Las redes que lograron en 2018 la aprobación –unánime en el Parlamento– de la ley de agroecología vienen desarrollando un exhaustivo y profesional trabajo con el fin de obtener financiamiento para que un tercio de los productores familiares inicie o fortalezca la transición hacia prácticas agroecológicas. Son saberes que trabajan a varias bandas: producen alimentos libres de agrotóxicos, impulsan soberanía alimentaria, reciclan todo tipo de materiales y crean circuitos de economía circular, protegen la biodiversidad, intercambian productos con reglas más justas y cuidan las cuencas hídricas. La agroecología no es solo una forma de producir alimentos, sino un enfoque integral alineado con el respeto de la naturaleza y los saberes tradicionales y comunitarios, pero que, además, va en línea con la sostenibilidad, esa palabra tan en boga.
Aunque la financiación pública es fundamental para que este enfoque avance, la Red de Agroecología del Uruguay (RAU), la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y la Red de Mujeres Rurales de Uruguay consiguieron un fondo de la Unión Europea que les ha permitido contratar técnicos para redactar un ambicioso plan que ya pusieron en manos de las autoridades de gobierno. Uno de los últimos documentos –«Políticas públicas para la agroecología y presupuestación del Plan Nacional de Agroecología (PNA)»– avanza sobre el demorado plan oficial, presupuestando cada uno de sus objetivos, determinando actividades con un gran nivel de detalle y delimitando los organismos responsables para cada una de las tareas. La propuesta fue elaborada por dos investigadores de la cooperativa Comuna –el economista Martín Sanguinetti y la contadora Valentina Fernández– y las cientistas sociales Alicia Migliaro y Lorena Rodríguez Lezica. El texto profundiza sobre los cinco ejes definidos en el período pasado, pero fija metas prioritarias y un desarrollo en plazos. El presupuesto que proponen las organizaciones es de 9.792.492 dólares anuales, aunque el primer eje, el que busca fomentar la producción agroecológica, insumiría unos 5 millones. Ese pilar es esencial porque procura asistir a un 28 por ciento de los productores familiares que estarían interesados en reconvertirse hacia prácticas agroecológicas. Son nada menos que 5.800 productores, aunque el plan impulsado por las redes se plantea apoyar en principio a 500 por año y así llegar a 2.500 al cabo del quinquenio. Las organizaciones tomaron ese plan genérico del período pasado, que estaba en crudo y no tenía ninguna cuantificación económica, y en junio comenzaron a llenar los casilleros con metas concretas y realizables. «El plan anterior había avanzado en programas, pero no había puesto metas ni definido los responsables de ejecutar cada acción. O sea, era un plan a medias», cuenta el ingeniero agrónomo Alberto Gómez, uno de los delegados de la RAU en la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología.
Pero, a tres meses del diseño de ese texto, el proyecto presupuestal del gobierno causó honda sorpresa entre las organizaciones, más allá de las consabidas restricciones fiscales, porque no existen en él menciones expresas a la ley de agroecología y su plan ni a este tipo de producción (véase «El gobierno ve las políticas ambientales como un estorbo», Brecha, 26-IX-25). Con todo, en reuniones con directores de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de Ambiente (MA), se les comunicó que se estaba trabajando sobre algunas líneas de financiamiento. En particular, se les mencionó un programa del Banco Mundial que aporta
80 millones de pesos anuales hasta 2028 y que sí está mencionado en el proyecto presupuestal. De alguna forma, este crédito, obtenido en 2022, mandata al gobierno uruguayo a apoyar este tipo de agricultura y así lo deja establecido el propio nombre del programa de cooperación: «Sistemas agroecológicos y resilientes del Uruguay». El punto es que, tal como mencionó Gabriel Ísola, director de Desarrollo Rural del MGAP, en la presentación del presupuesto en el Parlamento (el 27 de setiembre pasado), esta línea de crédito es compartida con otros programas, como Procría (cría de ganado sostenible) y otro de «inversiones en agua para la producción familiar».
Los delegados de las redes agroecológicas tienen el dato de que serían 22 millones de pesos anuales los que llegarían desde ese fondo para comenzar a estimular la transición de los productores, algo que está muy lejos de las aspiraciones, pero que ven como una mejora frente a los casi nulos fondos obtenidos en el quinquenio pasado. En realidad, de acuerdo a lo que pudo reconstruir el semanario, el fondo del Banco Mundial –que comprendía 35 millones de dólares y resaltaba el componente agroecológico– no fue utilizado mayormente para ese fin en el período pasado, sino para otras áreas más convencionales del MGAP. Ahora, al parecer, su destino volverá a discutirse en la comisión honoraria del PNA, una entidad integrada por varios ministerios y actores sociales que fue presidida en el gobierno anterior por el ingeniero Eduardo Blasina. Las organizaciones han visto con buenos ojos que para el actual período se haya designado como presidente a Ísola, un ingeniero agrónomo proveniente del cooperativismo y un cargo de alta representación política en el gabinete del MGAP. De todas formas, todavía las sesiones de la comisión honoraria están siendo informales, porque la Presidencia de la República no ha firmado aún el decreto que designa la nueva integración.
Otra de las luchas que libran los actores de la agroecología procura que más organismos públicos con competencias en los sistemas productivos puedan incorporar fondos para los distintos programas, como el MA, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), las intendencias, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), entre otros. Y también existen algunas negociaciones en los pasillos, aunque todavía sin confirmación oficial, para que los fondos a recaudar por la eventual aplicación del impuesto específico interno (IMESI) a los agroquímicos de alta peligrosidad –los tipos Ia y Ib de la lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS)– pudieran nutrir la reconversión agroecológica, por ejemplo, para promover bioinsumos y fertilizantes orgánicos. Aunque los agrotóxicos de la categoría I no son los más importados, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la oposición política se han puesto de punta contra ese artículo del presupuesto. El titular de la ARU, Rafael Ferber, no está tan preocupado por los agroquímicos de la clase I, sino porque el artículo 468 faculta al gobierno a incluir otros productos de acuerdo a una «previa evaluación técnica». Las voces del agronegocio ya advierten que esta medida va en contra de la producción porque encarecería su costo. Ferber ha llegado a decir que es de «los puntos más delicados» que han encontrado hasta el momento en la ley de presupuesto.
De acuerdo a un relevamiento de La Diaria (22-IX-25), no existen herbicidas ni fungicidas Ia e Ib en la lista de importación formal que registra el MGAP, sino solamente un insecticida: abamectina, del cual entraron al país unos 70 mil quilos o litros el año pasado. Sin embargo, desde la RAU, Gómez apunta que hay otras sustancias que, si bien son categorizadas por la OMS en la categoría II –«moderadamente peligrosas»–, reciben su clasificación para toxicidad aguda (el impacto medido poco tiempo después de estar en contacto con la sustancia), pero no para toxicidad crónica (daños por estar en contacto a lo largo de años). En esa clasificación están químicos muy dañinos, como el herbicida paraquat (1.575.344 litros o quilos importados en 2024) y el insecticida clorpirifos (40.600 litros o quilos ingresados). Estas dos sustancias podrían ser evaluadas para ser gravadas con IMESI.
El agroquímico más importado en Uruguay es el herbicida glifosato (13.800.000 quilos o litros en 2024 por un valor de 35 millones de dólares), definido como «poco peligroso» por la OMS y por fuera de los planes impositivos, aunque comienza a documentarse su eventual efecto cancerígeno a largo plazo.
Si bien no existe la certeza de que la recaudación por este inciso irá para los proyectos agroecológicos, las organizaciones sí pudieron saber que el gobierno quiere seguir adelante con este artículo presupuestal, a pesar de la férrea oposición. Tampoco es seguro que logre ser aprobado en el Parlamento, aunque Identidad Soberana presentó una contrapropuesta en una línea similar con el fin de recaudar unos 6 millones de dólares anuales con destino al PNA y otros fines ambientales.
Gómez cree que este impuesto debería ir de la mano del desarrollo de otros productos y procesos alternativos, pero saluda que se ponga por primera vez este tema sobre la mesa: «Hay agroquímicos que no solo no tienen impuestos, sino que son subsidiados mediante exoneraciones fiscales. Es interesante que haya una intención de dejar de subsidiar para poner un impuesto, con el objetivo de que baje el uso y no de recaudar». Aunque los fondos no serían de gran magnitud, el ingeniero agrónomo cree que «no sería poca cosa para impulsar una política pública que ha venido con cero recurso».
UN PLAN DESDE LAS REDES
El documento de presupuestación del PNA de más de 20 páginas elaborado por las redes es de una integralidad que excede el espacio posible para este artículo. El primer pilar, que se propone incrementar la producción agroecológica y el entramado social en torno al cultivo y al consumo orgánicos, comprende estos proyectos: la asistencia a la transición de productores familiares (con ayuda técnica y la posibilidad de extender las exenciones del pago de la contribución inmobiliaria por tres años a los predios asistidos
–inspirados en la experiencia de los «padrones productivos» de algunas intendencias– y del pago de la renta a 500 arrendatarios de Colonización por año; con fomento de las huertas comunitarias, familiares y en centros educativos –aquí los fondos serían de la Administración Nacional de Educación Pública– y el fortalecimiento de los sistemas participativos de garantía –la certificación de los productos por las propias redes, discontinuada en el período pasado).
Otro gran eje apunta a fortalecer el acceso a los consumidores y la distribución de los productos. En este caso se procura fomentar el consumo ciudadano mediante la instalación de 20 mercados locales (con una financiación de 100 mil dólares y el apoyo de la OPP) o la creación de núcleos logísticos de acopio y distribución (se cuantifican otros 100 mil dólares). Otra de las líneas es que la agroecología quede incorporada en los presupuestos de las compras estatales.
El tercer pilar –el de recursos genéticos– es crucial, porque es el que entronca con la conservación de los ecosistemas, aunque se lo piensa con una mirada gradual que excede el quinquenio. El primer programa nacional de este eje es el de «promoción y regeneración de las funciones y estructuras de los ecosistemas», que se plantea evaluar de modo participativo a tres predios por núcleo agroecológico territorial (NAT) (los NAT son estructuras que reunirán a productores, consumidores, académicos y organizaciones locales aliadas que se postulan para desarrollar las prácticas en una zona dada). La comisión honoraria lanzó un llamado para apoyar a diez NAT y tuvo éxito porque recibió 13 postulaciones. En este mismo eje también se plantea diseñar e implementar cuencas agroecológicas (con un presupuesto de 1.620.000 dólares, que las redes creen que debería aportar el MA). Hay también una presupuestación de programas para la conservación y la promoción de la producción y el intercambio de variedades genéticas nativas y criollas. El cuarto eje plantea el fortalecimiento de un programa de investigación en agroecología (acá los actores clave serían la Universidad de la República, la ANII y el INIA) y un programa de formación en todos los niveles educativos. Como se puede observar, se trata de un plan holístico, de considerable impacto y que las redes agroecológicas han pensado hasta en su más mínimo detalle.
En el parque Roosevelt
Otro domingo criollo
En un soleado domingo de mediados de setiembre, la agroecología volvió a vivir su fiesta. Por segundo año consecutivo, las comunidades ecoagrarias celebraron su día nacional en el parque Roosevelt, un lugar que volvió a hacerse metáfora de la unión entre lo rural y lo urbano, en un evento bastante diferente al que transcurría al mismo tiempo en la Rural del Prado. El acceso principal no se fijó en la zona más próxima a la playa del tradicional parque, sino en el que nace en Camino Carrasco, como queriendo integrar ese vasto territorio chacarero que resiste y comparte saberes en barrios muy disímiles de Montevideo y Canelones. Enormes repollos morados y cherrys de diversos colores y formas, increíbles mazorcas multicolores de maíces criollos, conservas de todo tipo de productos orgánicos, repostería artesanal con semillas y harinas no refinadas, árboles ornamentales nativos y plantines hortícolas, yuyos y cosméticos a base de plantas medicinales, cooperativas de venta de ropa de segunda mano: toda esa diversidad mostró sus mejores galas en un circuito que incluyó estands de la Facultad de Agronomía y del Ministerio de Salud Pública, entre otros.
Las actividades se multiplicaron como hongos: charlas entre referentes y visitantes a la sombra de los árboles –los intercambios pasaron por la situación de las aguas hasta por los desafíos del PNA–, talleres de compostaje o puntos de intercambio de semillas nativas. En lienzos sobre la tierra, los huerteros depositaron sus sobres con semillas de cosechas pasadas para que quien quisiera se las llevara. En otro poblado estand, la Red de Mujeres Rurales de Uruguay comercializó sus productos sin dejar de elaborar apetitosas tortas fritas. El público que habitualmente concurre al parque para consumir alimentos más tradicionales se topó, muchos sin información previa, con otras formas de producción y de consumo. A la par, terminó recorriendo otros puntos que ofrece el parque: el Sendero de la Memoria que recuerda a los desaparecidos, en el que 197 árboles nativos homenajearán a cada uno de ellos. Una pancarta que instaba a mantener los océanos libres de petroleras pudo divisarse muy cerca del puesto de la huerta comunitaria de Valizas, mientras se juntaron firmas contra las prospecciones offshore. Numerosas delegaciones de las huertas del interior llegaron en ómnibus y durante setiembre se celebraron jornadas en otras zonas del país.
En algunos puestos del Roosevelt, los visitantes pudieron adquirir productos que comienzan a tener más prensa, como las esponjas vegetales de luffa. Esta es una cucurbitácea, de la familia de las calabazas, que fructifica en los veranos. Produce un fruto comestible parecido al zucchini que al secarse se convierte en un producto fibroso capaz de fregar y limpiar. Cuando se gasta, va directo a la compostera, a diferencia de las contaminantes esponjas plásticas. Seguramente, en honor a los meses que tarda en formarse, un trozo de luffa cuesta tres veces más que una esponja plástica. Sin embargo, en el evento, una productora ofreció en una canasta, junto a las luffas que vendía, cientos de semillas para quienes no podían pagar el producto. «Es ahora la época de plantar», motivaba la vendedora, con una generosa y amplia sonrisa. Ese es el espíritu del Día Nacional de la Agroecología: desperdigar semillas que trascienden la tangibilidad de lo material.
