El gobierno atraviesa una etapa compleja, y las señales que se han emitido en seguridad refuerzan la preocupación. El contexto político que se vive –mezcla de errores propios, ausencia de estrategia, oposición cerril y clima de opinión siempre adverso– moldea un conjunto de decisiones regresivas. En pocos días, asistimos al despliegue de operativos policiales en algunos barrios de Montevideo, se produjo la muerte de un adolescente por el fuego de la Policía y un confuso anuncio dejó, una vez más, a las Fuerzas Armadas en el centro del debate sobre su rol en materia de seguridad interior. Luego de un demorado inicio en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública, el Ministerio del Interior (MI) reforzó los controles territoriales, cambió autoridades en varias dependencias –las más importantes: la Jefatura de Montevideo y la Guardia Republicana– y acordó con el Ministerio de Defensa Nacional el uso de blindados militares para tareas de patrullaje. Nada muy distinto a lo que cabría esperar en estos tiempos de libretos regresivos; todo muy distante de las posibilidades objetivas que el plan habilitaba para, por fin, recorrer otros caminos. Las observaciones críticas y los riesgos al respecto que ya se habían señalado (véase «Riesgos tecnocráticos y oportunidades políticas», Brecha, 1-IV-26) parecen emerger ahora para esfumar las tibias expectativas que se podían abrigar. La historia no está cerrada, aunque ahora el escepticismo es más difícil de controlar.
Las tasas de homicidios y los niveles de violencia armada en determinados barrios no retroceden. Este gobierno ha sido claro en priorizar el problema y, de hecho, ha puesto en agenda la necesidad de articular iniciativas complejas para aplacar los rasgos más extremos del fenómeno. Es evidente que las medidas recientes de intervención selectiva apuntan en esa dirección. Sin embargo, la muerte de un adolescente en pleno allanamiento, la cantidad de procedimientos fallidos y la necesidad de incorporar infraestructura militar delatan que algo no va en el sentido esperado. Una vez más, la lógica de los operativos disuasivos marca la escena en medio de presiones políticas, sociales y mediáticas. Estas dinámicas no son nuevas y cada ciclo de demanda-acción nos ha dejado en un lugar peor.
¿Estas acciones policiales pueden ser eficaces para aplacar el fenómeno? Pueden. ¿Son una solución sostenible y duradera? No lo son. ¿Hay riesgos de desplazamientos, fragmentación de la violencia y mayores niveles de enquistamiento del problema? Sí, y altos. Si estas intervenciones disuasivas y represivas se combinaran con otras acciones de política pública, ¿tendríamos resultados más robustos? El problema es que, más allá de la referencia discursiva, nada de eso se visualiza en un diseño concreto de política pública. El programa Más Barrio parece funcionar en otra sintonía y el proyecto de ley sobre regulación de armas y municiones tiene gusto a poco. ¿Y la política integral?, ¿y los encuadres interinstitucionales? Parece que todo el esfuerzo político está volcado en dilucidar quién finalmente conducirá los blindados militares.
Se podrá decir que estas intervenciones están inspiradas en el uso intensivo de la inteligencia criminal y en nuevas formas de disciplina operativa. Se argumentará que estos despliegues están previstos en el Plan Nacional de Seguridad Pública como acciones necesarias dado el contexto de gravedad de la violencia y el delito. Se insistirá en que los blindados militares son una herramienta más para incrementar el mensaje disuasivo y para proteger a los que nos protegen. Sin embargo, hay que mirar con atención las experiencias del pasado reciente. En 2011, tuvimos los llamados megaoperativos. Justificados en el diagnóstico de la «favelización» de ciertos barrios, hubo espectaculares operativos policiales (por aire y tierra) que acapararon la atención del momento, cuyo resultado fue algunas personas procesadas y drogas y armas incautadas. Al año siguiente, la tasa de homicidios tuvo un quiebre dramático (sobre todo en Montevideo), cuya tendencia se mantiene hasta hoy. Por su parte, el presupuesto nacional aprobado en 2015 ofreció ingentes recursos para financiar un Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), que le permitiría a la Policía intensificar su presencia preventiva, disuasiva y represiva en aquellos puntos de mayor concentración de delitos. El PADO tuvo algunos resultados a corto plazo, pero el delito se desplazó y los niveles de hostigamiento y violencia policiales sobre las poblaciones vulnerables no disminuyeron. Al poco tiempo, en el 2017, aparecieron los operativos Mirador, orientados a una respuesta conjunta entre la Policía y la Fiscalía para desarmar los grupos criminales territoriales que tanta desestabilización habían provocado en los barrios. Celebrados y aplaudidos por una opinión pública mayoritaria, esos operativos también contaron con la participación de varios organismos del Estado. El año 2018 terminó con el mayor número de homicidios que registren las estadísticas policiales.
No pretendo poner todo en la misma bolsa ni caer en el fatalismo, ni mucho menos atribuir causalidad directa a la hora de entender el aumento de los homicidios en el país. Más allá de cuestiones de eficacia o necesidad, lo que asemeja todos estos casos (incluso los que están en curso) son las lógicas sociopolíticas y las sensibilidades culturales en los que se apoyan. La secuencia es así: se define un problema (la violencia) siempre en clave de agravamiento, se desatan presiones a varias puntas para que las respuestas sean enfáticas en su despliegue material y en su alcance político –muchas veces aparece una figura (policía o civil) que encarna todo el proceso– y, finalmente, se desata una línea predominante de justificación. El eterno retorno no solo alude a las repeticiones operativas, sino, además, a las bases sociales de apoyo que permiten que todo eso ocurra como si fuera la primera vez. El peso de la promesa de la solución final nos absorbe por completo. Como ya no hay margen para pensar o discutir, solo nos queda la justificación o el engaño. Hay quienes esgrimen argumentos extremos –represión, invasión, eliminación, celebración de la muerte– y los que defienden la represión como algo necesario y neutro.
Todo parte del mismo diagnóstico: gravedad, sufrimiento cotidiano de las personas, poder creciente del «crimen organizado». Luego vienen las respuestas: vamos a usar todos los recursos del Estado, esto es un problema de acción, vamos a presionar y ahogar en microterritorios, vamos a tomar el control, vamos a poner en práctica una represión firme, clara y profesional, vamos a cumplir con la ley. La oferta y la demanda de represión operan como abstracciones, se canalizan en la ficción normativa de base liberal y dominan una buena parte del imaginario progresista. La represión se racionaliza y, por lo tanto, se tolera y se generaliza. Los pruritos ideológicos deben ser apartados y todas las fichas deben ser puestas en el principio de realidad de una auténtica gestión (que siempre tiene a la Policía como actor excluyente).
¿Qué se omite en esta línea de justificación? Que toda acción represiva es excedentaria, selectiva, arbitraria, autopropulsora y reguladora de un orden social. Los mayores escollos para una política alternativa en seguridad no son los discursos más punitivos, sino esos consensos sobre una represión legal que, por fin, pacificará los barrios. La ilusión represiva tiene varias caras y acepciones, y parece que el gobierno está sucumbiendo al hechizo.
No estoy minimizando la gravedad de las violencias territoriales o diciendo que hay que prescindir de la respuesta policial-penal. Lo que quiero decir es que los encuadres de las políticas de seguridad deben apelar a una priorización sistémica diferente. Las políticas de inclusión social, las estrategias de prevención de la violencia y el delito y las iniciativas de reinserción social tienen que conducir los relatos y las acciones y, en ese marco –exigente y riesgoso–, hay que ubicar las respuestas disuasivas y sancionatorias. Si no lo intentamos, el esfuerzo será poco sostenible y el horizonte autoritario que supuestamente queremos neutralizar se nos vendrá encima.
