La rendición de cuentas del ejercicio 2021, igual que la correspondiente a 2020, refleja uno de los elementos fundamentales de la política de ajuste fiscal del Poder Ejecutivo: reducir la masa salarial del gobierno central. El «ahorro» acumulado en 2020 y 2021 alcanza 8.200 millones de pesos, unos 205 millones de dólares.
Dicho resultado no es una novedad: en el programa de gobierno 2020-2025 el Partido Nacional proponía reducir el gasto en salarios en 100 millones de dólares anuales sin cubrir vacantes. Obviamente, esto va en línea con las propuestas del Fondo Monetario Internacional de reducir el déficit fiscal mediante una reforma del servicio civil y la racionalización de ministerios o agencias gubernamentales.
VACIANDO EL ESTADO
La principal medida de reducción de personal fue el decreto 090, del 11 de marzo de 2020. A través de esta disposición, el Ejecutivo prohíbe proveer cargos vacantes generados antes del 31 de diciembre de 2019 y solo se puede cubrir un tercio de las vacantes de 2020.
La reducción incluye la no renovación automática de los vínculos de servicios personales de carácter temporal y un tope de 60 por ciento del monto total ejecutado en 2019 por el mismo concepto. Esta decisión implicó la expulsión de un importante número de trabajadores que eran necesarios para garantizar la calidad de los servicios.
Según los informes de la Oficina Nacional de Servicio Civil sobre los vínculos laborales con el Estado, los incisos de la Administración Central integrados únicamente por civiles son los más afectados. Se redujeron los vínculos laborales de 20.391 a 17.936, un total de 2.455 vínculos menos (12 por ciento). Entre los funcionarios se produjo la baja de 1.841 de un total de 17.438 (10,6 por ciento), y se destaca la eliminación de 940 presupuestados de un total de 15.308 (6,1 por ciento) y de 836 provisoriatos, ya que de 1.013 quedaron solo 177 (82,5 por ciento).
En conjunto, entre presupuestados y provisoriatos, hay una reducción de 1.776 funcionarios. Téngase en cuenta que solo generan vacantes los trabajadores presupuestados y que el provisoriato es el mecanismo de ingreso previo a la presupuestación.
La situación es más grave entre los trabajadores que no son funcionarios públicos –contrato de derecho privado, becarios, pasantes, arrendamientos de obra y de servicios–, que eran 2.953 y quedaron solo 2.339: una reducción de 614 (20,8 por ciento).
La contracara son los ministerios del Interior y de Defensa, donde el total de vínculos laborales en 2019 era de 62.197 y se sumaron 882 nuevos vínculos para alcanzar en 2021 los 63.079.
La decisión de no cubrir vacantes tiene y tendrá un efecto muy grave en la gestión de los diversos organismos públicos. Las políticas de restricción al ingreso han tenido históricamente consecuencias nefastas, que se tradujeron en problemas de gestión, así como en la proliferación de decenas de vínculos contractuales precarios y tercerizaciones que, en general, tienen un costo superior para el Estado.
EN EL MAR DE LOS PROMEDIOS SE AHOGAN LOS ENANOS
En la ley de presupuesto 2020-2024, el gobierno se comprometió a recuperar el 1 de enero de 2024 el salario real de los trabajadores públicos conforme al índice medio de salarios real del gobierno central. Dicho indicador mide el poder adquisitivo promedio ponderado de 285 mil trabajadores y, como es obvio, estos ocultan diferencias muy importantes, tanto en los niveles de ingreso como en su evolución.
Cabe señalar, además, que las ponderaciones
del índice medio de salarios se basan en la estructura del gobierno central de 2008, la cual no se condice con la realidad actual, dado que no recoge la existencia de nuevos ministerios, reparticiones públicas o supresión de oficinas, así como un agrupamiento diferente de funcionarios en los distintos escalafones y grados.
Por otra parte, la evolución del índice depende en gran medida de decisiones discrecionales del gobierno, tales como el pago de compensaciones o la asignación de funciones, que no modifican el cargo, escalafón y grado ocupado por cada funcionario.
Asumir que la pérdida salarial se corrige dando ajustes por inflación con base en la variación de un indicador que promedia en forma ponderada realidades disímiles constituye un enorme error conceptual. Si se quisiera aplicar el mismo criterio en el sector privado, ni los empresarios ni los trabajadores aceptarían un ajuste salarial que pusiera en la misma bolsa las realidades de los sectores rural, industrial, financiero, comercial y constructivo.
El indicador adecuado para determinar la evolución del salario real es la comparación de salario nominal –cantidad de dinero que recibe el trabajador por vender su fuerza de trabajo– y la inflación, que determina la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir con su salario. Esta medición es objetiva e independiente de la fórmula –inflación futura o inflación pasada– que el gobierno elija para definir sus políticas de ajuste.
En 2021 y 2022 el aumento nominal fue menor al incremento del índice de precios al consumo (IPC). El 1 de enero de 2021, el ajuste de salario para los trabajadores públicos fue de 4,41 por ciento, mientras que la inflación registrada durante 2020 fue de 9,41 por ciento. Esto representa una rebaja salarial aplicada de 5 por ciento. Para hacer este primer ajuste, el Ejecutivo fundamentó la reducción salarial diciendo que ajustaba por la inflación pasada y que por eso le restaba el 5 por ciento que había sido pagado como inflación futura el año anterior.
El 1 de enero de 2022, el ajuste de salario fue de 7,07 por ciento, mientras que el aumento del IPC en 2021 fue de 7,96 por ciento, lo que implica una nueva pérdida salarial de 0,89 por ciento. Para poder justificar una segunda reducción salarial, el Ejecutivo asume como criterio la inflación futura, que estimó en 5,8 por ciento, a lo cual le sumó una inexistente recuperación salarial de 1,2 por ciento, distorsionando la realidad, dado que el incremento de la inflación fue mayor que el aumento del salario nominal.
Como se observa, existe una inconsistencia notoria en los criterios utilizados para el ajuste: en 2021 era la inflación pasada, mientras que en 2022, para no pagar lo que correspondía a 2021, asumió el criterio de la inflación futura.
LA LUCHA PAGA
El gobierno sostiene que la pérdida de poder adquisitivo, medido por su indicador, es solamente 2,9 por ciento respecto a diciembre de 2019. Los trabajadores de la Administración Central y de los incisos del artículo 220 que están afiliados a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) sostienen que la pérdida fue del 6 por ciento respecto al 1 de enero de 2020.
Luego de un largo proceso de movilizaciones y negociaciones, COFE firmó un convenio con el Ejecutivo en el que prima el reclamo de los trabajadores de llegar a recuperar el 6 por ciento de pérdida salarial. La fórmula acordada beneficia a la mayoría de los trabajadores, pero solo resuelve de manera parcial la recuperación salarial de los trabajadores de más altos ingresos.
La reducción del poder adquisitivo de los trabajadores del Estado en este gobierno tiene un impacto negativo en el índice medio de salarios, a partir del que se fijan los ajustes de las pasividades, todo lo cual, a su vez, provoca una reducción de la demanda interna que impacta en los pequeños y medianos empresarios y genera mayor desocupación.
Los sindicatos del sector público han logrado modificar, al menos parcialmente, la política salarial, pero no han logrado revertir aún la falta de trabajadores en el Estado. Sin embargo, toman medidas para evitar que avancen los procesos de reestructura que buscan la reducción de personal a través de la declaración de excedentarios.
Las pérdidas de recursos humanos, agravadas por el fuerte ajuste de gastos de funcionamiento e inversión, limitan fuertemente la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras públicos para atender las necesidades de una población empobrecida. En varias reparticiones del Estado, la necesidad es tan grande que pone en peligro funciones básicas que hacen también a la seguridad de la población, concepto que va mucho más allá de defender los derechos de la propiedad privada. La concepción de trabajo público va, inevitablemente, de la mano de los derechos básicos de la población en su conjunto.
