Desde el comienzo de la actual administración, quedaron claras las líneas que guiarían la agenda del equipo económico. Los énfasis estarían puestos en dinamizar la actividad privada, con la expectativa de que ese crecimiento ampliara la recaudación y fortaleciera el financiamiento de las políticas públicas. En paralelo, se planteó la necesidad de reducir el déficit fiscal, un desequilibrio que comenzaba a proyectarse como problemático en el mediano plazo, en un contexto de aumento del endeudamiento. La particularidad del enfoque radicaba en que el ajuste no se apoyaría en la contracción del gasto, como sucedió en el gobierno encabezado por el Partido Nacional, sino en la expansión de los ingresos.
El énfasis en el crecimiento como sustento de la estrategia económica enfrentaba desde un principio un escenario desafiante, tras una década de bajo dinamismo. Aun así, las autoridades confiaban en revertir la tendencia y de esa forma lo plasmaron en el presupuesto quinquenal, con proyecciones por encima de los registros previos. Sin embargo, rápidamente quedó en evidencia que el objetivo no sería fácil de alcanzar, cuando los datos cerrados del 2025 reflejaron que la economía uruguaya había crecido menos de lo esperado. Una situación similar se espera para 2026 (con proyecciones de crecimiento que bajaron de 2,2 por ciento a 1,6), según adelantó el ministro de Economía, Gabriel Oddone (La Diaria, 20-III-26).
Las razones de los desvíos pueden explicarse, en buena medida, por factores coyunturales. Entre ellos, la sequía que afectó al agro a fines de 2025 y durante el primer trimestre de este año; los problemas en una de las boyas petroleras de Ancap, que obligaron a interrumpir su operativa; y el deterioro del contexto internacional, marcado por la guerra en Oriente Medio, con impacto sobre el comercio y los precios de los combustibles. Este último factor por ahora ha tenido un efecto acotado en comparación con otros países –el gobierno ya anunció que volverá a ajustar sus precios en mayo–, pero incide de todos modos sobre el consumo interno, al disminuir el poder de compra de la población.
En ese contexto, el equipo económico redobló la apuesta y anunció que para fines de mayo presentará un nuevo paquete de medidas orientadas a mejorar el crecimiento y la competitividad. Durante el primer año ya había avanzado en esa dirección con una batería de reformas, centradas en la simplificación burocrática. En esta nueva etapa, además, se abrirá el juego para incorporar propuestas de los sectores productivos, empresariales, de trabajadores y de la academia. La urgencia es evidente: si el menor dinamismo se mantiene, el margen de maniobra podría empezar a estrecharse, con el riesgo de forzar recortes del gasto en futuras rendiciones de cuentas o comprometer el cumplimiento de las metas fiscales. Todo ello bajo el supuesto de que no se concreten algunos de los proyectos de gran escala que se encuentran en evaluación, iniciativas que se presentan como importantes motores de crecimiento, pero que también concentran riesgos significativos en términos de uso de recursos e impacto ambiental.
PURA Y CRISTALINA
A la par de la agenda de modificaciones microeconómicas, están en carpeta varios proyectos de gran escala que, de concretarse, podrían incidir en el crecimiento. Como ocurrió con la instalación de plantas de celulosa –en particular la última–, este tipo de inversiones suele operar como dinamizador en contextos de enlentecimiento, dada la intensidad de recursos que demanda su etapa de construcción.
Las condiciones que hicieron posible el desarrollo del modelo forestal celulósico en Uruguay fueron múltiples. Entre ellas, un temprano marco normativo que otorgó exoneraciones y subsidios; la construcción de infraestructura «a medida», con el Ferrocarril Central como expresión más acabada; y, sobre todo, condiciones naturales, con el acceso al suelo como factor determinante. La disponibilidad de grandes extensiones de tierra productiva a costos relativamente bajos fue clave para su expansión.
Pero, a diferencia de entonces, los nuevos proyectos en evaluación se desplazarían a otro eje. Ya no se trata tanto del acceso a la tierra, sino de la disponibilidad de grandes volúmenes de energía eléctrica y, sobre todo, de agua. El giro no es del todo sorpresivo. Antes de asumir, Oddone señalaba a Brecha (24-VIII-23) que el agua debía pensarse como activo estratégico de largo plazo: «Tenemos una riqueza en el agua y deberíamos pensar 30 años para adelante, porque puede haber oportunidades de captación de inversiones muy importantes para energía, producción de alimentos o suministro a otras industrias».
Justamente, es en esa dirección hacia donde apuntan las iniciativas en carpeta. Referida a la producción de alimentos, por ejemplo, se puede ubicar a la estrategia de riego que se viene trabajando en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el exministro Tabaré Aguerre –ahora en la Corporación Nacional para el Desarrollo– a la cabeza. La propuesta busca transformar el acceso al agua en un factor productivo estructurado, a través de la promoción de inversiones en infraestructura, por ejemplo, en represas multiprediales. El objetivo es mitigar la exposición a eventos climáticos y aumentar los niveles de producción.
Hasta el momento, su desarrollo se encuentra en una fase incipiente y, según pudo relevar el semanario, se maneja la posibilidad de avanzar en obras en el corto plazo –en Palo a Pique (Treinta y Tres), en el arroyo Del Águila (Soriano) y en campos del Instituto Nacional de Colonización–, como proyectos piloto para testear el esquema. Aun así, todavía falta establecer la viabilidad económica y el régimen de beneficios fiscales que permitiría hacer más atractivo el instrumento, en un contexto en el que las infraestructuras de riego requieren inversiones significativas. También está por verse si, en esta etapa, gana lugar la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de incorporar ahorro privado nacional como parte del financiamiento.
Otra área que concentra proyectos con potencial de inversión en el corto y mediano plazo es la de las tecnologías de la información, en particular la instalación de data centers. El desarrollo de estas infraestructuras se ha vuelto cada vez más relevante a nivel global, impulsado por el aumento de la capacidad de procesamiento y la expansión de la inteligencia artificial. En ese contexto, Uruguay comienza a posicionarse como un destino atractivo, tanto por su capacidad de abastecer grandes volúmenes de energía eléctrica de origen renovable como por su disponibilidad de agua, un insumo clave para el enfriamiento de los equipos.
Sin embargo, su viabilidad está fuertemente condicionada por la posibilidad de acordar precios competitivos de la energía y por los modelos de acceso y uso del agua, ya que, además, este tipo de infraestructura devuelve el agua a mayor temperatura. En paralelo, el gobierno comenzó a dar sus primeros pasos en este frente, con el anuncio de un data center propio orientado a inteligencia artificial y el diseño de líneas de acción para facilitar la incorporación de estas tecnologías al entramado productivo, tanto público como privado.
En ese contexto, y según datos recabados por el semanario, se proyecta la instalación de al menos dos nuevos data centers privados en el corto y mediano plazo, lo que reforzaría esta línea de expansión. Se trata de un proceso que, de consolidarse, podría habilitar saltos relevantes de productividad, aunque también plantea interrogantes sobre su impacto en el empleo. Así y todo, estas no son las iniciativas más determinantes en cuanto a inversión.
ESTRECHO DE PLATA
Al igual que el riego y las tecnologías de la información, los proyectos de mayor escala que se perfilan en el horizonte también tienen como denominador común el uso intensivo de agua y energía eléctrica; aunque lo expresan de manera distinta. Se trata, en particular, de la generación de hidrógeno verde y la exploración de hidrocarburos. Dos iniciativas que, ya sea por su formulación o por su ubicación, tienen como objetivo la producción de energía para su comercialización por intermedio del recurso agua.
En el primer caso, las expectativas son elevadas. El proyecto de HIF Global, el más avanzado hasta el momento, prevé la construcción de un complejo industrial que combina la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis, con la captura de dióxido de carbono proveniente de fuentes industriales y biomasa, para su posterior transformación en e-metanol y e-gasolina. El proceso requeriría la captación de agua del río Uruguay y un uso intensivo de energía eléctrica. La inversión estimada superaría los 5.300 millones de dólares y podría generar alrededor de 1.400 empleos durante la etapa de construcción y unos 300 empleos permanentes, según las proyecciones oficiales.
Sin embargo, el acuerdo aún no está cerrado. A comienzos de abril, el gobierno y la empresa acordaron extender los plazos hasta junio para confirmar la inversión, dado que aún resta por cerrar la negociación por el suministro de energía. A esto se suma el análisis de un eventual cambio en la localización de la planta, debido a las tensiones generadas con la ciudad argentina de Colón.
Sea cual sea el resultado de este proceso, es posible afirmar que su desarrollo se encuentra, al menos en parte, alineado con la estrategia de energías renovables que el país viene impulsando desde hace años. Pero no todas las apuestas en carpeta responden a ese mismo enfoque. En paralelo al impulso del hidrógeno verde, el gobierno también avanza en la exploración de hidrocarburos, una línea de trabajo con antecedentes de varios años, pero que ha cobrado relevancia a partir de las actuales campañas en el mar territorial y del aumento en la probabilidad de hallar yacimientos explotables. En este eje se sitúa una de las apuestas más ambiciosas y sensibles del país.
Según expusieron técnicos de Ancap ante la comisión especial de Frente Marítimo de Diputados, en diciembre, la exploración se inscribe en un contexto global en el que los combustibles fósiles continuarán siendo dominantes durante las próximas décadas. En ese marco, Uruguay implementó contratos de exploración a riesgo de empresas privadas, y actualmente se encuentran adjudicados siete bloques bajo esta modalidad, con compromisos de inversión por unos 200 millones de dólares en esta fase.
El interés reciente se explica, en parte, por descubrimientos en cuencas análogas, como la de Namibia en África, y por la necesidad mundial de reponer reservas. Sin embargo, el propio organismo reconoce que la probabilidad de éxito es inferior al 25 por ciento. Aun así, sostienen que los potenciales retornos de encontrar petróleo serían significativos, dado que permitirían capturar renta a través de múltiples vías, como la tributaria o la participación estatal en la producción. Eventualmente, también reducirían la dependencia de importaciones de combustibles, que hoy superan los 1.500 millones de dólares anuales.
Pero tal debate excedería lo técnico. Como advirtió a Brecha el economista especializado en ambiente, Marcelo Caffera, se trata de una disyuntiva más compleja, ya que a los costos de extracción deberían sumarse las externalidades ambientales, tanto locales (como la afectación a la pesca, la biodiversidad o el turismo) como globales, vinculadas al cambio climático. En ese sentido, sostuvo que, desde una perspectiva global, incorporar el costo social del carbono vuelve difícil justificar la extracción de un barril adicional de petróleo. Sin embargo, bajo una lógica estrictamente nacional en la que esos costos no se internalicen, la ecuación cambiaría sustancialmente. En ese escenario, y en caso de que las exploraciones tengan éxito, Caffera afirmó que la magnitud potencial de la renta podría ubicarse en decenas de miles de millones de dólares, y habría que comparar los daños ambientales contra esa magnitud. De todas formas, para que esa discusión cobre sentido, todavía resta confirmar la existencia de yacimientos comercialmente explotables.
DESDE ABAJO
La mayoría de las iniciativas en carpeta del Ejecutivo se encuentran en una etapa incipiente, y algunas incluso podrían no concretarse. Aun así, la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de ingresos convive con interrogantes sobre el uso intensivo de recursos, sus costos ambientales y, en última instancia, sobre el tipo de desarrollo que el país está dispuesto a impulsar.
En ese marco, comienza a delinearse una agenda alternativa que busca colocar el eje en el desarrollo productivo y la generación de capacidades a nivel local. Allí se inscriben la Estrategia Nacional de Desarrollo y la iniciativa de «país industrial», dos líneas que apuntan a articular al movimiento sindical, el sector empresarial, la academia y el Estado en la definición de un nuevo esquema de crecimiento. La premisa es que el dinamismo económico no dependa exclusivamente de grandes inversiones exógenas o de la explotación intensiva de recursos naturales, sino de una mayor densificación del entramado productivo, con foco en la innovación, el valor agregado y el fortalecimiento de sectores estratégicos.
Desde el movimiento sindical, esa agenda se nutre de las resoluciones de su último congreso. Según explicó a Brecha el dirigente del PIT-CNT Sergio Sommaruga, estas definiciones no responden únicamente a la coyuntura, sino a la existencia de problemas estructurales en el país y a las limitaciones del actual patrón de desarrollo. En ese marco, planteó la necesidad de avanzar hacia una «reforma tributaria de segunda generación», que incluya instrumentos redistributivos como la sobretasa al 1 por ciento más rico, así como cambios en la arquitectura del sistema fiscal para mejorar su equidad y eficiencia (como lo planteó la Unidad Temática de Economía de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio).
La propuesta, que apunta a gravar patrimonios elevados con tasas progresivas, se inscribe en un diagnóstico más amplio, sostuvo Sommaruga: pese a los ciclos de crecimiento económico, Uruguay no ha logrado reducir de forma sostenida la pobreza infantil, que se mantiene en niveles significativamente superiores a la del resto de la población. Para el sindicalista, esto evidencia los límites de un modelo que, aun en fases expansivas, no logra traducir el aumento del producto en mejoras distributivas sustantivas.
La discusión excede lo tributario. Sommaruga también cuestionó el rol que ha tenido el Estado en la economía en las últimas décadas, al que definió como insuficiente en términos de planificación, generación de valor y apropiación del excedente. A su juicio, la fuerte dependencia de la inversión extranjera directa y el uso intensivo de incentivos fiscales han derivado en una inserción internacional que reproduce vulnerabilidades. «Parecería que la única forma de competir es abaratar la mano de obra y aumentar las exoneraciones, en una lógica de carrera hacia abajo», sostuvo.
En contraposición, planteó la necesidad de transitar hacia un esquema en el que el Estado asuma un papel más estratégico, tanto en la orientación del proceso económico como en su participación directa en sectores clave, incluyendo las nuevas cadenas vinculadas a la transición energética. Según adelantó, estas definiciones formarán parte de la plataforma que el movimiento sindical llevará al próximo 1 de Mayo, junto con otros ejes como la reforma de la seguridad social y la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial. Más allá de su traducción legislativa, según sus impulsores, la apuesta estará en instalar el debate a nivel social. «La política no es solo de los partidos», concluyó Sommaruga.
