El ariete - Semanario Brecha
La ofensiva mediática contra Petro

El ariete

El presidente colombiano enfrenta una eventual parálisis del programa de reformas por el que fue elegido, tras un embate de los principales medios y las declaraciones de un ex aliado despechado.

Partidarios del presidente Gustavo Petro se manifiestan frente a la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, el 13 de junio. AFP, JUAN PABLO PINO

Los poderosos sectores que se oponen a las políticas de cambio del Pacto Histórico en Colombia han puesto en marcha una maniobra destituyente del presidente Gustavo Petro, según él mismo denunció en las marchas convocadas el 7 de junio en apoyo a sus reformas sociales. Petro comparó esa maniobra conjunta de la oposición derechista, los principales medios de comunicación e instancias judiciales con la encerrona tendida al presidente peruano Pedro Castillo por el Congreso para destituirlo y apresarlo.

El mismo 7 de junio, en una carta firmada por cerca de 400 líderes políticos e intelectuales de todo el mundo, se denunció que en Colombia se está incubando un «golpe blando» para derrocar al presidente (véase «Un golpe blando está en marcha en Colombia», Brecha, 9-VI-23). La carta fue suscrita por figuras de renombre internacional del campo progresista: Noam Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, Jean-Luc Mélenchon, Jeremy Corbyn, José Luis Rodríguez Zapatero, Baltasar Garzón, Ada Colau y muchos otros políticos de izquierda, intelectuales y defensores de los derechos humanos.

«Los poderes tradicionales del país están desplegando el poder institucional combinado de las agencias reguladoras, los conglomerados de medios y el poder judicial para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a su liderazgo y difamar su imagen en el escenario internacional», dice la misiva impulsada por la Internacional Progresista.

Mientras tanto, el escándalo propiciado por los medios de mayor difusión, controlados por conglomerados de empresas vinculados políticamente a la derecha, eclipsa noticias tan importantes como la firma del cese el fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cuba, rubricada personalmente el viernes 9 por el presidente Petro y el máximo jefe de esa guerrilla, Antonio García, o el debate en el Congreso de las reformas políticas que propone el gobierno. Así mismo, la intensa campaña de desprestigio que alientan los principales medios sepulta la información sobre las tremendas acusaciones que formuló en las últimas semanas el exparamilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), que involucran a militares, policías, políticos y empresarios en la financiación de las organizaciones narcoparamilitares.

El detonante de esta nueva ofensiva mediática y judicial fue la ruptura con Petro de una persona de su entorno político más próximo, Armando Benedetti, jefe de campaña electoral del Pacto Histórico y embajador en Venezuela. Una serie de audios filtrados a la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, fueron publicados con el fin de comprometer a otra persona muy cercana al presidente, su jefa de gabinete, Laura Sarabia. El mismo medio de comunicación se ocupó previamente de crear un entorno dramático sobre el que proyectar su relato orientando la interpretación de los hechos: una niñera «secuestrada» por la jefa de gabinete para hacerle una prueba de polígrafo y detectar así su culpabilidad en un robo; un viejo amigo de la alta jerarca que le abrió a esta las puertas a los círculos políticos –Benedetti– le recomienda esa niñera a pesar de haber sido él mismo víctima de un robo similar y de haberle hecho también la prueba del polígrafo, y otros detalles similares en clave de telenovela.

En los audios filtrados a Semana, Benedetti se despacha exaltado, entre gritos y sollozos, entre el agravio y la autocompasión. Frustrado en sus expectativas de ocupar un cargo relevante –esperaba ser ministro de Exteriores o del Interior y fue enviado como embajador a Venezuela–, reclama, temeraria y bravuconamente, que le ofrezcan su «espacio político». La grosería y la torpeza con la que habla permiten presumir que está ebrio o drogado y, por supuesto, colérico.

El momento más comprometido es cuando alude a 15 mil millones de pesos colombianos (3.600.000 dólares) que supuestamente habrían entrado a la campaña aportados por personas de dudosa honorabilidad. «¿O es que quieren que diga quién puso la plata?», llega a decir. Y por si eso fuera poco, le dice a la jefa de gabinete de Petro que investigue cómo empezó la historia del Proceso 8000, el proceso judicial por el que, a mediados de los años noventa, fueron condenados varios ministros y otros funcionarios del gobierno de Ernesto Samper, incluido su jefe de campaña de 1994, por haber recibido financiación ilegal del cártel de Cali.

Finalmente, el 6 de junio Benedetti se retracta en un tuit de todo lo dicho en esos audios y asume su responsabilidad: «He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago».

El problema que ha creado Benedetti al presidente no es menor, ya que con sus exabruptos ha arrojado una sombra de duda sobre la financiación de la campaña presidencial. Llueve sobre mojado, porque ya existe el precedente de su hijo Nicolás Petro, acusado de presunto enriquecimiento ilícito por fondos de dudoso origen recaudados durante la campaña, pero que nunca ingresaron a las arcas del Pacto Histórico. En uno y otro caso, Petro declaró que la Fiscalía debía investigar cualquier indicio de delito, y reiteró que nadie debía acercarse a su proyecto político para usarlo en provecho propio.

MENTIRAS, FILTRACIONES Y MANIPULACIÓN

El semanario Semana lidera en Colombia los ataques contra el presidente, pero no se queda atrás la cadena televisiva Caracol, propiedad del grupo español Prisa. Caracol da crédito a la versión de la Policía que cuantifica los asistentes a las marchas a favor de Petro del miércoles 7 en 9 mil personas en Bogotá y en 16 mil personas en todo el país. En las imágenes que circularon por redes sociales, se comprueba que esta cantidad de gente es, más o menos, solo la que se movilizó en algunas ciudades de menor tamaño, como Barranquilla. La emisora pretende responder a la pregunta de si se llenó la plaza de Bolívar mientras muestra imágenes de grupos dispersos previas a la llegada del grueso de los manifestantes.

Simultáneamente, el diario español El País se sumó al desprestigio inducido contra el gobierno de Petro con este titular del miércoles 7: «El Congreso de Colombia se para y las reformas de Petro se hunden». En la contraportada del mismo día se afirma que ya ha cumplido un año la edición colombiana de este periódico.

Los medios de comunicación colombianos realimentan su ofensiva antipetrista con los despojos informativos que esparce la prensa internacional. Un ejemplo es el uso que hace Semana de la información que publica Bloomberg sobre la coyuntura nacional: «Demoledor pronóstico de Bloomberg para Petro: pasará de ser el líder de una revolución pacífica a un “pato cojo” que gastará su tiempo en defenderse», titula la revista.

De hecho, Bloomberg admite que varios fondos de inversión internacionales han invertido dinero en bonos del gobierno en moneda local y que otros indicadores de la actividad económica son francamente positivos: «El déficit de cuenta corriente en Colombia está disminuyendo, las perspectivas fiscales han mejorado y las entradas de las empresas para pagar impuestos también están fortaleciendo el peso local».

Estos datos quedan anegados en el lodazal que alimentan los medios locales al asegurar que habrá un bloqueo de la actividad política por los escándalos que ellos mismos alientan, anticipando, además, que eso «enfadará a los votantes». La narrativa se completa con encuestas que atribuyen al presidente una gran pérdida de popularidad. Un claro ejemplo es la encuesta de Invamer, encargada por Blu Radio, Caracoly El Espectador y difundida el 2 de junio. Varias preguntas que pretenden auscultar el sentir político de los colombianos arrojan resultados inverosímiles que el gobierno tilda de falsos. Por ejemplo, más del 70 por ciento de los encuestados a nivel nacional, y el 76 por ciento en el caso de Bogotá, habrían contestado que el país va por mal camino. Los presentadores de Blu Radio encargados de exponer estos datos alimentan este pesimismo: «Esta es la temperatura del país, esta es la pregunta que mide el espíritu del país. […] Es un país desesperanzado […] casi tan pesimista como en la pandemia».

Los medios de comunicación de masas hiperconcentrados, en muchos casos filiales de grupos de comunicación multinacionales –principalmente españoles, como Prisa y Planeta–, se han convertido en el principal ariete contra el gobierno, y se coordinan con otras instituciones para planificar la maniobra de acoso y derribo que se cierne sobre el presidente.

En medio de esta crisis política, el presidente dijo estar tranquilo: no solo recibió el apoyo de intelectuales y políticos de la Internacional Progresista y sectores afines, también el del presidente Joe Biden desde Estados Unidos. Este puede ser un aviso para navegantes desorientados: en este momento no se dan las condiciones internacionales como para que haya un golpe de Estado, sea duro o blando. Pero estas condiciones podrían variar cuando haya un cambio de poder en Washington.

MARCHAS Y ALTO EL FUEGO

En pleno clima destituyente impulsado por la derecha, el Pacto Histórico reforzó la convocatoria de marchas en todo el país para el 7 de junio, en apoyo de las reformas sociales del gobierno de Petro. El presidente no quiso esta vez hablar desde el balcón de su residencia, sino que prefirió salir a la calle y participar en la marcha hacia la plaza de Bolívar entremezclado con los ciudadanos. En una primera declaración a la televisión oficial, explicó el motivo de las marchas: «Que el Congreso sepa que las reformas presentadas no son un capricho del presidente de la república; son los deseos, las ganas de vivir de todo el pueblo de Colombia. Que el Congreso no traicione al pueblo», declaró Petro desde una improvisada tarima en la calle Séptima.

En su discurso en las calles de Bogotá, Petro reveló que al día siguiente viajaría a Cuba para la firma del documento final del tercer ciclo de conversaciones con el ELN. Este anuncio, que implica el esperado acuerdo de alto el fuego con esa organización guerrillera, representa el primer gran avance en los planes del gobierno de alcanzar la paz total. Esta noticia quedaría completamente deslucida en unos medios de comunicación volcados de lleno a husmear los trapos sucios del exjefe de campaña del Pacto Histórico.

Sin embargo, el viaje de Petro a La Habana para clausurar el tercer ciclo de negociaciones con el ELN, en presencia también del primer comandante de la organización, Antonio García, es el mayor éxito de un gobierno colombiano en favor de la paz desde la firma, en 2016, del acuerdo de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). En el curso de sus negociaciones con el ELN, Santos consiguió un cese el fuego de apenas tres meses, que nunca se llegó a consolidar. Las negociaciones fueron a la deriva con el gobierno de Iván Duque.

El actual cese el fuego se producirá en tres fases. La primera, de casi un mes de duración, incluye la creación de un canal de comunicación entre las partes y la preparación del «mecanismo de monitoreo y verificación». La implementación plena del proceso del cese el fuego iniciará el 3 de agosto de 2023. A partir de esta fecha, se empiezan a contar los 180 días de vigencia del cese el fuego bilateral, nacional y temporal. Y se convoca también el cuarto ciclo de conversaciones, que tendrá lugar en Venezuela a partir del 14 de agosto, en el que se hará un balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos.

El jefe negociador por el ELN, el comandante Pablo Beltrán, valoró muy positivamente una frase de Petro, cuando el presidente dijo: «Este gobierno no va a perseguir». Argumentó que si se permite la protesta social sin reprimirla violentamente como ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, ya no habría necesidad de rebelión armada. Petro añadió un dato esperanzador en su discurso, al situar la firma de la paz definitiva con el ELN en una fecha bastante próxima y precisa, el 25 de mayo de 2025. Aunque este sea solo un proyecto, pone un horizonte temporal a las negociaciones.

Pese a la importancia de lo alcanzado en Cuba, muchos titulares de prensa priorizaron al día siguiente otras noticias y volvieron la mirada hacia las intrigas: «La historia del oficial que apareció muerto y había pedido ser oído en caso de exniñera», titula El Tiempo en la portada de su edición digital del 10 de junio. También informa del rescate de cuatro niños en la selva con gran despliegue de imágenes, y mucho más abajo, en un pequeño recuadro, titula crípticamente: «Con tregua ya pactada, Petro plantea que [la] paz con [el] ELN llegará en 2025».

(Publicado originalmente en El Salto. Brecha reproduce fragmentos.)

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