«Lamentamos los resultados contundentes de esta investigación, donde queda totalmente probado que se trata de una organización con fines políticos, que realizó maniobras que pudieron perjudicar a personas que necesitaban la llegada eficiente de alimentos», sentenciaba el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en referencia a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) en una conferencia de prensa, el 9 de noviembre de 2022. Allí, anunciaba que, tras constatar «hechos contundentes y comprobados» de apariencia delictiva sobre el uso de los insumos que brindaba la cartera, la CPS ya no gestionaría la distribución de los alimentos y que, además, trasladaría las actas de la mencionada investigación administrativa a la Fiscalía.
Aquel fue uno de los últimos episodios de la tirante puja que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) mantuvo con la red de ollas, especialmente durante el segundo semestre de ese año, cuando la organización pasó a tomar un rol público más activo y asumió una postura abiertamente crítica del abordaje del gobierno sobre la grave situación de inseguridad alimentaria que atravesaba el país. Meses antes, el ministerio había exigido a la CPS los datos sistematizados de todas las iniciativas populares nucleadas bajo su órbita y había anunciado el retiro de su apoyo tras no recibirlos en la fecha dispuesta. Enseguida se supo que la información sí había sido enviada a tiempo, pero, como no estaba actualizada, el MIDES acusó de «desprolijo» al colectivo, que rechazó que las autoridades le demandaran –con acusaciones y un ultimátum de por medio– una labor administrativa de esas características, cuando su tarea es voluntaria y autogestionada. En todo caso, decían, el conteo de ollas y merenderos activos debería hacerlo el propio MIDES, así como todo su trabajo diario.
En el discurso público el daño estaba hecho. La discusión había dejado de ser el derecho a la alimentación de una gran parte de la ciudadanía, todavía azotada por la crisis económica pospandemia, y había puesto en la mira a quienes de forma voluntaria buscaban atenuarla. Las ollas y merenderos debieron demostrar su existencia, dar cuenta de sus horarios y servicios ofrecidos, informar sobre los vínculos políticos de sus integrantes y dar prueba de que cada paquete de arroz recibido se destinó de acuerdo a lo que constaba en actas.
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Consultadas por Brecha, las autoridades de la cartera se negaron a hacer declaraciones sobre el contenido de la investigación administrativa que elevaron a la Justicia, en tanto la causa continúa abierta. Sin embargo, Lema aseguró a este semanario que, entre lo remitido a la Fiscalía, están las 53 declaraciones que recabaron a partir de denuncias de distintos actores allegados a la organización.
Dichos testimonios fueron el resultado de las cerca de 200 visitas que hizo el MIDES a distintas ollas y merenderos, para corroborar que los insumos que proveía estuviesen llegando a buenas manos. Entre los datos destacados, habían encontrado que 68 de las ollas registradas no funcionaban o nunca funcionaron. La hipótesis planteada por el MIDES es que «se inflaron números» para pedir más insumos de los realmente necesarios. Las ollas buscaban «politizar» el «uso de la alimentación» y hacer «referencia a una situación que nuestro país no estaba atravesando», decía Lema. De acuerdo con otros vagos testimonios, en otros casos la finalidad era obtener rédito económico, a partir de la venta de los alimentos que daba el MIDES.
Una de las organizaciones que identificó presuntas irregularidades fue, justamente, la ONG Uruguay Adelante (UA), intermediaria en ese entonces entre el ministerio y la CPS (véase «Los heraldos blancos», Brecha, 14-X-22). En diálogo con el semanario, Santiago Pérez, uno de sus integrantes, contó que ambas organizaciones trabajaban en conjunto desde 2020, cuando explotó el fenómeno de las ollas, y aseguró que su relación dejó de ser «buena» cuando UA firmó el convenio con el MIDES, que dejó a su cargo los fondos para la compra de insumos y el monitoreo de su distribución. Según el relato de Pérez, la CPS los acusaba de tener «inclinaciones políticas», algo que negó que fuera así. Al contrario, es la Coordinadora la que «desde el primer día la tuvo», remarcó. En línea con la cartera, Pérez indicó que «cuando menos», había «errores muy sospechosos», si bien reconoció que también hubo un problema de «trazabilidad», ya que la tarea de relevar lo recibido debería haber sido hecha por el MIDES y no por los colectivos. Pérez afirmó que ningún representante de UA ha sido llamado a declarar en el marco de la causa judicial.
ININVESTIGABLE
Al día de hoy la causa permanece abierta, pero sin avances constatables, de acuerdo con las averiguaciones que hizo Brecha. En el MIDES, se limitaron a aclarar que la denuncia no va dirigida a «ninguna persona en particular», sino que señala irregularidades ocurridas en la órbita de la organización referida. Al igual que UA y la CPS, ninguna autoridad del MIDES fue citada a declarar. Tampoco se convocó a representantes de Solidaridad Uy, que llevaba el conteo de ollas y fue el que reunió los datos cuestionados por la cartera.
Juan Ceretta, uno de los abogados a los que recurrió la Coordinadora, resumió a Brecha que el colectivo se enteró de la denuncia «por la prensa», ya que no hay notificación hasta que se cita a alguien a declarar.
A su entender, el problema del caso es la propia naturaleza de esta denuncia y su finalidad: «Se puede denunciar un hecho de apariencia delictiva aunque no se señale a ninguna persona como responsable», reconoció Ceretta. Sin embargo, aclaró que «las organizaciones sociales no pueden ser responsables penalmente. No descartemos que pueda ser un delito particular, quizá apropiación indebida, aunque hay que ver cómo llegar a conectar pruebas».
Así, no le sorprende que la Fiscalía no haya avanzado en la causa, ya que «así como se plantea es ininvestigable»: «Acá lo que hubo es una función que debería haber sido hecha por el Estado, como garantizar el derecho al alimento, y que pasó a ser cumplida por particulares». Ese retiro del Estado, precisamente, deja sin efecto su «potestad de controlar» a quien hace esa tarea por él. Por este motivo, consideró que, más que tener como fin aclarar algún delito, la denuncia fue más bien un «ataque político» ante la coyuntura del momento.
En un mismo sentido, Esteban Corrales, integrante de la Coordinadora, definió el accionar del MIDES como «un ataque público» hacia la CPS para «desprestigiar» su trabajo. Corrales lamentó que se apelara a la trazabilidad de los datos, reunidos de forma honoraria por los integrantes de la red, para argumentar que hubo adulteración de información o robo de comida. Por la propia dinámica de la organización, y la dimensión de las ollas que la integran, Corrales reconoció que es imposible negar que haya habido irregularidades, pero subrayó que «si alguien en una olla hace algo que no debe, no es la Coordinadora la que puede actuar», ya que tampoco tendrían cómo saberlo. Lo grave, aseguró, fue el «enorme efecto público» de las acusaciones contra un movimiento legítimo que actuó sobre un problema del que la cartera no quiso «hacerse cargo».
