Cada año, más de la mitad de las personas que estaban presas salen en libertad. Son casi 6.400 egresos anuales, pero el Estado desconoce si los liberados tienen familia, casa y trabajo, problemas de salud o de consumo, cuál es su nivel educativo. En un país con altísimas tasas de reincidencia, conocer a la población que egresa y tener políticas adecuadas resulta una cuestión de seguridad pública, dicen los entrevistados. Si bien la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) comenzó a implementar un paquete de políticas que, a juicio de autoridades y especialistas, parecen prometedoras, aún se encuentran lejos de abarcar a todos.
“¡Dale, negro, apurate que te vas, vení a juntar las cosas!”, le gritó un compañero desde dentro del módulo. Ese día volvía de
trabajar en el Polo Indu...
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