalíes. Pero el peor impacto ambiental será para un sistema de agua ya comprometido, ya que este tipo de plantación, que depende de fertilizantes sintéticos, herbicidas y plaguicidas como el glifosato, erosiona los suelos y contamina los ríos. Estos impactos en las características del agua y el suelo comprometen la capacidad futura de Uruguay para cultivar alimentos. Upm 2 también afectará la disponibilidad de agua. La reducción de la fuente de agua debido a las plantaciones industriales de eucalipto ha sido documentada en Uruguay desde 1999. Las demandas de flujo de agua de la nueva planta de celulosa son equivalentes, para dar una imagen, al agua que beben diariamente más de 53 millones de personas, casi 15 veces la población de todo Uruguay. La planta de celulosa también afectará la calidad del agua a través de sus efluentes, aumentando los ya altos niveles de nitrógeno y fósforo.
El nuevo megaproyecto de UPM fomentará la desigualdad económica
La compañía invertirá 2.400 millones de dólares, mientras que Uruguay gastará un estimado de 4.000 millones de dólares en mejorar la infraestructura para satisfacer los requisitos de la compañía. Upm estará exenta de pagar varios impuestos, se ubicará en una zona franca y venderá su exceso de energía a Uruguay, que está obligado a comprarla incluso si no es necesario. La compañía usará aproximadamente 137 millones de litros de agua por día sin pagar por su uso, mientras que devolverá al río 107 millones de litros contaminados por día, lo que requerirá un monitoreo especial por parte del Estado uruguayo. La empresa trasnacional obtiene grandes beneficios al extraer bienes naturales, mano de obra y causar daños ambientales; mientras que la comunidad local se queda con los impactos de un río contaminado y eutrofizado, y la afluencia de unos pocos miles de trabajadores temporales. Los empleos creados durante el proceso de construcción reproducen la división sexual del trabajo y no proporcionan una solución al desempleo a largo plazo para las comunidades donde se encuentra la planta. Los trabajos de construcción para hombres que tienden a provenir de otras partes del país aumentan el trabajo sexual y el tráfico de mujeres locales. Los empleos generados por la planta, luego de los dos años requeridos para su construcción, no compensan los empleos perdidos como resultado de las plantaciones industriales mecanizadas de árboles que desplazan del territorio a los pequeños comerciantes, productores rurales, trabajadores de la pesca artesanal y del turismo.
El nuevo megaproyecto de Upm debilita la participación de la comunidad
Este proyecto no tiene licencia social. El acuerdo entre Upm y Uruguay no fue aprobado por el Parlamento, y los ciudadanos no tuvieron acceso a la información y la participación en el proceso de toma de decisiones. Varias organizaciones sociales, grupos de ciudadanos locales y partes interesadas han expresado sus preocupaciones sobre las formas en que el megaproyecto afectará sus vidas, y sus preocupaciones no han sido abordadas adecuadamente por el proceso de consulta pública. El proyecto perturbará completamente la vida de las personas, con un tren de carga que transporta sustancias altamente tóxicas, divide ciudades y pueblos en el campo y fragmenta los barrios de la clase trabajadora en la capital del país. Además, el contrato incluye requisitos para la reducción de derechos laborales e influencia en las políticas educativas. La última versión del contrato permite que Upm se retire dando sólo un año de aviso sin justificación y sin consecuencias materiales.
No existe un planeta B, no podemos permitirnos continuar promoviendo proyectos y prácticas económicas que consideren los impactos ambientales, la justicia social y los derechos humanos como temas secundarios. Apoyamos las colaboraciones entre países que resultan en empleos equitativos de buena calidad que sirven para regenerar y proteger nuestro ambiente.
Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales Contra Upm2; Cndav; Redes, Amigos de la Tierra Uruguay; Ffose; fucvam; Movus; Atcde; Plenario Intersindical Social María Romana; Asamblea por el Agua del río Santa Lucía; Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua; Coordinación contra Monsanto y el Agronegocio; No al Tren de Upm; Colectivo Recreo; Comisión Laguna del Cisne; Maldonado por la Tierra y el Agua; Confederación de Pueblos Costeros; Cotidiano Mujer; Colectivo Ecofeminista Dafnias; Ecofeministas de Fray Bentos; Colectiva Feminista La Cuarta Ola; Mujeres en Alerta, de Ciudad de la Costa; integrantes de Por el Costado de la Vía; Ceipa; revista La Bicicleta; Reactiva Contenidos; radio Espika FM; La Kandela FM; Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba; Grupo Guayubirá; Colectivo Ñangapiré, de San Gregorio de Polanco; La Campana Verde; Mesa Nacional de Colonos; Movimiento por la Tierra; Asociación Uruguaya de Guardaparques; Rapal; Movimiento de Protección Ambiental de Sarandí del Yi; Asociación Civil Nativos Punta Negra; Grupo Alas de Piriápolis; Aeeca; Coendu; Slow Food; Organización Hum; Red Ánimas; Asamblea del Callejón; Socobioma; Our Voice; Asamblea Pachamama; Uni2 por Uruguay; Julana; Conacha; Coordinadora contra Upm y el Modelo Forestal; Todos por el Agua; Friends of the Earth International; European Water Movement; Friends of the Earth, Finlandia; Friends of the Landless, Finlandia; Global Forest Coalition; Wrm; Recoma; The Wilderness Society; Earth Day Network; Ähtärinjärvi Nature Association, Finlandia; Global Justice Ecology Project, Estados Unidos; New Wind Association, Finlandia; Emmaus Aurinkotehdasry, Finlandia; Katajamäkiry, Finlandia; Foro Italiano dei Movimenti per l’Acqua; Environmental Paper Network-Finance Working Group; Bank Track, Países Bajos; Stand Earth, Estados Unidos; Rainforest Relief; Dogwood Alliance, Estados Unidos; Gaia Foundation, Inglaterra; Mangrove Action Project, Estados Unidos; Ambiente Desarrollo y Capacitación, Honduras; Forum Ökologie&Papier, Alemania; Pro Regenwald, Alemania; Denkhausbremen, Alemania; GE Free New Zealand in Food and Environment; Family Farm Defenders, Estados Unidos; Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, México; Coordinadora Nacional Agua para Todo@s Agua para la Vida, México; Otros Mundos, Chiapas; Amigos de La Tierra, México; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua; Amigos de la Tierra Argentina; Guardianes del Iberá, Argentina; Lpesm Riau, Indonesia; Acción Ecológica, Ecuador; Red Ecuatoriana de Alternativas a la Palma Aceitera, Ecuador; Sobrevivencia, Amigos de la Tierra, Paraguay; Sano y Salvo, Primera Asociación Campesina e Indígena de Cultura y Producción Ecológicas en la Biosfera del Sureste de Nicaragua; Environment East Gippsland, Australia; Fundación Chile Sustentable; Boreal Action, Canadá; Friends of the Siberian Forests; Biodiversity Conservation Center, Rusia; Ecology and Pioneering AB, Suecia; Sinpaf, Brasil; Sindaen, Brasil; Sindiagua /RS, Brasil; Ondas, Brasil; Fnu, Brasil; Fnsa, Brasil; Abibiman Foundation, Ghana; Tabio, Tanzania; Cord and National Adivasi Alliance, India; Observatorio Petrolero Sur, Argentina; Olca, Chile.
