En diciembre de este año que acaba de comenzar se cumplirán 50 años de la aprobación por el Parlamento uruguayo de lo que hoy llamamos “ley nacional de vivienda” (Lnv).1 Votada por la casi unanimidad del Parlamento y diseñada como un gran marco jurídico que daba institucionalidad al sector, al tiempo que también abría nuevas líneas y programas (el de mayor repercusión y suceso, a la larga: el cooperativismo de vivienda), es una de las pocas piezas de la legislación nacional que merece el nombre de política de Estado.
De esa joyita fue inspirador, co-redactor e informante en el tratamiento por el plenario de su Cámara el arquitecto Juan Pablo Terra, por entonces diputado del Partido Demócrata Cristiano (Pdc) y luego senador por el Frente Amplio. La ley tuvo una fuerte influencia de las propuestas que en materia de vivienda contenían los planes sociales elaborados por la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (Cide),2 de la cual Terra fue integrante, correspondiéndole la coordinación del tema “vivienda y desarrollo urbano”.
¿Por qué ocuparnos de este tema hoy y no cuando se cumpla el cincuentenario? Pues porque queremos plantear dos ideas que, a nuestro criterio, serían muy adecuadas para desarrollar en ese marco, y que requieren comenzar ya a trabajar sobre ellas si queremos que cristalicen durante 2018.
SUBSANAR AGUJEROS Y VACÍOS LEGALES. La primera idea tiene que ver directamente con la Lnv y es legislar, durante este año, con el objetivo de tapar varios agujeros que tiene la normativa habitacional, algunos de los cuales provienen de malas enmiendas y otros directamente de vacíos. Hace un año escribimos en Brecha una nota sobre ese tema3 y por ahí pasan nuestras preocupaciones fundamentales: la no criminalización de las ocupaciones por necesidad, volviendo a instaurar las condiciones de utilización de “violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad” y la finalidad de “apoderamiento o ilícito aprovechamiento” que antes exigía el Código Penal para considerarlas delito; el aprovechamiento del stock de viviendas disponible, permitiendo al Estado recuperar los inmuebles abandonados, cuyos propietarios han perdido el derecho a su propiedad, al no cumplir el deber de uso; la regulación, al menos parcial, del mercado de alquileres, permitiendo el acceso a él de los sectores de ingresos bajos y medio-bajos, para los cuales hoy es imposible alquilar; el agilizamiento del régimen expropiatorio para hacer posible que el Estado adquiera inmuebles por esa vía para las carteras de tierras; la recreación del Fondo Nacional de Vivienda con recursos propios y permanentes que por lo menos equiparen los previstos en 1968 (2 por ciento de la masa salarial nacional, el doble de lo que hoy recibe por vía presupuestal); la eliminación de los impuestos que gravan toda la vivienda social, salvo la que construye Mevir, y de los que curiosamente está exonerada la que se construye con fines de lucro, como es el caso de las “viviendas promovidas”, y que constituye un verdadero impuesto que se le pone al Ministerio de Vivienda, buena parte de cuyos recursos se va en subsidios por causa de ese encarecimiento.
Desde luego la lista debe quedar abierta, porque seguramente surgirán otras cuestiones importantes que merecerán ser incluidas y deben ser abordadas con audacia, como sucedió cuando se discutió la propia Lnv. Un año parece un plazo demasiado corto en comparación con lo habitual en estos casos, pero si una ley pionera como aquella pudo ser elaborada, redactada y aprobada en un lapso casi similar por un Parlamento conservador en tiempos difíciles, no se ve por qué esto no podría hacerse en un año por un Parlamento de mayoría progresista y en tiempos, por cierto, menos difíciles. Sobre todo cuando algunas de las cosas que hay que hacer se hacen con una ley de un solo artículo: “Derógase…”.
El trámite por las dos cámaras y los cambios que la segunda hace a lo que aprobó la primera y los que luego hace ésta a los que votó aquélla, alargan cualquier plazo. Sin embargo, para que así no sea, excepcionalmente se ha adoptado algunas veces el procedimiento de crear una comisión bicameral (por ejemplo juntando o misturando las de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de Diputados, y de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Senadores), de modo que la elaboración conjunta y el informe conjunto faciliten después la votación separada. No es la norma, pero se ha hecho y creemos que con buen resultado. No pretendemos sacar patente de esta iniciativa, que se le ha ocurrido y ha sido planteada por más de una persona. Lo importante es que el Parlamento –todo el Parlamento– asuma este compromiso.
FORMACIÓN UNIVERSITARIA ESPECÍFICA. La segunda idea tiene mucho que ver con Terra y su rica personalidad, que también se relacionaba con su formación, la que lo llevó a ser arquitecto y profesor universitario de sociología; académico y político; dirigente y militante de base. Seguramente por eso fue capaz de entender tan bien un problema tan complejo y esencialmente interdisciplinario como el de la vivienda.
Se trata de que la Universidad de la República (Udelar) cree una formación de posgrado interdisciplinaria en vivienda y hábitat social, a nivel de maestría y/o diploma, que bien podría llamarse “Juan Pablo Terra”, en la que participen las facultades con vocación para estos temas y, por lo menos, necesariamente las de Ciencias Sociales; Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Derecho, y Ciencias Económicas y Administración, que son las que forman los profesionales que la propia ley de vivienda identifica como imprescindibles en el asesoramiento a los emprendimientos de producción social del hábitat.
Actualmente hay, en varias facultades, diversas maestrías y diplomaturas que entre sus temas incluyen el hábitat y la vivienda social, pero en las que naturalmente el peso radica en las disciplinas correspondientes a la facultad que les da cabida. El esfuerzo que planteamos, lejos de superponerse con lo que hoy se está haciendo, lo potenciaría significativamente, ya que ampliaría la oferta de posibilidades para esos estudios, y al mismo tiempo, desde ellos, alimentaría los currículos de la formación que proponemos.
Esto no quita, desde luego, la importancia y la necesidad de desarrollar estos estudios desde el grado, integrándolos al currículo, como ya se está haciendo en algunas facultades, aunque a nivel de actividades optativas. Es que se trata de algo demasiado complejo, por su neto carácter interdisciplinario y por la necesidad de que participen activamente los propios destinatarios, para que quienes luego asesoren y tomen decisiones construyan su conocimiento a través del método de la prueba y error. Una iniciativa en este sentido desde el Rectorado o el Consejo Directivo Central de la Udelar sería un impulso inmejorable para concretarla.
- Ley 13.728, promulgada en enero de 1969.
- La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (Cide) fue un ámbito interministerial que funcionó entre 1960 y 1967.
- Véase “Agujeros en la red”, en Brecha, 27-I-17.
