Una estrategia oficial cada vez más cuestionada

El descalabro de las perillas

«Si me preguntan, digo que la estrategia no ha fracasado.» Así sintetizaba el presidente, Luis Lacalle, la posición de todo el gobierno –la suya propia, la de sus ministros y la de los principales voceros parlamentarios del oficialismo– ante los cuestionamientos de la oposición, de sectores médicos, de algunas gremiales y de científicos a los aspectos sanitarios, económicos y sociales para enfrentar la pandemia del coronavirus. Con ese talante, el gobierno definió sus últimas medidas el miércoles 6: en medio de un acelerado crecimiento de contagios, resolvió «aflojar la cincha» de la movilidad social, extendiendo un par de horas el cierre de restoranes y habilitando espectáculos públicos con «respeto del aforo». La económica es, por lejos, la perilla priorizada.

Daniel Olesker, en la conferencia de prensa luego de la sesión de la Comisión de Salud del Parlamento, del martes 5 de enero. Mauricio Zina

Una colección de paradojas superpuestas se acumularon en las últimas horas para incrementar la confusión: hay un plan de vacunación, pero no hay vacuna ni calendario de vacunación, ni fecha concreta de inicio; la curva exponencial de casos diarios sigue trepando, pero se interpreta que hay un «enlentecimiento»; la Presidencia asume todas las riendas de la conducción sanitaria, pero delega la responsabilidad en las recomendaciones del grupo asesor de científicos; los científicos respaldan las decisiones del gobierno, pero extraoficialmente formulan duras críticas; el gobierno reivindica la transparencia, pero se escuda en la «confidencialidad» para eludir respuestas sobre las principales inconsistencias de las negociaciones por las vacunas; el gobierno nunca bajó la guardia, porque el incremento exponencial es resultado de las manifestaciones sindicales, la Marcha de la Diversidad, las elecciones departamentales y otra docena de movilizaciones; no se hacen más hisopados porque «la demanda cayó», aunque la curva de contagios aumentó. Y así se podría seguir.

Así como en el fútbol las defensas superan a los ataques, en esta política estival la casuística se impone a la realidad. El éxito de las medidas iniciales adoptadas en marzo se transformó, a partir de agosto, en una reversión acelerada que pintó el mapa Harvard de rojo, con una aceleración exponencial de la curva de contagios, multiplicación de fallecimientos, retrasos en las respuestas, pérdida del hilo de contagio, consolidación de una circulación comunitaria del virus, fracaso parcial de la «conducta responsable», desatención de casos no covid, problemas en el primer nivel de atención sanitaria, incremento de la tasa de positividad.

Por decir fútbol

Para cada uno de estos aspectos hay una explicación que delega responsabilidades y, cuando alguien se atreve a sugerir que el gobierno se durmió en los laureles, que no tuvo capacidad de respuesta, entonces la reacción es de barra brava, como ocurrió en la sesión de la Comisión de Salud del Senado el martes 5, cuando el senador blanco Gustavo Penadés les dijo a los senadores frenteamplistas que no les iba a tolerar mentiras.

El senador socialista Daniel Olesker afirmó: «Estamos convencidos de que no se tomaron a tiempo medidas para hacer el giro correspondiente en la política sanitaria entre agosto y setiembre, cuando debieron haberse tomado. Se perdió un valioso tiempo ganado en los primeros meses para enfrentar la coyuntura cuando esta se transformó en adversa. Por lo tanto, vemos una estrategia retrasada y equivocada en la nueva situación». Penadés debió esperar su turno para la reacción ante lo que consideró posturas políticas inconducentes.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, intentó suavizar el clima de tormenta y dijo, canchero, que hay derecho a la crítica, que unos hablaban desde la Ámsterdam y otros desde la Colombes, pero que «todos estamos en la América». Delgado asumió la postura patriarcal desde que en muchos aspectos referidos a la pandemia suplantó al ministro de Salud –principalmente en lo referido a las negociaciones por la vacuna– y explicó que su presencia en la comisión era para «dejar en claro que esta es una política nacional», como si el ministro de Salud no fuera parte de esa política. No obstante, el ministro Salinas no se reprimió: «Ni me rasco el ombligo ni me saco pelusa». Descartó las críticas, pero después admitió que «en un 38 por ciento de los casos de personas diagnosticadas no se encuentra el nexo epidemiológico, esto quiere decir que las cifras de la última semana pueden ser aún mayores con respecto a la pérdida del nexo epidemiológico».

EL PINCHAZO INICIAL

Después de la reunión del martes (que el ministro Salinas calificó de «interpelación»), el senador Olesker tuiteó: «Para la vacuna, habrá que pedírsela a los Reyes Magos». Es una forma de expresar la controversia entre las explicaciones oficiales y las profundas dudas que la oposición manifestó en forma de preguntas.

Algunas de ellas fueron formuladas por la senadora del Movimiento de Participación Popular Sandra Lazo: «¿Cuáles fueron los pasos que se dieron a los efectos de entablar la negociación que permita obtener la vacuna? Nos referimos a la planificación, a la fecha del posible inicio de la vacunación, a cuál es el público objetivo, a la distribución de dosis y a cuál es el calendario previsto. ¿Con qué laboratorio o entidades se está entablando algún tipo de negociación? ¿Cuáles son los precios hoy de las diferentes opciones de vacunas? En el caso de que la vacuna que se esté negociando sea Pfizer, ¿cuáles son las condiciones?».

Por decir fútbol

Tanto Lazo como Olesker se refirieron a la «existencia de algunos factores externos que tienen que ver con las leyes de mercado, así como con el poder económico y geopolítico de los países más ricos que, en alguna medida, han terminado poniendo en jaque al humanitario objetivo estratégico de la Organización Mundial de la Salud». Ambos legisladores se refirieron al tema de las condiciones que imponen los laboratorios que producen vacunas para acordar entregas. «Se ha hablado, por ejemplo, de la exigencia de Pfizer en cuanto a la necesidad de legislar y solicitar garantías.» Pfizer, entre otras cosas, reclama compromisos confidenciales de no realizar demandas en caso de que su vacuna no funcione o la condición de firmar acuerdos comerciales por 15 años como contrapartida de la venta de vacunas.

No hubo respuestas a estas interrogantes, a menos que hayan sido tratadas en los tramos secretos de la reunión, como tampoco hubo explicaciones sobre la reticencia del gobierno a aceptar el ofrecimiento de su par argentino a los efectos de entablar negociaciones conjuntas. La explicación del presidente Lacalle, en la conferencia de prensa del miércoles 6, fue: «Los laboratorios reciben llamadas de los primeros ministros y presidentes europeos. Yo trato de colarme entre los grandes».

El secretario de la Presidencia definió la política del gobierno respecto de la vacuna: «Es muy clara: primero, la decisión sobre la vacuna a traer es científica y, segundo, ese no necesariamente es el camino más rápido, pero sí el más seguro». Según Delgado, a fines de agosto «no había ninguna razón que determinara la necesidad de adoptar una política de avance sobre vacunas». Sin embargo, algunos minutos después, en la misma reunión, el ministro Salinas lo traicionó con una infidencia: «Entre el 13 y el 27 de agosto se firmó un documento de reserva no vinculante –no puedo decir más nada– que no nos comprometía en dinero, pero por el cual reservábamos. Luego, el 2 de octubre, eso se enfrió debido a algún resultado negativo, pero luego se retomó porque recientemente se autorizó».

Tal como explicó la experta Teresa Pujadas, la vacunación es una urgencia de salud pública: «Dada la prioridad de lograr la mayor cobertura posible de los grupos que se definan y considerando que probablemente habrá que recurrir a más de un tipo de vacuna y a más de una plataforma de vacunas –es necesario tener en cuenta que a la misma persona se le dé la misma vacuna–, en el mejor escenario, la campaña llevaría muchos meses, por lo que es importante que se comprenda que para lograr el control de la epidemia se deben mantener las medidas no farmacológicas».

Otra experta, la doctora Teresa Picón, dio un panorama de lo que sería un plan de vacunación si hubiera vacuna, si se supieran las características específicas (con frío o con ultrafrío, con una dosis o con dos dosis) y la fecha probable de aterrizaje real de las vacunas en el país.

En ese panorama casi onírico, «un primer escenario cubriría al personal de salud y a los servicios esenciales, a los adultos mayores de 65 años y a aquellos que tengan comorbilidades graves, con todos los problemas que esto puede determinar en materia de faltante de datos de eficacia y seguridad, y de aceptabilidad y adherencia a la vacunación de la población. Nosotros estamos pensando que, una vez que se dé la primera dosis, ya se va a reservar la segunda para esa persona».

En las proyecciones de Picón, «ese primer escenario sería con 600 mil personas y 1.200.000 dosis. En el segundo escenario agregaríamos 900 mil personas, llegando a 1.500.000 personas, es decir, 3 millones de dosis. Y si finalmente encontráramos todas las limitantes abiertas, llegaríamos a un tercer escenario para 2.836.280 personas, que son los uruguayos mayores de 15 años. Se requerirían en total 5.672.000 dosis si habláramos de dos dosis por persona». La experta advirtió a los senadores que, en el caso de Pfizer, «el laboratorio que más dosis ha entregado está teniendo problemas de suministro a los diferentes países y por eso empiezan a inventar esto de dar una sola dosis».

Según el plan sui géneris de vacunación, «estaríamos terminando el escenario 1 a las 16 semanas, con las dos dosis al personal de salud. En forma concomitante, estaríamos en la semana 14 empezando el escenario 2, con las primeras dosis, y terminaríamos con las segundas dosis, es decir, teniendo a la población bien vacunada, en la semana 32. Con estos dos escenarios estaríamos hablando de 1.500.000 personas vacunadas con dos dosis, o sea 3 millones de dosis administradas, con un promedio de 80 mil dosis por semana, dependiendo, ­insisto,­ de la regularidad de tener las dosis de vacuna al día».

Es decir: en un esquema ideal, si el país pudiera obtener una vacuna para el 1 de febrero, la población quedaría vacunada a fines de octubre.

Hay, sin embargo, un eventual atajo: las negociaciones emprendidas por la dirección del CASMU con laboratorios rusos para obtener, en principio, 1.500.000 dosis de la vacuna Sputnik. Como explicó su presidente, Raúl Rodríguez, el CASMU aspira a ofrecer la vacunación a la población que no es de riesgo, por ejemplo, a aquellos que necesiten y requieran una especie de «pasaporte verde», que asegure la inmunización, para viajar. La sensibilidad de Rodríguez para ofrecer soluciones no está exenta de un legítimo objetivo de beneficio económico, aunque algunos reflexionan que la propuesta surge cuando, en la inminencia del levantamiento del corralito mutual, el CASMU se posiciona para la puja por nuevos socios.

Otro atajo sería persuadir a José Mujica de que ponga su prestigio internacional en el asador, para convencer a los laboratorios de que nos vendan rápido la vacuna, tal como propuso la inefable primera senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, a quien le ofrezco una casilla postal especial para que redirija las mordacidades incontinentes que seguramente provocará esta alusión.

Razones de la baja cantidad de test

La sospecha de los hisopados

Existen sospechas de que la Presidencia de la República limita y retrasa el aumento diario de hisopados para ocultar la verdadera magnitud de la expansión de la pandemia, relataron a Brecha fuentes médicas cercanas al grupo asesor de científicos.

El retraso en el aumento del testeo fue uno de los aspectos analizados en la Comisión de Salud Pública del Senado el martes 5, que merecieron críticas de la oposición a las estrategias gubernamentales.

Si los hisopados hubieran alcanzado los 15 mil test diarios, como había anunciado el presidente, Luis Lacalle, el promedio diario de casos positivos sería, como mínimo, de 1.500 y no de 600, tal como se viene informando en los últimos días.

Por lo menos desde mediados de diciembre, el porcentaje de positividad de los test ha fluctuado entre 10 y 13 por ciento, y se ha mantenido en ese guarismo a medida que se disparaba el nivel de contagio. En el período no se registraron indicios de que el nivel de contagio se hubiera estancado y menos disminuido: por el contrario, aumentó, superando récords día a día.

El martes 5, la positividad trepó a 14 por ciento: 946 positivos en 6.534 exámenes.

En la conferencia de prensa del miércoles 6, el presidente afirmó que la positividad no es relevante, y argumentó que existe una «disminución de la demanda» del testeo. Fuentes de diversos laboratorios, privados y de mutualistas, confirmaron a Brecha que esa demanda disminuyó y que hay capacidad para aumentar los test.

Las fuentes consultadas por Brecha señalaron que las disminuciones puntuales coinciden con los fines de semana, cuando se reduce la cantidad de test procesados, entre otras cosas porque algunos laboratorios permanecen cerrados y porque se retrasa la cadena de comunicación.

La confesión de que la expansión de la pandemia podría haber trepado al doble de lo admitido provocaría una alarma general y dejaría más en evidencia las debilidades y las inconsistencias de la política sanitaria monopolizada por Presidencia.

El anuncio de que en diciembre el gobierno pretendía alcanzar los 15 mil hisopados, en previsión de la movilidad durante las fiestas de Navidad y fin de año, fue formulado por el propio Lacalle en una reunión que mantuvo con representantes de las mutualistas. «Más test, más diagnósticos y más seguimiento de los infectados es la estrategia que tiene ahora la administración», dijo.

En esa reunión, el secretario general de las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas, Ariel Bango, informó que las mutualistas tenían una capacidad, en ese momento parcialmente ociosa, de alcanzar los 9 mil test diarios. Pero aclaró que para ello era necesario que el gobierno concretara el pago de los exámenes realizados desde marzo y adoptara medidas de tipo económico para aumentar los estudios. Fuentes de los prestadores de salud indicaron a Brecha que las deudas fueron saldadas parcialmente.

Los laboratorios de las mutualistas atienden el 50 por ciento de la demanda; la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) cubre el resto. La mayoría de los análisis de PCR son llevados a cabo por laboratorios privados, en particular dos, que se reconvirtieron parcialmente a raíz de la explosión de la pandemia.

Fuentes de Presidencia y de Salud Pública han puesto en circulación distintas explicaciones para justificar el bajo nivel de testeo diario en relación con los anuncios de Lacalle: menor demanda de la población debido a que se prefiere concretar las vacaciones ante una eventual cuarentena; el cierre de las fronteras; las licencias de personal; y –en un argumento de ASSE– «los procesos manuales técnicodependientes y no automatizados de los laboratorios». Sin embargo, las fuentes sostienen que existe una ausencia de rectoría por parte del Ministerio de Salud Pública para controlar el cumplimiento de los protocolos, así como el cumplimiento de los plazos para entregar los diagnósticos.

El senador Daniel Olesker preguntó en la reunión por qué las autoridades no hacen test aleatorios en lugares estratégicos.

En la reunión del Senado del martes 5, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, puso como ejemplo que el 24 de diciembre se hicieron 13.346 exámenes, la cifra más alta de test en un día y la más próxima al objetivo gubernamental de llegar a los 15 mil exámenes diarios. Por su parte, el ministro de Salud expuso un abanico de justificaciones para explicar la posterior caída –del orden del 30 por ciento– en la cantidad de hisopados.

Sin embargo, Andrés Abín, director científico del laboratorio ATGEN, explicó a El País que el récord previo a Nochebuena sería, en este sentido, «una anécdota, tal vez fruto de que algún laboratorio reportó ese día resultados que tenía retrasados».

Las explicaciones puntuales, en todo caso, no revierten la sospecha de que si, en efecto, se realizaran 15 mil test diarios, habría otra conciencia sobre la magnitud del crecimiento exponencial de la pandemia, que obligaría al gobierno a implementar medidas de movilidad, de aislamiento y de asistencia económica a la población, que hasta ahora resiste en su búnker neoliberal.

Las medidas y la pérdida del consenso

Fisuras políticas y científicas

Las visiones encontradas sobre la situación actual de la pandemia parecen alejar la posibilidad de un consenso que contribuya a un frente común. Incluso aquellos que, como los miembros del Grupo Asesor Científico Honorario del gobierno, hacen un esfuerzo mayúsculo para evitar confrontaciones, no pueden abstraerse a la tensión de las contradicciones.

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), por ejemplo, había proyectado un modelo de análisis según el cual el 30 de diciembre era esperable registrar 1.200 casos de infectados, pero la comprobación de que «terminamos con 600» alentó al ministro Salinas a anunciar un enlentecimiento de la curva. El «moderado optimismo» no se resquebrajó cuando, al día siguiente, se llegó a un nuevo récord de positividad y de casos diarios.

El gobierno prefiere amplificar los aspectos favorables de la opinión científica. Pero momentáneamente surgieron las críticas: «Al día de hoy, domingo 20 de diciembre, estamos en la situación epidemiológica más grave desde el inicio en nuestro país el día 13 de marzo. Con un aumento de infectados, internados y fallecidos con edades cada vez más jóvenes. Con una pérdida de rastreo de más del 30 por ciento y una demora en el testeo de los casos sospechosos y de los contactos cada vez mayor, debido a la saturación de los respectivos equipos responsables», escribía un grado 5 miembro del GACH, para circulación interna. «Se perdió un tiempo precioso. Justo cuando se dispara», escribió.

El científico reclamaba que «nuestra energía debiera estar destinada al fortalecimiento de los equipos asistenciales de los territorios comunitarios» y para ello solicitaba «la complementación de las diversas instituciones de salud, tanto públicas como privadas, para reorganizarse y reforzar dicho nivel».

El gobierno considera que la situación está contemplada, especialmente en el primer nivel de atención. El presidente Lacalle tuvo un tropezón en la conferencia de prensa del miércoles 6 cuando, consultando al presidente de ASSE allí presente, confirmó que «es falso» que las puertas del Maciel y del Hospital Español estuvieran saturadas; momentos después, Leonardo Cipriani admitió una «saturación puntual».

Otras voces se sumaron a la impotencia: el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, abogó por un mensaje gubernamental más contundente para frenar el incremento de la pandemia, «que saturará los servicios de cuidados intensivos, en los que muchos puestos de trabajos especializados se mantienen sin cubrir, lo que genera tensiones».

Algunos senadores de la oposición coincidieron con las autoridades del SMU en la necesidad de «modificar los protocolos que les permitan a los médicos aumentar las indicaciones de test».

Médicos consultados por Brecha sostienen que «es el primer nivel el que debemos reforzar, lo que significa [aumentar] horas médicas, de enfermería, nurses y técnicos, traslado de pacientes, traslado de muestras, informatización centralizada de la gestión, etcétera. Extender horarios de atención, multiplicar las atenciones domiciliarias médicas, de enfermería, hisopado y control telefónico. Claramente implica asignación de recursos».

En la sesión de la comisión del Senado, el senador Olesker consultó: «Queremos saber cómo el Ministerio de Salud Pública controla a los prestadores en esta dialéctica entre el covid y el no covid». El senador agregó que una encuesta entre prestadores de servicios de salud «observó una reducción significativa de la actividad asistencial de la cardiología intervencionista en Uruguay durante el período establecido como covid y una gran disminución en el número de pacientes tratados por Iamcest [infartos de miocardio]. Esto resulta llamativo, dado que sería previsible una disminución de los procedimientos coordinados, pero no en los [pacientes con] SCA [síndrome coronario agudo]. Debemos ser enfáticos en promover que los pacientes con síntomas cardiovasculares demanden asistencia al sistema sanitario para poder recibir el tratamiento apropiado y de forma oportuna, sin olvidar que la infección por coronavirus puede presentarse con afectación cardiovascular».

Hubo, además, otros planteos que cuestionan la suficiencia oficial. El senador Óscar Andrade puntualizó: «Nosotros vemos que el Poder Ejecutivo hace un énfasis en una parte de los cuidados que la población debe tener respecto a la pandemia, pero no tiene el mismo acento en el área del trabajo», donde las infracciones a los protocolos superan el 60 por ciento en las inspecciones que, por otro lado, son insuficientes. Olesker, en tanto, se refirió al multiempleo en la salud como un factor que contribuye a las demoras y fallas. «Creo que hay que empezar a diseñar un sistema de trueque entre las instituciones», señaló.

El senador Mario Bergara, por su parte, puso el dedo en la llaga económica. «Tenemos la intuición –que puede ser equivocada; ojalá lo sea– de que, quizás, no se toman más medidas en el terreno sanitario –como, por ejemplo, la que planteaba el senador Olesker en cuanto a proponer restricciones en el transporte metropolitano o cosas por el estilo– por entender que son cuestiones que requieren compensaciones por la vía de subsidios».

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