Más allá del peligroso precedente que sienta, la reciente resolución de los cancilleres del Tiar no garantiza ni la aplicación de la fuerza contra Caracas ni la salida de Nicolás Maduro.
Dieciséis países americanos decidieron emprender las primeras acciones contra el gobierno venezolano en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar). En un comunicado especialmente duro, acordaron “identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación, y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional, con el fin de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los Estados parte del Tiar”. Aunque 18 países de la región son miembros del Tiar, Uruguay se retiró esta semana tomando una postura firme contra la resolución, y Trinidad y Tobago se abstuvo en la votación.
El primer elemento a considerar en un análisis del posible impacto de la decisión de la mayoría de los miembros del tratado es que reproduce el modelo de sanciones que Donald Trump aplica desde 2017 sobre funcionarios y personas allegadas al Palacio de Miraflores. Hasta ahora, este tipo de medidas, dirigidas hacia decenas de generales y funcionarios de alto nivel, no han debilitado al gobierno venezolano. Por el contrario, lo han cohesionado.
A diferencia de los embargos a empresas y activos, las sanciones aprobadas esta semana parecen impactar sólo a funcionarios. De todos modos, cuando estos son representantes legales y comerciales del país, terminan afectando la compra de alimentos y la venta de petróleo y oro, principales productos de exportación. Aunque el articulado del Tiar lo contempla, por ahora sus miembros no plantean cerrar las fronteras a Venezuela ni impedir la venta de alimentos y enseres, tampoco cerrar las vías aéreas o intervenir militarmente. Pero el que se tomó este 23 de setiembre es un primer paso, que puede llevar a nuevos tipos de acciones. El escenario militar, también contemplado por el Tiar, vuelve a aparecer como probable. ¿Es factible que el conflicto escale a ese nivel?
¿RUMBO A UNA INTERVENCIÓN MILITAR? Con independencia de la voluntad política del grueso de gobiernos de la región de confrontar abiertamente al gobierno de Venezuela, el eventual recurso a la intervención militar tiene implicaciones que los firmantes de la resolución del pasado lunes aún no están dispuestos a arriesgar.
Para una aplicación del Tiar en clave militar, hay tres países determinantes: Estados Unidos por su poderío militar, Brasil y Colombia por su inmensa frontera con Venezuela. Estos países deben contemplar que Venezuela lleva 20 años planteándose la posibilidad de una invasión y cuadrando alianzas militares que permitan reforzar su defensa, especialmente con Rusia. El gobierno ruso ha proveído a Caracas de material antiaéreo que algunos consideran de primer orden en comparación con el resto de América Latina, además de helicópteros artillados, aviones de combate de alta gama y armamento para la guerra irregular.
Estos pertrechos no le quitarían el sueño a Estados Unidos, pero sí a Colombia y a Brasil. Ambos países tienen territorios grandes y complejos, y una guerra con Venezuela implica una movilización militar difícil de costear. Hay que agregar que en ambos países se asoma una crisis económica. Para Colombia, una guerra con Venezuela supondría dejar buena parte de su territorio, especialmente el fronterizo con Ecuador y Brasil, en minusvalía ante grupos armados ilegales que se esparcen a lo largo y ancho del país. El reciente llamado de algunos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (Farc) de volver a la lucha armada y dar por culminado el acuerdo de paz de 2016 es apenas uno de los peligros que se ciernen sobre el dificultoso territorio colombiano, donde todavía están activas guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) e infinidad de bandas criminales y grupos paramilitares. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo, y las ganancias que produce, al no poder ser monopolizadas por el Estado, generan un auge natural de grupos irregulares. Un verdadero polvorín.
El caso de Brasil es históricamente diferente, pero no menos complejo. La frontera con Venezuela representa los límites más remotos para el Estado brasileño. Movilizar hacia el norte parte de su ejército, concentrado en el centro y el sur, implicaría el gasto de ingentes recursos, además del debilitamiento del resto de sus fronteras, compartidas con otros nueve países. También hay que recordar que tres de sus estados norteños, Amazonas, Roraima y Pará, tienen una fuerte conexión comercial con Venezuela y consumen electricidad generada por ella.
Quizá por estas razones el ministro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo e Silva, aseguró el viernes 20 que Brasil debe enfrentar el problema venezolano “bajo los preceptos de la constitución política de respeto a los derechos humanos, el principio de no intervención y la solución pacífica” de los conflictos. A pesar de la belicosidad de sus pronunciamientos, Bolsonaro fue uno de los últimos presidentes en reconocer a los enviados diplomáticos de Guaidó, debido, según el Folha de São Paulo, a las presiones de los militares brasileños, quienes no verían con agrado un recurso a las armas.
LA POSICIÓN DE ESTADOS UNIDOS. Algo similar puede interpretarse de las últimas señales del gobierno estadounidense, que a pesar de hacer pensar en enero de este año que una invasión a Venezuela resultaba una opción muy probable, una vez culminados sin éxito varios intentos de derrocar a Maduro, parece haber desechado la vía militar, al menos de momento. Por un lado, el conflicto con Irán y la guerra en Yemen están desestabilizando la oferta y el precio petrolero. Por el otro, iniciar un conflicto armado con Venezuela implicaría abrir un flanco que nadie sabe hacia dónde puede evolucionar en términos de migración y desestabilización regional. Es una jugada que contiene altos grados de riesgo hasta tanto no haya una tajante división en las fuerzas militares venezolanas.
El emisario especial de Trump para Venezuela Elliot Abrams explica muy pedagógicamente, en una entrevista con el American Enterprise Institute, la negativa actual de su gobierno a una intervención militar: “Estamos actuando pacíficamente, no a través de las armas. ¿Por qué? Una razón es que la mayoría de ellos (los venezolanos) no quiere que lo hagamos. Lo último que Venezuela necesita es más derramamiento de sangre. En segundo lugar, si nos fijamos en la coalición que tenemos con 55 países que apoyan a Juan Guaidó, la destruiríamos si seguimos vociferando acerca de una intervención militar que los latinoamericanos y los europeos no quieren. Es posible encontrar dos o tres países que te digan en privado ‘sí, habría que invadir Venezuela’, pero no encontrarás mucho más que eso. No creo que (una intervención militar) sea una política inteligente”.
HACIA ADELANTE. Las fuerzas armadas de Venezuela han demostrado hasta el momento unidad y lealtad a su cadena de mando, y vienen acrecentando su reserva militar, que según datos oficiales está llegando a los 2 millones de hombres y mujeres armados. En términos de doctrina, equipamiento y ejercicios militares, han venido preparándose para una guerra de guerrillas prolongada, especialmente en su frontera con Colombia. Además, el chavismo todavía es una fuerza política y social con poder de desestabilizar cualquier gobierno que sustituya por la fuerza a Maduro. Estados Unidos, ahora a través del Tiar, va a intentar ahorcar aun más al gobierno venezolano, aunque dejará para más adelante una eventual acción militar. Mientras tanto, la crisis de Venezuela se agudizará y se desbordará hacia el resto de países de Sudamérica. Aunque esto no aproxima el fin de Maduro y del chavismo, sí lleva a Venezuela hacia un destino inescrutable.
* Sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
