Un año y cuatro meses habían pasado desde que un presidente de España y uno de la Generalitat de Cataluña ofrecieran una foto juntos en el Palacio de La Moncloa. La escena se repitió al fin este martes 29 de junio, con Pedro Sánchez y el republicano e independentista Pere Aragonès como protagonistas. La pandemia del covid-19 y una convocatoria electoral en Cataluña celebrada el 14 de febrero habían dilatado hasta ahora la ocasión y, por ende, la posibilidad de iniciar la prometida mesa de diálogo entre ambos gobiernos.
La fotografía de Sánchez y Aragonès juntos no solo escenificó un reencuentro, sino que también sugiere el comienzo de un tiempo de deshielo en la crisis que siguió a la declaración unilateral de independencia por el gobierno autonómico catalán en 2017. A esa imagen de acercamiento se suman otras dos que han tenido lugar estos últimos meses. Una, el cambio en la presidencia del gobierno de Cataluña: de Quim Torra, de Junts per Catalunya, a Aragonès, de Esquerra Republicana, el partido independentista que ha liderado la estrategia de diálogo bilateral con Madrid. Otra, la salida de la cárcel de los nueve presos políticos independentistas tras la aprobación el 25 de junio de indultos parciales por el gobierno español.
PERDÓN A MEDIAS
«Ahora es el momento de la política, de pasar página», decía Pedro Sánchez en una comparecencia institucional el día de la liberación del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exministros de ese gobierno regional Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn y Josep Rull, el exportavoz de la presidencia catalana Jordi Turull, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la organización Asamblea Nacional de Cataluña Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
La medida, aprobada por motivos de «utilidad pública», implica que se perdona de facto el resto de la condena carcelaria que les quedaba por cumplir a los afectados, presos desde 2017. Pero estos indultos son parciales y condicionales. Eso significa que se mantienen los años de inhabilitación: ninguno de los nueve puede participar en política institucional y el perdón es bajo la condición de que «no cometan ningún delito» en los próximos años.
«El debate público sobre la aprobación de estos indultos no era un terreno fácil para el PSOE [Partido Socialista Obrero Español]», reflexiona el politólogo Lluís Orriols, vicedecano del grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Por una parte, no todo el electorado socialista está de acuerdo con la medida y, por otra, se trata de un terreno por fuera de la lógica izquierda/derecha que resulta más cómoda al partido.
Sin embargo, «esta vez el clima de opinión era más favorable a los indultos» que en los últimos años y la oposición, en particular el Partido Popular (PP), «no ha sido capaz de surfear bien esta situación», dice Orriols a Brecha. «Declaraciones favorables de las patronales o de la misma Iglesia han hecho que una situación que podría haber sido muy adversa para el PSOE haya implicado un impacto mucho menor», añade el politólogo. Cree que la presencia de Vox y su discurso de ultranacionalismo español complica aún más las cosas al PP, dado que los populares deben confrontarse ya no solo con los socialistas, sino que ahora «tienen un competidor importante dentro de la misma derecha, lo que los lleva a adoptar actitudes mucho más reacias a los pactos».
En su mayoría, la opinión pública catalana, y en especial el independentismo, ha celebrado la medida, que es leída como un paso para desinflamar el conflicto. Aun así, esta no siempre ha sido la posición mayoritaria. En su momento, el independentismo no veía los indultos como una solución recomendable, y su objetivo, recuerda el periodista político radicado en Barcelona Aleix Moldes, era lograr una amnistía. No obstante, «la aprobación de los indultos genera una fisura en el relato de blanco o negro en relación con el Estado, por lo que la Generalitat ha querido reconvertirlos en una ficha ganadora», añade el periodista en diálogo con este semanario.
Por su parte, Esquerra Republicana, el principal partido del gobierno catalán actual, también ha dado pasos para disminuir la confrontación y se ha alejado de la vía unilateral. Para Moldes, Esquerra está enfocada en presentar lo ocurrido de 2017 «como la aprobación de algo que no estaba suficientemente preparado». En cambio, el otro partido que conforma el gobierno catalán, Junts per Catalunya, mantiene una estrategia de confrontación con Madrid y es el que más tiene para perder en el actual proceso de diálogo, sostiene el entrevistado.
Mientras tanto, y a pesar de los indultos puntuales a los nueve dirigentes, en Cataluña aún hay unas 3.300 personas que enfrentan procesos judiciales derivados de su detención durante protestas pacíficas contra la represión policial y la política del gobierno español. Además, varios dirigentes y militantes independentistas permanecen exiliados ante la amenaza de ir a prisión si vuelven al país.
EUROPA, JUECES Y POLÍTICOS
Que la Justicia mantenga un papel relevante en un conflicto en esencia político interesa a la derecha y la extrema derecha españolas. Vox, Ciudadanos y el PP han presentado recursos contra los indultos ante el Tribunal Supremo, con la intención de que los políticos catalanes beneficiados vuelvan a la cárcel.
Sin embargo, desde la academia se entiende que esa es una batalla perdida. «En principio, estos recursos no deberían ni siquiera ser admitidos a trámite», señala a Brecha el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo. El catedrático recuerda que la sentencia contra los independentistas es firme y que los indultos aprobados ahora no la cuestionan, sino que «son de naturaleza política, por razones de convivencia, utilidad pública y para hacer posible el diálogo».
Mientras tanto, la semana pasada el periódico El Mundo trasladaba la preocupación que existe dentro del Tribunal Supremo frente a la posibilidad cierta de que la Justicia europea tumbe la propia sentencia contra el procés con la que se condenó a los líderes independentistas. Citando fuentes dentro del máximo tribunal español, el matutino titulaba: «Nuestra sentencia está muerta en Estrasburgo; la batalla de Europa está perdida», en referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en esa ciudad francesa, que tiene a estudio varios recursos presentados por los afectados.
Royo, por su parte, no duda que tarde o temprano la condena a los independentistas será anulada «por vulneración a los derechos humanos». Por ello, piensa que la aprobación de los indultos «no solo favorece a las personas puestas en libertad, sino que es un balón de oxígeno para el propio Tribunal Supremo y para el Tribunal Constitucional españoles». «No es lo mismo que te den una bofetada cuando el tema está fresco a que te la den dentro de dos o tres años», con los efectos de la sentencia ya diluidos en el plano político, comenta el experto en derecho constitucional.
SETIEMBRE
Este es el mes elegido para que ambas partes retomen la mesa de diálogo constituida con el fin de intentar solucionar el conflicto. La agenda de los independentistas tiene dos puntos incondicionales: referéndum de autodeterminación y amnistía. Dos líneas rojas para el gobierno español, que, por ahora, no ha planteado nada concreto. Paralelamente, se reunirá una comisión bilateral que se dedicará a negociar temas fuera del eje nacional: infraestructuras, inversiones, lengua… «Las relaciones entre gobiernos ya no son quebradizas y esto propicia negociar otras cosas», apunta Moldes.
El director de la Escola de Cultura de Pau y titular de la Cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas, anticipa que el diálogo «no será fácil porque existe una incompatibilidad inicial». Fisas, experto en procesos de paz y mediación internacional, ha vivido varias instancias similares a la que se dará en setiembre y afirma que nunca salen bien cuando las partes se plantan en función de una lógica de «suma cero». Para él, otro elemento que puede complicar las cosas es el hecho de que la delegación catalana está formada por dos partidos con estrategias distintas.
«Las negociaciones necesitan tiempo», recuerda. En este sentido, 2023 es un año marcado en rojo en el calendario político español, ya que entonces habrá nuevas elecciones generales. Para Fisas, esto juega en contra de una solución del conflicto catalán, porque dejar decisiones importantes para el final puede suponerle al oficialismo un riesgo mayor en las urnas.
