Debilidades del Estado quedan expuestas tras último hallazgo en el Batallón 14: El cuerpo femenino - Semanario Brecha
Debilidades del Estado quedan expuestas tras último hallazgo en el Batallón 14

El cuerpo femenino

El hallazgo del primer enterramiento clandestino de una mujer en un predio militar en Uruguay alumbró una deficiencia estructural, clave pero soterrada, en el proceso de búsqueda de los desaparecidos uruguayos: dos décadas (por no decir cuatro) de dilación en la recopilación del material genético de los familiares, básico para la identificación de quienes regresan de la oscuridad de la fosa.

MAGDALENA GUTÍERREZ

«Fue como una bofetada», recordó Patricia López Melo, secretaria administrativa de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, sobre el momento en que supieron que la muestra genética tomada de ese cuerpo femenino y enviada para su análisis en Argentina no hacía match al compararlo con la información aportada por las familias uruguayas. «Siempre tuvimos conciencia de esto, pero tomamos real dimensión ante la imposibilidad de identificar a la compañera que ha sido hallada en el Batallón 14, en junio. Fue lo que nos faltaba para decir que teníamos que completar nuestro banco de datos genético», agregó.

Pero solo Familiares tenía este problema en mente. Ninguna de las autoridades con las que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias se reunió en su última visita a Uruguay, en julio de 2022, hizo mención de esto. El tema ni siquiera figura en su informe y, consultada por Brecha, su vicepresidenta, Gabriella Citroni, confirmó que no les fue mencionado nunca.

El único documento oficial uruguayo que reconoce la obligación estatal de crear un banco de datos genéticos propio tiene más de una década: el 31 de agosto de 2011, el gobierno de José Mujica emitió un decreto ampliando el mandato de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, como respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo por sus omisiones en el caso Gelman. Además de recopilar toda la información relativa a la búsqueda, el decreto mandató a la secretaría a «crear un banco de muestras genético en la órbita del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos del Ministerio de Salud Pública».

Para entonces, Familiares llevaba 11 años en una campaña informal de recolección de muestras genéticas, de «boca en boca», asumida por Alberto Heinz, su antiguo secretario, quien, desde comienzos del milenio, hacía el trabajo de hormiga que la autoridad ignoraba. Todavía están en la sede de Familiares los cuadernos donde Heinz anotaba sus esfuerzos por sistematizar esta información, que entonces se hacía tomando muestras de saliva, que luego eran enviadas para su resguardo a la Dirección Nacional de Policía Técnica.

Pero el intento del gobierno de Mujica de «profesionalizar» el banco genético uruguayo en manos de una institución que actuaba en identificación genética en otros casos –como los de paternidad o de compatibilidad para los trasplantes–, no específica para estas cuestiones, naufragó dos meses más tarde, cuando el instituto ubicado en el cuarto piso del Hospital de Clínicas tuvo en sus manos la tarea de identificar el cuerpo exhumado el 21 de octubre de 2011, próximo al arroyo Meireles, en el Batallón de Infantería Paracaidista 14, en Toledo, Canelones, y lo identificó mal.

«Entendemos que fue un error involuntario, producto de falta de experiencia y del know-how para correr muestras de ADN a partir de restos óseos, que es distinto de hacerlo con muestras de sangre. En Uruguay no hay un banco genético especializado, como sí tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense [EAAF], por eso Familiares resolvió que su banco esté con ellos», contó López Melo.

BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN

La ficha sobre la desaparición del maestro Julio Castro Pérez, publicada por el equipo de investigación histórica de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, omite mencionar este «error involuntario» institucional. Tampoco fue referido en la conferencia de prensa que anunció la identificación correcta en la Torre Ejecutiva, el 1 de diciembre de 2011. Sin embargo, Brecha logró confirmar que la autoridad notificó equivocadamente a la familia del otro desaparecido con quien fue confundido el cuerpo, antes de que el EAAF descartara esa primera identificación fallida. Pero todo quedó tapado.

El instituto excusó su error argumentando que su materia de trabajo era comparar muestras de sangre con sangre, y no de sangre con hueso, aunque esto había sido advertido por el EAAF desde el inicio, que hasta entonces funcionaba como un segundo equipo pericial y hacía su propio análisis, en su Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular, de la ciudad de Córdoba, Argentina. En los dos hallazgos anteriores del año 2005, el 29 de noviembre, de Ubagésner Chaves Sosa en la Chacra de Pando, y el 1 de diciembre, de Fernando Miranda Pérez en el Batallón de Infantería 13, el EAAF había coincidido con las identificaciones primarias hechas por el laboratorio de la Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior uruguayo.

Esta concurrencia en las identificaciones no se debió a que la calidad pericial de la Policía uruguaya esté por sobre la del instituto de órganos y tejidos, sino a la forma en cómo se buscó el sitio y se dio con los familiares directos: en ambos casos, se contaba con delaciones directas de los militares, obtenidas ese año. La tumba clandestina de Chaves Sosa fue señalada por el informe de la Fuerza Aérea entregado a Tabaré Vázquez (que también indicó el enterramiento de Arpino Vega en el mismo lugar, quien continúa desaparecido) y la segunda, por un misterioso croquis «y un pequeño plano dibujados a mano con la ubicación del sitio del enterramiento de Fernando Miranda, enviado en sobre cerrado y de forma anónima al [ex]secretario de la Presidencia de la República, doctor Gonzalo Fernández», según indica la ficha oficial de su caso.

«En el Batallón 13, los militares marcaron puntualmente lo de Miranda, y Eduardo Bleier se encontró allí también a los años [el 27 de agosto de 2019]. La lógica decía que, si Miranda había estado en el centro clandestino de detención 300 Carlos, ¿por qué no seguir excavando en el 13 hasta las últimas consecuencias? El hallazgo de Bleier a 100 metros de Miranda es la confirmación de que el análisis de la información y el sentido común te llevan a los hallazgos», explicó en entrevista con Brecha Nilo Patiño, integrante de Familiares y del Equipo Cruzar, de la Universidad de la República.

Patiño contó que, además de la información de los militares, había testimonios de los sobrevivientes de los secuestros en el 300 Carlos que señalaban al 13 como un sitio de interés para la búsqueda de fosas clandestinas, pero que en el Batallón 14 no había indicios de enterramientos hasta que lo señalaron los militares: «El lugar de los enterramientos lo dan los milicos, son ellos quienes marcan una zona en el 14, al lado del arroyo Meireles».

Esa zona fue señalada como el posible sitio del enterramiento clandestino de María Claudia García de Gelman, y su búsqueda fue retomada seis años después de que esa información fuera recibida, en 2005. En un área reducida fue encontrado el cuerpo de Julio Castro; a 50 metros y seis meses después, fue hallado Ricardo Blanco Valiente, el 15 de marzo de 2012, y 11 años más tarde, a 100 metros, estaba ella, que aún no sabemos quién es.

REGIONAL Y FORÁNEO

Desde el error en la identificación de Castro, los análisis genéticos de los hallazgos en enterramientos clandestinos en Uruguay quedaron exclusivamente en manos del EAAF. En 2015, Familiares comenzó a recibir capacitación de parte de los argentinos para aprender a tomar ellos mismos las muestras genéticas de las familias uruguayas en búsqueda, que luego serían enviadas a Argentina, con su debida cadena de custodia, para extraer el perfil genético y almacenarlo en su banco de datos.

«Ante cada hallazgo y cada cierto tiempo, el EAAF corre su perfil contra todo su banco genético, que reúne muestras de familias con desaparecidos en Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay, por las dimensiones del Plan Cóndor. Nosotros no tenemos tantos casos como los argentinos, que tampoco tienen completo su banco genético, pero nos propusimos la tarea de hacerlo. Comenzamos por las mujeres, porque la persona hallada es del sexo femenino y la suponemos uruguaya, pero no tenemos la certeza», explicó López Melo.

Gracias a este trabajo civil y de hormiga que se lleva adelante desde hace años, una de las muestras enviadas por Familiares logró la identificación de Alberto Mechoso, el 24 de mayo de 2012, que hizo match con uno de los cuerpos que el EAAF tenía a su resguardo en el depósito de su sede en Buenos Aires, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. El cuerpo de Mechoso había sido exhumado en 1989 de una fosa común del cementerio municipal de San Fernando, como parte de la recuperación de los cuerpos enterrados como NN que buscaban «legalizar» una muerte clandestina (véase la entrevista a Patricia Bernardi, en las páginas 4, 5 y 6).

Al momento, el EAAF cuenta con 350 perfiles genéticos de uruguayos en su base de datos: los nuevos, tomados por Familiares durante la segunda mitad de 2023, y algunas de las muestras que almacenó hasta 2012 el referido banco de órganos y tejidos, que tienen el valor supremo de haber sido tomadas a madres y padres, ya fallecidos. Sin embargo, López Melo contó que no se ha podido unificar aún toda la información con la que poseen los argentinos, porque el instituto ha dilatado su envío.

Hasta donde pudo confirmarse, no existe en Uruguay ninguna copia oficial de esta información custodiada en Argentina, ningún respaldo que pueda proteger ese banco de los uruguayos 1 de los vaivenes de la política argentina, como la amenaza encarnada por el actual presidente Javier Milei, que niega los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Cono Sur.

Más allá de estos esfuerzos de Familiares, tampoco hubo una campaña de recolección pública de muestras genéticas organizada por el Estado uruguayo. Recién en 2023, con la evidente crisis ocasionada por la no identificación del cuerpo femenino, se articuló una mesa de trabajo que incluye a Familiares, al equipo de investigadores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

«El Estado está ausente en esto, pero, en mi opinión, ya hace tanto tiempo que lo venimos haciendo así, a pulso, pulmón y corazón, que no sé si cambiaría mucho que quiera meter la cuchara ahora», sostuvo López Melo. Sin embargo, aún tienen dificultades, porque no han logrado que la INDDHH tenga acceso pleno a las actas de nacimiento y de defunción que les permitirían armar árboles genealógicos de los detenidos desaparecidos, y completar una muestra suficientemente representativa del grupo familiar, para sortear el tiempo y la muerte de los familiares en línea vertical: madre y padre. En los casos de los cinco desaparecidos identificados previamente, las muestras fueron brindadas por sus hijos.

A seis meses de su hallazgo, el cuerpo femenino sigue sin tener nombre. Durante la última semana de diciembre de 2023, cuando Familiares convocó a una manifestación exigiendo al Estado uruguayo que identifique a esta mujer, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, informó que la hipótesis más fuerte con la que se trabaja es sobre la posible identificación de Amelia Sanjurjo Casal, desaparecida desde el 2 de noviembre de 1977, en Montevideo. Explicó que se intentó exhumar a sus padres del antiguo cementerio de Casa de Galicia, pero que no pudieron localizar sus osamentas para extraer material genético, y se continuó con el método de completar el árbol genealógico, como indica el EAAF y hace Familiares.

Pero ese cuerpo femenino ya ha hablado. Tanto ella como los otros cinco detenidos desaparecidos hallados previamente estaban en enterramientos primarios y en fosas superficiales (ninguna superó el metro veinte de profundidad): esta mujer fue inhumada 40 centímetros bajo la superficie. Fue enterrada desnuda, a diferencia de los hombres hallados anteriormente. Esta condición de género y el descuido de su fosa, mezclada con cal, basura y una loza que la recubría, hablan también del menosprecio con el que fue tratado su cuerpo, elementos que desde 2017 se consideran en Uruguay como agravantes del delito de homicidio.

El imperio del ADN

México empezó a recopilar muestras de ADN de las familias de personas desaparecidas en 2004, cuatro años después  de que lo hiciera Familiares en Uruguay, cuando el gobierno estadounidense donó el software llamado CODIS (como parte de la Iniciativa Mérida, que disparó, con su guerra frontal al narcotráfico, el número de muertos y desaparecidos de la población en todo el país). Se concentró la información en dos bases de datos: la mayor, a cargo de la Procuraduría General de la República, y otra, de menor volumen, en manos de la extinta Policía Federal, ahora Guardia Nacional.

Ni una ni otra han logrado consagrar el mandato que, en 2017, les otorgó la primera Ley General de Desaparición del continente americano, que las obliga a construir un Banco Nacional de Datos Genéticos unificado, con la información de los servicios forenses y fiscalías locales de los 32 estados mexicanos. Esa ley puso a México a la cabeza del reconocimiento del estudio de ADN como una herramienta obligada para el Estado, destinada a identificar a las personas desaparecidas bajo la sangrienta democracia reciente.

En junio de 2022, fue evidente cómo la dilación en la creación del banco nacional favoreció el negocio privado, cuando el primer comisionado nacional de Búsqueda (estructura que también creó la ley de 2017), Roberto Cabrera, fue condenado por entregar 49 mil perfiles genéticos de familiares en búsqueda a una empresa privada: ADN México, de capital español, instalada en el país en 2013, enriquecida a partir de esta información sensible.

Cabrera fue condenado, aunque la Comisión Nacional de Búsqueda, que entonces comandaba, no tenía a su cargo recopilar muestras de ADN, como sí lo tiene desde abril de 2022, cuando una modificación a la ley puso a la «identificación» dentro de sus atribuciones, aliviando (o asumiendo) el peso que correspondía exclusivamente a las fiscalías. Ni la condena a Cabrera hizo aparecer el banco nacional, ni su salida explicó qué sucedió con su proyecto de «identificación digital» que mencionó a Brecha en 2018 (véase «Desaparecidos sin campaña», Brecha, 6-VI-18) y que ahora está a cargo de la GIZ (Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional). Tampoco lo hizo su sucesora, Karla Quintana, quien comandó la denuncia judicial contra Cabrera y acaba de dejar el puesto. Su renuncia, que quitó el foco del tema genético, fue motivada por el intento del presidente Andrés Manual López Obrador de disminuir, con un «censo» ad hoc, el número del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que cuenta 111 mil casos denunciados en dos décadas. La salida «en rebeldía» de Quintana por esta movida la protegió de rendir cuentas sobre el trabajo que desempeñó durante cinco años.

Las familias mexicanas empujan para alzar esta barrera y exigen la apertura de todas las fosas comunes del país. El proceso ya comenzó en los estados de Morelos y Coahuila, pero es en la Ciudad de México donde subyace la mayoría: 18 mil cadáveres enterrados en distintas fosas del Panteón Civil de Dolores. Su futura identificación está atada al funcionamiento del inconcluso banco nacional.

  1. Desde el EAAF aseguraron al semanario que la organización no está expuesta a estos vaivenes, ya que lleva 40 años de trabajo ininterrumpido, por lo cual la tranquilidad para los familiares sigue estando garantizada. ↩︎

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