Son las elecciones presidenciales más ajustadas de la historia reciente peruana. Un puñado de votos, y bastante menos de un punto porcentual (50,11 a 49,9) separan a ambos candidatos en poco menos de veinte millones de votantes. Los resultados, añadidos a los de hace cinco años, cuando Keiko Fujimori perdió en segunda vuelta ante Ollanta Humala por menos de tres puntos, indican que el fujimorismo está sólidamente asentado en la sociedad peruana, en particular en los sectores populares. Y que es más que probable que, tarde o temprano, la hija del dictador ocupe el sillón de Pizarro.
En las elecciones de 2011 el partido fujimorista Fuerza 2011 había obtenido en primera vuelta apenas 23 por ciento de los votos y 37 escaños, ocho puntos menos que el actual presidente. En estas elecciones logró, bajo el rótulo de Fuerza Popular, casi el 40 por ciento y 73 escaños de los 130 que componen el parlamento, ubicándose muy por encima de las demás fuerzas políticas. El izquierdista Frente Amplio, que llevó a Verónika Mendoza como candidata, se quedó con 20 diputados, y el partido de Kuczynski con 18. El crecimiento del fujorimorismo en el quinquenio lo muestra como una fuerza avasallante.
No le será fácil a Pedro Pablo Kuczynski (“PPK”, le dicen) gobernar frente a la holgada mayoría que tiene el fujimorismo. Salvo que, como buena parte de los analistas especulan, se registre una división en filas del partido hoy dirigido por la “China”. Algo de eso puede estar sucediendo si se pone la lupa sobre la actitud de Kenji Fujimori, hermano de Keiko, quien ostensiblemente no acudió a votar por su hermana en la segunda vuelta.
UNA SOCIEDAD PARTIDA. Kenji forma parte del sector duro del fujimorismo, alineado detrás del patriarca encarcelado. Según el analista Nelson Manrique, Fujimori padre mantiene tensas relaciones con su hija, al no compartir su estrategia electoral moderada, y envió una carta exigiendo la reincorporación de viejas e impresentables figuras del movimiento, punto que fue rechazado por Keiko, que se esfuerza por tomar distancias de la pesada herencia familiar.
“Ella tuvo que recurrir a una enérgica respuesta, alineando al comando de su partido, negándose a poner en la lista del parlamento a los escuderos de Alberto y dejando bastante en claro que la persistencia de Kenji en autoproclamarse candidato presidencial para 2021 podría terminar con su exclusión del movimiento”, destaca Manrique. (La República, martes 7).
Sin embargo, más allá de aciertos o errores, fue la propia historia del fujimorismo la que impidió que la hija pródiga se alzara con la victoria. Si la candidata pudo, mal que bien, despegarse mediáticamente de su padre, se vio envuelta en un escándalo mayor. El secretario general de su partido, Joaquín Ramírez, es investigado por lavado de dinero por las autoridades peruanas y por la Dea, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos.
La casa donde está instalado el cuartel general de su campaña electoral y hasta la camioneta que usa Keiko para sus desplazamientos son propiedad de Ramírez, uno de los principales financistas de la campaña. Todo indica que las acusaciones en su contra golpearon la candidatura de Keiko en la última semana previa a la segunda vuelta, en la que perdió la elección. Otro analista, Mirko Lauer, señala que “los graves destapes de los medios obligaron a Fujimori a pasar a la defensiva” (La República, martes 7).
Hubo dos fuerzas sociales que jugaron fuerte contra Keiko. Por un lado, el sur del país, que votó masivamente a la izquierda. En esa región (que abarca Cusco, Arequipa, Apurímac, Puno, Moquegua y Tacna) Kuczynski no superó el 10 por ciento de los votos en la primera vuelta, pero el Frente Amplio había tenido muy buena votación. La opción implícita de la mayoría del FA peruano a optar por Kuczynski para frenar a Fujimori hizo que el empresario con acento inglés superara allí el 70 por ciento el domingo último. La segunda razón es la votación en Lima, donde Kuczynski triunfó por estrecho margen. Keiko había ganado en la primera vuelta con gran amplitud y se esperaba que la capital fuera, una vez más, uno de sus bastiones. Sin embargo, la fuerte irrupción de los movimientos sociales y de la izquierda en la capital, con una enorme marcha de 100 mil personas bajo el lema “Keiko no va”, mostró que el antifujimorismo tiene capacidad de movilización y de influir en los resultados (véase recuadro).
Sin embargo, se trata de dos sectores sociales diferentes. Mientras el voto del sur es campesino, popular y de izquierda, gente que rechaza al fujimorismo y apoya al Frente Amplio, en Lima es un voto dividido masivo de las clases media y media-alta. Es un voto que desconfía del fujimorismo porque teme que una nueva gestión de esa tendencia desestabilice el país y abra las puertas a gobiernos más o menos radicales de izquierda.
FUTURO INMEDIATO. Una vez ratificada la victoria de Kuczynski, comenzará la danza de acuerdos y nombres para integrar el gabinete comandado por una fuerza política que no tiene mayoría parlamentaria y que es la segunda en votos pero la tercera en escaños. El nuevo presidente deberá formar necesariamente un gabinete pluripartidista, pero tendrá que elegir entre una alianza con el Frente Amplio o tentar acuerdos con el fujimorismo.
La intervención de Verónika Mendoza días antes de las elecciones llamando a votar por Kuczynski –a título personal, ya que el Frente Amplio decidió no pronunciarse–, con el argumento de cerrarle el paso al fujimorismo, tuvo un efecto indudable que puede inducir al presidente electo a otorgarle a esa fuerza algún ministerio. Otra cosa es que la izquierda acepte quemarse en un gobierno que será neoliberal e inestable.
En cualquier caso el futuro inmediato de Perú augura más de lo mismo. El quinquenio de Humala, que se presentó en sus inicios como un “cambio popular”, se caracterizó finalmente por manejar una política muy similar a la de gobiernos anteriores, por ejemplo alentando la expansión de la minería, lo que generó la resistencia de las comunidades andinas y amazónicas. La respuesta desde el Ejecutivo a esa resistencia fue la sistemática declaración del estado de excepción y la militarización de las regiones conflictivas, con un saldo de decenas de muertos, cientos de heridos y encarcelados. Sólo en la población de Celendín (Cajamarca) hay 300 juicios pendientes a pobladores que rechazan a la multinacional minera Newmont y su proyecto aurífero Conga.
Muchas comunidades consiguieron frenar los emprendimientos trasnacionales en una coyuntura en que ha bajado el ritmo de las inversiones mineras por la caída de los precios internacionales. El problema es que no se vislumbra ninguna alternativa a la minería y los hidrocarburos, ya que nadie propone modos de desarrollo no extractivos sino apenas aumentar o reducir las regalías.
El economista Humberto Campodónico enfatiza en los rasgos peculiares de su país: “En Perú el Consenso de Washington sigue vivo, a diferencia de otros países que han adoptado políticas distintas al neoliberalismo, o de Chile y Colombia, que han sido más pragmáticos. Kuczynski y Keiko Fujimori garantizan la continuidad de ese modelo económico. Tienen algunas diferencias, pero comparten la misma matriz económica neoliberal”.
Más aun, porque como señala la directora de Cooper Acción, Ana Leyva, el empresariado minero ha pasado a la ofensiva en contra de la regulación ambiental: “Desde 2013 los mineros hacen campaña contra la legislación ambiental porque sería un obstáculo para las inversiones”. El sector logró modificar algunos decretos y se cambiaron los estándares de calidad ambiental para el agua destinada al consumo humano y se simplificaron los trámites para conseguir licencias ambientales.
Mientras países dependientes de la exportación de commodities como Arabia Saudita y Argelia se proponen encender otras velas ante la caída de los precios internacionales, en Perú no parece haber más ideas que profundizar el modelo minero. A pesar de que incluso el Banco Mundial y el Bid recomiendan que la economía se oriente hacia una diversificación productiva, los dos candidatos no mostraron la menor inflexión en perpetuar las políticas económicas tradicionales, que sólo conciben al país como exportador de materias primas.
¿MÁS REPRESIÓN? Todo indica que se prepara un aumento de la represión. Mirtha Vázquez de Grufides, que acompaña la resistencia antiminera, destaca que hay una tendencia a considerar la protesta como acto criminal. “Antes el bloqueo de vías era un delito menor al que le correspondían seis años, pero ahora se considera extorsión y le corresponden 25 años de cárcel.” Vázquez explicó que cada vez se utilizan figuras penales más severas, como secuestro y asociación lícita para delinquir, para enfrentar las acciones de los movimientos sociales.
En la próxima gestión gubernamental, dijo a Brecha, es más que probable que haya un intento de “destrabar los megaproyectos”, mientras se propiciaría la “participación de las fuerzas armadas en el control del orden social, o sea militarizar los conflictos”. Se trataría de una suerte de “estado de emergencia permanente”, en el cual los derechos de los ciudadanos se verían recortados y sometidos a la fuerza pública.
Ante semejante panorama, un gobierno con apoyos parlamentarios raquíticos puede convertirse en rehén del fujimorismo, que cuenta desde siempre con excelentes relaciones con militares y policías, entre cuyas jerarquías muchas se identifican con el ex presidente. El continuismo económico está garantizado. La gran incógnita es si el tecnócrata Kuczynski profundizará la represión, abriendo espacios a una radicalización de izquierda, o buscará algún tipo de consenso que alivie la presión social.
La poeta Rocío Silva Santisteban lo dice sin remilgos: “Cualquiera de los dos candidatos podría dar órdenes de fuego a discreción para aquella gente que se resista al extractivismo bloqueando carreteras. Además, el actual presidente Humala deja listo todo un andamiaje de normativas que permiten, por un lado, la flexibilidad en el uso de la fuerza y el gatillo fácil con impunidad, y (por otro) la criminalización de la protesta, con esas normas de flagrancia y sentencias en dos días a ocho años, así como la persecución a los líderes ambientalistas a través de fiscales que convierten a los Frentes de Defensa locales en asociaciones ilícitas para delinquir” (La República, martes 7). Silva asegura que “tendremos muertos durante los próximos cinco años de protestas sociales, tendremos huérfanos y viudas”. Esa certeza, que parece compartir una parte de los peruanos, en particular los campesinos del sur, puede ser la explicación de la amplitud de los movimientos para frenar el retorno del fujimorismo, así como la actitud de la candidata del Frente Amplio. Con Fujimori retorna la oscuridad. Con Kuczynski hay, por lo menos, una mínima esperanza que debe ser regada con paciencia y firmeza. n
Todos contra la “China”
El movimiento #KeikoNoVa tuvo la virtud de convocar la mayor movilización desde la célebre Marcha de los Cuatro Suyos, en 2000, que contribuyó a enterrar el régimen autoritario de Fujimori padre. Algo similar sucedió en la semana anterior a la segunda vuelta. Un movimiento heterogéneo, juvenil, cargado de creatividad y sujeto de la denuncia de uno de los períodos más negros de la historia del país, cambió una vez más el destino que parecía hecho a la medida de la hija del autócrata.
#KeikoNoVa nació en las redes sociales y allí se viralizó. Fue la forma de denunciar el “narco-Estado” y la corrupción, de forma tan potente que la prensa conservadora debió darle cabida a la protesta.
Uno de los líderes del movimiento, Jayson Day, escribió en marzo pasado, previo a la primera vuelta de las elecciones: “La candidatura de Keiko ‘pasaba piola”, nadie se metía con ella, los medios rara vez la mencionaban, y ella se mantenía en su sólido porcentaje de votantes nostálgicos por los logros del padre (quienes por miopía selectiva ni por un segundo se detienen en los crímenes que éste cometió ni en el daño casi irreparable –hoy seguimos viendo las secuelas, tan vivas como entonces– que a la institucionalidad produjo). Y, de pronto, hoy, el antifujimorismo despertó con la misma intensidad con que lo hizo en la segunda vuelta de 2011: a Keiko el ataque de nervios se le adelantó” (La República, 19-III-16).
Es el otro Perú. El que debe recordarle a la sociedad que Alberto Fujimori ha sido condenado por delitos de lesa humanidad y que su hija se propone ponerlo en libertad, aunque formalmente haya negado esa eventualidad. En las marchas que se sucedieron en todo el país, los grupos defensores de los derechos humanos jugaron un papel en la recuperación de la memoria. Las feministas tuvieron una participación muy activa durante la campaña, recordando las esterilizaciones forzadas de indígenas practicadas durante el régimen de Fujimori. “Somos las hijas de las mujeres que no pudiste esterilizar”, rezaban las pancartas.
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